En la recta final de la campaña electoral catalana los partidos del Régimen del 78 continúan la ofensiva españolista contra el 27S y una posible victoria de las listas independentistas. Elevan el tono, pero también dan muestras de su desesperación por la falta de efecto de sus amenazas.
El PP ha apostado con fuerza a la internacionalización de la ofensiva. Después de conseguir el apoyo a la “unidad” territorial del Estado español de Merkel, Cameron y el mismo Obama -este último por intermediación de Felipe VI- viene concentrando sus esfuerzos desde finales de la semana pasada en que cunda el pánico de una “catal-exit” del euro y la misma UE.
El jueves anterior el portavoz de la Comisión Europea salía en rueda de prensa con unas declaraciones en las que aseguraban que un territorio que se independizase de un Estado miembro sería considerado un “tercero” y debería solicitar de nuevo la entrada al “club”. Toda una ayuda al gobierno del PP y el Régimen, sólo una semana antes del debate televisivo que tuvo lugar este pasado miércoles entre el líder de ERC y número cinco de Junts pel Sí, Oriol Junqueras, y el Ministro de Exteriores García Margallo.
Durante estos días la mayor parte de la prensa española ha hecho su particular versión de la campaña de terror que hace unos meses sufrieron los griegos antes del referéndum de julio. Si hay independencia, Catalunya saldrá del euro. Si hay independencia, no se podrán sostener las pensiones. Si hay independencia, los grandes bancos y empresas abandonaran el país, habrá corralito, aumentará el paro…
Pero esta ofensiva “descuidó” el hecho de que a veces la mejor ayuda al bloque soberanista la presta el mismo PP. Ahí estaba Mariano Rajoy para tirar por tierra gran parte de todos los esfuerzos en apenas unos segundos. En una entrevista en Onda Cero aseguró, tirando de argumentario oficial, que con la independencia los catalanes perderían su nacionalidad española y la ciudadanía europea. El periodista le recordó que la misma Constitución del 78 prohíbe retirar la ciudadanía a quien ya la tiene, y que al tenerla automáticamente se gozan de todos los derechos de un ciudadano europeo. Es decir, los ciudadanos de una Catalunya independiente mantendrían una doble nacionalidad a no ser que renunciarán expresamente a la española. La cara de “me han pillado” de Rajoy no tiene precio, y ha sido motivo de mofa durante estas últimas jornadas de campaña.
La otra “pifiada” ha sido de mayor calado, sobre todo porque demuestra cómo el gobierno español está maniobrando y pidiendo declaraciones internacionales “a la carta” que avalen sus amenazas. El eurodiputado del PP, Santiago Fisas, formuló una pregunta al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, sobre el futuro de una Catalunya independiente. La respuesta de Juncker ha contado con dos versiones: una en inglés, en las que se ratifica lo dicho una semana antes por el portavoz de la Comisión Europea, y otra en castellano en la que se le añade la frase «la determinación del territorio de un Estado miembro está únicamente establecida por el Derecho constitucional».
El PP, y el mismo Margallo en el debate con Junqueras, se han agarrado a esta frase para “negar la mayor”: no habrá independencia de Catalunya si no lo reconocen las instituciones y la Constitución del Estado español. El único problema es que Juncker ha salido a desmentirla aclarando que no va a dar opiniones sobre cuestiones de “organización interna” de un Estado. Este “fallo” ha llevado a la misma Comisión a abrir una investigación para determinar de dónde salió la versión “castellana” de la respuesta.
El gobierno de Rajoy encabeza las “pifiadas” de la semana en esta campaña. Pero el PSOE no ha querido tampoco quedarse atrás. Para ello ha tirado otra vez de reserva. Si el aporte más reaccionario vino al comienzo de la campaña de parte de la carta de Felipe González “a los catalanes” en las que comparaba el proceso catalán con el ascenso del fascismo italiano y alemán, ahora él mismo ha querido hacer su “cierre” queriendo equiparar el derecho de autodeterminación con Stalin y su régimen.
Una nueva falsificación histórica que intenta matar dos pájaros de un tiro. Por un lado intenta asociar la lucha por este derecho democrático al estalinismo, y de paso se encarga de ocultar y emborronar que fue justamente la revolución rusa de 1917 la que acabó con la autocracia zarista y la opresión nacional de decenas de pueblos y naciones, y que precisamente la reacción estalinista fue la responsable de, entre otras regresiones, del retorno del nacionalismo panruso contra ellas y más tarde contra los países del llamado glacis.
Las “pifiadas” del PP o los exabruptos del ex-presidente de la etapa GAL, ahora devenido en millonario retirado, no están ayudando a que la campaña del “miedo” se imponga. La voluntad que millones de catalanes vienen expresando desde 2012 de conquistar el derecho a decidir tendrá una expresión contundente en las urnas el próximo domingo. Lo hará en forma de una victoria de la lista de Junts pel Sí, un fuerte incremento de la CUP y con más contradicciones en un buen resultado de Catalunya Sí que es Pot, que a pesar de estar cada vez más alineada con la vía de reforma de la Constitución mantienen en su discurso la defensa de ese derecho.
El problema es que las amenazas que se formulan -aunque la torpeza de Rajoy, Margallo y González pueden resultar chistosas- hay que tomarlas en serio. El Régimen del 78, y las instituciones y potencias imperialistas, no van a ceder ni un ápice del dominio territorial en ningún proceso de negociación. Ni con una Generalitat de Junts pel Sí, ni con un gobierno catalán de concentración como propone la CUP y mucho menos es posible una reforma constitucional desde las Cortes que salgan en las elecciones de diciembre como plantea Catalunya Sí que es Pot.
Intervención de la Generalitat, descapitalización, una intervención policial o incluso militar, aislamiento y boicot económico… son armas “comunes” de los Estados capitalistas para defender sus intereses. No hay razón para dudar de que en Catalunya, como en miles de casos antes, se pondrían en marcha. De esto mismo son conscientes en primer lugar los dirigentes de CDC y ERC. Por eso mismo no van a llevar el proceso hasta el final y se preparan para encaminarlo a una negociación con el siguiente gobierno que permita alguna concesión a cambio de que se desactive el movimiento democrático iniciado hace tres años.
¿Se puede combatir hasta el final por el derecho de autodeterminación y contra la reacción del Estado español y la “comunidad internacional” en contra? Sí, se puede. Pero el camino asustan tanto a Rajoy como a Mas o Junqueras. Lo que las amenazas del Estado español demuestran es que el derecho de autodeterminación del pueblo catalán, igual que los pueblos oprimidos por el zarismo ruso a comienzos del siglo XX, es una tarea que no puede pensarse dentro de los límites de movilizaciones ciudadanas esporádicas y una vía electoral-institucional. El único camino realista es preparar la organización y movilización social con la clase trabajadora en frente, para lo cual es imprescindible unificar las demandas democráticas con un programa que resuelva los grandes problemas sociales sobre los intereses de los capitalistas españoles y catalanes.
Esta estrategia y este programa son incompatibles con la alianza con los representantes políticos de la burguesía catalana. Después del 27S el movimiento democrático se mantendrá en la encrucijada de continuar en la estrategia de unidad nacional o romper con ella. De ello dependerá sus opciones de terminar triunfando.