A principios de esta semana, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, presentó las 215 propuestas que constituyen el programa de la formación para las elecciones autonómicas del próximo 24 de mayo. El documento precisa sus principales medidas programáticas, a la vez que deja definitivamente al descubierto la profunda moderación que operó en Podemos desde el programa presentado para las elecciones Europeas.
La esperada publicación del documentovino a exorcizar el clima de crisis y parálisis que recorrió a Podemos en las últimas dos semanas, tras haberse hecho públicas las diferencias en la en la cúpula del partido entre Pablo Iglesias, su número dos, Iñigo Errejón, y su número tres, Juan Carlos Monedero, que dimitió a todos sus cargos en el partido hace una semana.
La crisis, como es público, se asienta en la notoria caída de Podemos en las encuestas de intención de voto. La presentación del Programa como si nada hubiese pasado, actúa una salida hacia adelante, aunque no muestra ningún cambio sustantivo en relación al discurso político de Podemos en los últimos meses, en los que a cuentagotas sus portavoces fueron moderando crecientemente sus ideas.
La supuesta “vuelta a los orígenes de PODEMOS y el 15M”, como lo expresó Pablo Iglesias hace poco en un polémico artículo, no ha supuesto la recuperación de medidas reflejadas en el de por sí limitado programa de las elecciones europeas, ni mucho menos en el manifiesto “Mover Ficha” con el que nace Podemos, superado “hacia el centro” hace ya mucho tiempo.
Entre estas medidas se destacan la suspensión de la deuda o la implantación de la renta básica universal. En este último caso, por ejemplo, se plantea aumentar la renta mínima para aproximarla al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), “de forma gradual y en virtud de las posibilidades”. En cuanto a la deuda, el texto propone su «evaluación» en la administración pública así como de las “empresas con participación pública en capital, consorcios e institutos públicos” y plantea impulsar su “renegociación con el Estado”. Una definición que ya no sólo abandona la idea del no pago, desaparecida del programa y el discurso de Podemos a poco de echar a andar, sino incluso de la ya moderada idea de una «reestructuración» que proponían en las europeas.
Podemos tampoco se propone terminar con el financiamiento a la educación concertada, una de las principales reivindicaciones de la marea verde, que también formaba parte del programa de las europeas.
En cuanto a los servicios privatizados, Podemos expresa su intención de “recuperar las competencias que se hubieran privatizado o externalizado”, pero no defiende abiertamente la remunicipalización de todas las áreas de los servicios públicos entregadas al capital privado, una demanda muy sentida entre los trabajadores y los vecinos de las grandes ciudades.
Con relación a los desahucios, el programa hace una vaga definición a favor de “paralizar los desahucios que afecten a los deudores de buena fe”, dejando en los hechos este drama social en manos de la interpretaciones de los jueces sobre que sería o no la “buena fe”, sin plantear la paralización completa de los desahucios, sin cortapisas.
Al mismo tiempo, para combatir la especulación inmobiliaria, la propuesta de sancionar a las personas que tengan más de diez casas (¡lo que las transforma casi en inmobiliarias!) y no las quieran alquilar, dista mucho de ser una medida radical para garantizar el derecho a la vivienda de cientos de miles que no tienen acceso a una vivienda digna.
Pero hay otros temas centrales a los que el programa de Podemos no da respuesta. Por ejemplo, en su apartado sobre empleo, no se nombran una sola vez los “despidos”… y eso en un país en el que hay 6 millones de personas paradas. Ni siquiera se defiende una medida tan justa como elemental como es reincorporar a sus puestos de trabajo a todos los trabajadores y trabajadoras de la administración pública, la sanidad y la educación que fueron despedidos por las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno.
Al respecto, el programa propone “una reducción drástica de los altos cargos en las comunidades autónomas” y que “el ahorro que produzca esta reducción de altos cargos se destinará a la recontratación de los trabajadores de la sanidad y de la educación que han sido despedidos desde el año 2008.” Pero esto no representa una salida que es hoy resulta urgente para las decenas de miles de trabajadores y trabajadoras que han perdido sus empleos.
El enfoque económico del programa de Podemos no va más allá de un tibio neokeynesianismo, de tintes socialdemócratas, aggiornado a las demandas de reactivación de distintos sectores capitalistas que se han beneficiado ampliamente con la crisis. En otro de los pasajes del programa, Podemos sostiene que “la reactivación de la economía necesita detener la caída de los salarios y que estos avancen en consonancia con la productividad del trabajo, de manera que la participación de la masa salarial en la renta autonómica se estabilice, primero, y recupere lo perdido en los años de crisis, después.” Pero la productividad es lo que viene creciendo sin parar, en forma directamente proporcional con el aumento de la explotación, la intensidad del trabajo, la polivalencia, la perdida de salario y de derechos. Lo que hace falta entonces es plantear verdaderas medidas de rescate, como la prohibición de los despidos por dos años, terminar con la precariedad laboral mediante el pase a planta fija de todos los contratados y tercerizados, así como el aumento salarial al nivel del costo de la vida, actualizado según la inflación.
Esto por no hablar de medidas verdaderamente radicales, como sería impulsar un plan de obras y servicios públicos que termine con el paro y el subempleo, otorgando trabajo genuino a todas y todos los parados de las ciudades y el campo. Un plan que de desarrollarse debería establecer el control obrero de las obras públicas, servicios e inspecciones municipales, con el asesoramiento de técnicos y profesionales idóneos.
Pero estas medidas se hayan lejos de la lógica gradualista que impregna el conjunto del programa de Podemos, en el que casi no hay ninguna medida de “shock” que pudiera tener un impacto inmediato en la vida de millones.
Por ejemplo, también en el apartado sobre empleo, propone “desarrollar un plan gradual para la implementación de la jornada laboral de 35 horas con el fin de repartir el empleo.” Esta perspectiva ya se ha establecido en Francia generando a las patronales -al menos en los primeros años-, extraordinarias ganancias de productividad horaria adquiridas por la intensificación del trabajo. Podemos plantea sin mayor detalle este modelo sin siquiera especificar que de establecerse debería ser sin reducción salarial ni aumento de la intensidad del trabajo.
Este aspecto tiene estrecha relación con la situación de la juventud trabajadora, un sujeto ausente en el programa. Podemos se propone “recuperar a nuestros jóvenes más formados para que creen riqueza en nuestro país”, lo cual está bien, pero qué sucede con las decenas de miles de jóvenes desempleados, precarios, los que han debido abandonar sus estudios. Para ellas y ellos es necesario un programa concreto que les dé una salida: establecer una jornada reducida de trabajo, con plenos derechos laborales, para todas y todos los jóvenes que quieran terminar sus estudios y no tengan cómo sustentarse.
Y dicho sea de paso, otro aspecto completamente ausente en el programa es la “represión”, palabra que curiosamente, en tiempos de “leyes mordaza”, no se nombra ni una sola vez. Terminar con la criminalización de la protesta social, con la persecución de los trabajadores y la juventud en las calles y espacios públicos. Esa sencilla consigna merecería estar en cualquier programa que se proponga, no digamos revolucionario, sino mínimamente democrático.
En otro orden, entre sus medidas democratizadoras, Podemos propone que todos los cargos electos autonómicos, así como los de libre designación, realicen declaraciones anuales de bienes mientras ejerzan, así como de gastos mensuales (incluidos los “gastos reservados”, que no son eliminados). También promueve una “Ley de prohibición de las «puertas giratorias» y de regulación de lobbies (grupos de presión)”. Pero para terminar realmente con los regímenes autonómicos y municipales de negociados, corrupción y segregación social, es necesario imponer una medida mucho más elemental que Podemos no plantea: que todos los cargos electos y designados cobren un salario igual que una profesora o un trabajador cualificado.
Este aspecto central se relaciona a su vez con la serie de mecanismos de participación popular que propone el programa (iniciativas legislativas, Consejos Ciudadanos, etc.). El problema es que ninguna de estas instituciones tendrá poder decisorio. Si el objetivo es lograr una democracia más generosa, esta no puede entonces estar constreñida por los estrechos márgenes de las actuales instituciones. Antes bien, sería necesario impulsar la elección a lo largo y ancho del Estado de Asambleas Comunales Soberanas, conformadas por un representante cada mil electores, elegidos por voto directo y con mandato revocable, que tengan plenos poderes. Es decir, que puedan discutir y resolver sobre el 100 % del presupuesto; sobre cómo lograr una planificación racional del desarrollo urbano al servicio de los intereses del pueblo trabajador; que establezcan cual debe ser la escala de tasas y servicios progresiva para que paguen más los casinos, los bancos, las entidades financieras, las grandes empresas y los especuladores inmobiliarios; que pueda decretar la apertura de los libros de contabilidad y revisión de todos los contratos y licencias otorgadas por los ayuntamientos y gobiernos autonómicos. Sólo así puede lograrse que las resoluciones sobre la vida de millones no queden en manos de los turbios mecanismos de la casta política de los ayuntamientos y gobiernos autonómicos.
Un sector de la derecha mediática, así como el Gobierno, no ha tardado en reaccionar ante las medidas propuestas alertando de su radicalidad y pronosticando los peores males para el país en caso de verse aplicadas. El propio ministro De Guindos insinuó la posibilidad de un rescate en caso de que formaciones como Podemos llegaran a formar gobierno, olvidando que fue bajo su gestión que el Estado Español tuvo que solicitar un rescate bancario en el 2012.
Aunque la realidad es que el conjunto de medidas propuestas por Podemos no van más allá de un conjunto de reformas en los marcos del capitalismo y las actuales instituciones de la decadente democracia española. Podemos se va transformando así en una opción política asimilable y digerible para los capitalistas.
Pero el principal límite del programa de Podemos no es sólo su moderación, sino que las medidas que defiende –algunas de las cuales, a pesar de su tibieza, encontraran la resistencia de los poderes reales del capitalismo español- se propone conquistarlas pacíficamente a través del entramado institucional de esta democracia para ricos.
Los capitalistas y su casta de políticos a sueldo consideran su derecho sagrado que las cosas sigan como están y que los privilegiados sigan manteniendo sus privilegios; mientras los trabajadores, la juventud, los sectores populares, defendemos contra ellos nuestro derecho a la vida, la salud, el trabajo, la educación. Y como dijo Marx, “entre derechos iguales decide la fuerza.”
En definitiva, el límite fundamental no ya del programa, sino de la estrategia de Podemos, es que carece -y ni siquiera se propone desarrollar- de las fuerzas sociales y materiales que permitan cambiar la relación de fuerzas e imponer una salida para las mayorías sociales, en detrimento de los privilegiados y sus privilegios. Porque aunque Pablo Iglesias y los líderes de Podemos no lo crean, la lucha de clases sigue siendo el motor de la historia.