Telefónica es hoy la compañía de telecomunicaciones más importante de Europa y la quinta del mundo, pero las condiciones de sus trabajadores marcan records de precariedad laboral. En este artículo desnudamos la oscura historia de una multinacional imperialista forjada a base de explotación y corrupción política.
Desde el 7 de abril, los técnicos subcontratados y falsos autónomos de Telefónica-Movistar iniciaron una huelga indefinida en todo el Estado español, rebelándose contra las condiciones de esclavitud laboral a las que están sometidos.
A pesar del bloqueo mediático y la traición de los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT), los trabajadores y trabajadoras han puesto al descubierto el secreto de la primera empresa del IBEX-35: sobreexplotación, precariedad y corrupción política.
En el Estado español, la política laboral de Telefónica ha consistido en los últimos 20 años en aplicar una doble estrategia. Por una parte, reducción de plantilla (ERE tras ERE) con la complicidad de los sindicatos burocratizados y la solidaridad de sus políticos a sueldo del PP y el PSOE en el Gobierno y el parlamento; por otra, la subcontratación elevada de manera exponencial para trasladar los costes a empresas y autónomos ficticios e imponer condiciones brutales de precariedad y flexibilización laboral.
Pero esta política no es una novedad. Ya fue ensayada anteriormente “con éxito” por la empresa en América Latina. Repasamos aquí la historia de Telefónica y cómo se transformó en la “gran multinacional española” en base a la explotación y precarización de sus trabajadores en 20 países de América y Europa.
Telefónica, la historia abreviada
Telefónica fue creada el 19 de abril de 1924 durante el gobierno dictatorial de Primo de Rivera en régimen de monopolio como filial de la empresa norteamericana ITT. Su primera denominación fue “Compañía Telefónica Nacional de España” (CTNE). Durante la Guerra Civil Española dio servicio a ambos bandos en contienda, siendo adquiridas posteriormente el 79,6% de las acciones de la sociedad por el Estado español en el año 1945, pasando a ser una empresa nacionalizada.
El control de una actividad estratégica como las telecomunicaciones fue un objetivo del franquismo, que se hizo con el control de la empresa ante la incertidumbre de lo que pudiera pasar ante la derrota de las fuerzas del Eje en la Segunda Guerra Mundial, con las cuales el régimen franquista compartía afinidades ideológicas y tuvo importantes gestos de alineamiento como enviar la División Azul a combatir con la infantería alemana en la campaña contra la Unión Soviética.
Entrada la década de los ’60 y ya fracturado el régimen económico de autarquía -con la entrada de capital americano y la creación de sus bases en territorio español-, comienza un proceso de importante desarrollo económico gracias al inicio del impulso intensivo de la actividad turística y la captación de las remesas monetarias de los millones de emigrantes que huyeron de la miseria política, económica y social del franquismo.
Este proceso impulsó multitud de empresas españolas que se comenzaron a modernizar bajo parámetros del capitalismo avanzado. Así Telefónica emitió en 1967 millones de acciones que adquirieron millones de españoles pasando a tratarse de una compañía estatal pero con la participación de pequeños accionistas.
Esta capitalización intensiva, el régimen de monopolio, la entrada del capital americano acompañada de su tecnología y el crecimiento del mercado interior, posibilitó que Telefónica diera un salto en su estrategia empresarial que le abriría la posibilidad en los años ‘90 de adquirir el rango de empresa multinacional al iniciar un proceso expansivo de instalación en mercados externos, fundamentalmente en Latinoamérica, mediante la adquisición de empresas de telecomunicaciones.
Curiosamente, cuando se inicia ese proceso, va a comenzar paralelamente el que culmina en su privatización, junto a otras empresas de este tipo que eran consideradas las «joyas de la corona» de las empresas propiedad del Estado, muchas de ellas provenientes del Instituto Nacional de Industria (INI) que era el holding de empresas estatales que se creó durante el régimen franquista, muy eficaces y rentables, gracias sobre todo a su gestión estatalizada.
Fue el inicio de un proceso “desamortizador”, de liquidación de las grandes empresas públicas españolas, con un supuesto ánimo recaudador de cara a reducir el déficit público existente. Pero en el fondo, este proceso supuso una mayor extracción de renta de los trabajadores en favor de los grandes capitalistas, el avance de las políticas de precarización laboral y la consolidación de una nueva aristocracia económica con lazos de sangre con el poder, sustentada en corruptelas de todo tipo.
Telefónica de España llegó a alcanzar en 1996 una plantilla de 80.000 trabajadores directos. Hoy, tiene en torno a 20.000 empleados, un 25% de la plantilla originaria, mientras que sus ganancias se han incrementado de forma estratosférica con respecto a aquellos años.
Actualmente, con diversas marcas comerciales según áreas geográficas (Movistar para España y Latinoamérica, VIVO para Brasil y O2 para Reino Unido y Alemania), Telefónica está presente en más de 20 países y según datos de junio de 2014, da servicio a 315,7 millones de usuarios. Entre su accionariado actual destaca la presencia de BBVA (6,28%), la Caixa (5,05%) y el Banco Santander (2,14%), el resto es capital extranjero, pero mucho menor. Es la compañía de telecomunicaciones más importante de Europa y la quinta del mundo.
Privatizaciones, precariedad laboral y “capitalismo de amiguetes”
Durante los últimos veinte años el capitalismo español ha experimentado un gran crecimiento de la inversión extranjera directa (IED). Mientras en 1980 se invertía en el exterior un 0,9% del PIB, en 1999 se alcanzó el guarismo del 17% del PIB. Crecimiento que atestigua un salto cualitativo y cuantitativo de la economía española, que arrancó básicamente en los años ‘90.
Desde 1997, el Estado español ejecuta más IED del que recibe. La emergencia de empresas multinacionales españolas es el rasgo más destacado de su economía en los últimos años. Un desarrollo que fue de la mano de un intenso proceso de privatizaciones por el cual el Estado español renunció a tener una presencia siquiera testimonial en algunas de las grandes empresas estatales, surgidas en su gran mayoría de los antiguos monopolios públicos en sectores estratégicos como el gas, la electricidad o las telecomunicaciones.
Aunque el momento clave de las privatizaciones tuvo lugar durante la presidencia del conservador de José María Aznar (1997-2004), estas comenzaron antes durante los gobiernos del socialista Felipe González (1982-1996).
Durante los gobiernos del PSOE, se realizaron cerca de ochenta operaciones de privatización a lo largo de todo el proceso que supusieron unos ingresos para el Estado de unos 13.200 millones de euros. Entre las más importantes, se privatizaron totalmente empresas como: Seat, Enasa, Marsans, Trasatlántica; y parcialmente: Endesa, Repsol, y Argentaria.
En cuanto a Telefónica, progresivamente el Estado se fue desprendiendo de las acciones de compañía, conservando hasta 1996 el 20,9% del capital accionario.
Una de las últimas acciones de Felipe González, fue la concesión de Sintel a precio de remate a la familia mafiosa de Mas Canosa. Sistemas de Instalaciones de Telecomunicaciones, S.A., conocida como Sintel, fue una subsidiaria de Telefónica especializada en el montaje de sistemas de telefonía, fundada en 1975, que llegó a tener una plantilla de cerca de 4 000 trabajadores, con filiales que se extendían por España, América Latina, norte de África y Sudáfrica. La empresa entró en crisis posteriormente por la gestión desastrosa de los dueños y directivos, que impuso el despido de 900 trabajadores y dio lugar a una heroica lucha que ocupó durante 187 días del madrileño Paseo de la Castellana, una de las principales vías de la ciudad, con el llamado “Campamento de la Esperanza”. La lucha terminó con la traición por parte de CCOO, tras una negociación presidida por el gobierno de Aznar, a instancias de una resolución presentada por Izquierda Unida y aprobada unánimemente por el Parlamento.
El documental El efecto Iguazú, dirigido por Pere Joan Ventura y con música de Manu Chao, describe la experiencia de la lucha de los trabajadores. Fue galardonado con un premio Goya en 2003.
Pero el proceso más agudo de privatización y avance de la precariedad laboral en las antiguas empresas del Estado sobrevino con el gobierno de Aznar a partir de 1997.
La ampliación de la educación universitaria y la formación profesional en los años anteriores facilitó el ingreso al mercado laboral de un nuevo sujeto, jóvenes con capacitación profesional que ingresarían a trabajar con “nuevas condiciones” asentadas en las reformas laborales como mano de obra cualificada pero barata.
En 1999, Aznar privatizaría la totalidad de Telefónica sin pasar por el Congreso, aunque reservándose el Estado la llamada “acción de oro”. En la presidencia de la empresa impuso a un “amiguete” suyo de la infancia, Juan Villalonga.
Se consolidaba así lo que se llamó el “capitalismo de amiguetes”, la cristalización de una élite económica -las multinacionales españolas- con estrechos vínculos de corrupción con el poder político y enorme capacidad de influencia sobre los gobiernos de turno.
Un proceso que también se gestó durante los gobiernos de Felipe González, como demuestra el escandaloso proceso de expropiación y posterior reprivatización por partes del holding de empresas Rumasa, en el que se produjeron todo tipo de irregularidades, incluyendo las llamadas “puertas giratorias” de políticos que dejaban sus funciones públicas con la garantía de ocupar sillones en los órganos directivos de diversas empresas.
Entre 1997 y 2004, el gobierno del Partido Popular terminó de deshacerse de lo que quedaba de las empresas estatales, muchas de ellas de gran tamaño y con enorme cuota de mercado. Entre otras se privatizaron: Endesa, Tabacalera, Repsol, Telefónica, Argentaria, Gas Natural. Hizo un total de 50 privatizaciones de empresas por un valor de 25.000 millones, 2,5 % PIB de entonces.
Todo el proceso, desde el año 1985 hasta la actualidad, supuso unos extraordinarios ingresos para el Estado, privatizándose en total más de 120 compañías. Según el Consejo de Privatizaciones, desde 1996 se generaron ingresos por 50.126 millones en euros actuales.
El gobierno del socialista Rodríguez Zapatero realizó algunas privatizaciones aunque de menor volumen y peso (Clinisias, Inisias, Red Eléctrica, Aldeasa), mientras que el gobierno de Mariano Rajoy (PP) pretende seguir la estela privatizadora (49% de Aena, Renfe, Paradores), un proceso sólo ralentizado por la crisis económica que hizo que aumentaran las dificultades por las bajos ingresos que se podrían lograr.
Las privatizaciones se justificaron en su día como manera de reducir el déficit público. Sin embargo, posteriormente, no se dudó en gastar mucho más y endeudar más al Estado con tal de salvar la banca privada, lo que demuestra la falacia de estos argumentos. Por nombrar sólo el caso más obsceno, el rescate de Bankia le ha costado al Estado español 23.465 millones de euros y el conjunto del sistema financiero español durante la crisis ha recibido en ayudas públicas, entre subvenciones directas, avales, créditos fiscales y otras ayudas, unos 200.000 millones de euros (casi un 20% del PIB actual).
De lo que se trataba era de entregar las empresas estatales a los capitalistas «amiguetes» -sin olvidar que debían pasar por caja-, a la vez que se intensificaba la extracción de la renta de los trabajadores y las clases populares hacia los capitalistas mediante la liberalización del mercado
Todas estas privatizaciones con pingües beneficios para los grandes capitalistas; con el cobro de comisiones para los políticos que las hicieron posible; con la consecución de altos cargos en esas empresas y con remuneraciones escandalosas para sus familiares y/o amigos (el actual Presidente de Telefónica, señor Alierta, cobra 100 veces más que el salario promedio de los empleados de la compañía), se ha hecho costa de los trabajadores y las clases populares, verdaderos propietarios de estas compañías puesto que fueron costeadas por todos los asalariados, los grandes ricachones ni siquiera pagaron ni pagan impuestos y no contribuyeron con nada a una riqueza que posteriormente, se apropiaron absolutamente.
Pero sobre todo, con el torbellino privatizador se fundaba un nuevo esquema global de “relaciones laborales” imponiendo con condiciones de precariedad, flexibilización y polivalencia, base para el incremento exorbitante de las ganancias capitalistas, para el cual contaron con la inestimable colaboración de las burocracias sindicales.
Una política sistemática de sobreexplotación de los trabajadores, mediante la reducción de sus plantillas de los que conservaban mayores derechos laborales para sustituirlos por trabajadores precarios, terciarizados, subcontrata tras subcontrata, en una cadena infernal de explotación salvaje.
Para imponer este esquema, Telefónica tuvo en América Latina un verdadero laboratorio de explotación laboral durante la década de los ‘90, que luego trasladó y perfeccionó en el Estado español.