Derecho a decidir: la unidad nacional y la necesidad de una estrategia de independencia de clase

El año del tricentenario concluía con el proceso catalán en un importante impasse. Tras el 9N Mas y CiU parecen estar frenando su caída en las encuestas y quiere seguir capitalizando el movimiento a decidir para salvar a su formación, a la vez que “ganan tiempo” para alguna posible negociación con el siguiente Gobierno central que salga de las elecciones de noviembre de 2015. Las plebiscitarias con lista única, o en su defecto con CiU como la “campeona de la unidad nacional” si ERC no acepta, es su siguiente paso en el camino a conducir el movimiento por el derecho a decidir a un proceso de negociación con el Estado central. ERC se resiste, no por grandes diferencias en la estrategia sino por cálculo electoral. No quieren perder la oportunidad de lograr el sorpaso electoral a CiU que hasta antes del 9N le auguraban todas las encuestas. Si bien han tenido que “elevar el tono” proponiendo la declaración unilateral de independencia y el proceso constituyente catalán como punto del programa común para el bloque soberanista, reconocen que ese sería el punto de partida para negociar la independencia de Estado a Estado.

Así pues 2015 arranca para la cuestión catalana con un escenario en el que siguen primando las características que le han impuesto al movimiento por el derecho a decidir las direcciones de CiU y ERC, junto a la ANC y Omnium, y con el beneplácito del resto del bloque soberanista: estrategia de unidad nacional, ausencia de movilización y confianza en las vías institucionales para lograr el reconocimiento del derecho de autodeterminación.

Este es el terreno en el que han surgido en la izquierda debates sobre el derecho a decidir de los catalanes y en relación a qué ligazón debe tener con la lucha en contra del Régimen del 78 y las consecuencias de la crisis capitalista sobre los sectores populares. Debates azuzados por la emergencia de Podemos por un lado y la posibilidad de elecciones plebiscitarias en los próximos meses por el otro.

Podemos opone al referéndum que reclaman millones un Proceso Constituyente emanado del mismo Régimen del 78

Pablo Iglesias, en su primer mitin después de la Asamblea Ciudadana y en sus posteriores entrevistas en TV3 y Catalunya Radio, ha concretado un poco más su hoja de ruta para que los “catalanes decidan su relación jurídica con el resto del Estado”. A pesar de las ya habituales ambigüedades en este tema, empiezan a distinguirse los ejes de su posición.

Para el dirigente de Podemos, en la línea que ya planteó Carolina Bescansa en su entrevista de octubre en la Cadena SER, para que los catalanes puedan decidir sobre la independencia o no, antes este derecho debe ser discutido y concedido por el conjunto de los españoles. Bajo la fórmula de “todos debemos decidir sobre todo, incluido el modelo territorial” Iglesias condiciona el derecho de autodeterminación de los catalanes a que el resto de la población del Estado español se la conceda.

Así respondía Iglesias a la carta abierta que la CUP le había hecho llegar días antes y donde le pedía que se comprometiera a impulsar un referéndum sobre la independencia en caso de llegar a la Moncloa. Para darle un barniz de “izquierdas” a esta posición que coincide con el concepto de soberanía nacional de la Constitución del 78, Iglesias empezó su mitin criticando el abrazo entre David Fernández y Artur Mar el 9N. La alternativa que propone es cambiar el abrazo a Mas por el abrazo a la legalidad del 78 que no permite un referéndum sin antes reformar la misma Constitución. Aunque la quiera vestir de “independencia” de los partidos de la “casta catalana” (esto no veo de sacarlo), lo cierto es que su posición ofrece una hoja de ruta totalmente dependiente del marco jurídico construido por esa misma casta junto a la española como él mismo reconocía en Catalunya Radio.

Podemos rechaza por medio de su principal figura y en su primera visita a Catalunya dar satisfacción a una demanda que ha sido expresada por millones en las calles y el pasado 9N. A cambio propone abrir un proceso constituyente respetando el marco legal del 78, es decir con los 3/5 de las Cortes españolas, lo cual unido a su creciente pragmatismo no se distancia mucho de la reforma constitucional propuesta por Pedro Sánchez.

Esta línea ha sido además corroborada por el recientemente elegido Secretario General de Podemos Barcelona, Marc Bertomeu, al afirmar que la cuestión soberanista no está entre las prioridades de la formación. ¿En qué consiste entonces la “ruptura democrática” de Podemos? Ya de entrada se deja de lado una demanda democrática estructural tan sentida como el derecho a decidir de los catalanes, que ha suscitado hasta la fecha las movilizaciones más masivas y populares en Catalunya y el Estado español en contra de uno de los pilares del Régimen del 78: la indiscutible unidad forzosa de España.

La lucha por un proceso constituyente en el Estado español no puede supeditar el derecho de autodeterminación de las nacionalidades. La primera y urgente conquista democrática que hay que imponerle al Régimen del 78 es que los catalanes puedan decidir su relación con el resto del Estado por medio de un referéndum tal y como se viene exigiendo. En definitiva respetar y acatar si quieren participar o no en este proceso constituyente y de qué forma, o si desean iniciar un proceso constituyente propio catalán. Y en esta decisión el resto de pueblos del Estado español no tenemos nada que decidir.

Esta supeditación que impone Iglesias es en verdad coherente con el tipo de proceso constituyente que está planteando Podemos. Emulando la misma Transición (lo dejo así xq Carrillo no uso nunca lo de la ler a la ley, aunque lo termino aceptando, es como se hizo la transición y como propone Podemos hacerlo ahora, ir aprobando leyes “decentes”) y las Cortes Constituyentes del 77-78, los dirigentes de Podemos vienen dejando claro que se trata de promover un proceso que vaya “de la ley a la ley”. Las Cortes emanadas de las elecciones de noviembre serían las encargadas de ponerlo en marcha, convirtiéndose en un proceso de reforma del actual Régimen. Desde esta perspectiva a nadie le pueden sorprender los puntos de acuerdo que Iglesias reconoció encontrar con el “diagnóstico” de Felipe VI en su discurso de Navidad, o su negativa a posicionarse en contra de instituciones como la Corona. Aunque en su discurso aparezca la palabra “ruptura” su estrategia es la de la “reforma pactada”, emulando así al PCE de Carrillo y la misma Transición que tanto Iglesias como Errejón y otros dirigentes consideran procesos exitosos en los que “se hizo lo que se pudo”.

Tanto el PP como el PSOE, además de la Judicatura, el Ejército y la Corona, son corsés de hierro que impondrían como hicieron en los 70 las líneas rojas que no podrían pasarse. Sin duda entre ellas estaría la negativa a reconocer el derecho de autodeterminación de los pueblos. Pero también los intereses fundamentales de los grandes capitalistas o la Corona.

Desde Clase contra Clase consideramos que un proceso constituyente donde realmente se pudiera discutir de todo es imposible abrirlo desde las actuales instituciones. De la misma forma que es utópico pensar que serán estas instituciones las que algún día concederán el derecho a decidir a los catalanes o vascos. La alternativa pasa por impulsar la movilización y auto-organización de los sectores populares con la clase trabajadora al frente para tumbar el Régimen y sus instituciones, y sobre sus ruinas que las nacionalidades puedan ejercer su derecho a decidir y a la vez abrir un proceso constituyente donde podamos discutir verdaderamente de todo sin ningún límite de los poderes reales del Estado, las finanzas y las grandes fortunas. Para ello sin duda no bastará con un “gobierno decente” salido de las urnas en noviembre, sino que habrá que pelear por un gobierno de los trabajadores y no de los representantes de los banqueros y empresarios, que se base en los organismos de lucha que se creen en este proceso.

La CUP, la izquierda anticapitalista y la falta de un balance de dos años de colaboración de clases con CiU

Un día antes de la llegada de Iglesias a Barcelona se presentaba en la Plaça del Rei la iniciativa para crear una candidatura independentista y anticapitalista de cara a las posibles elecciones catalanas anticipadas. Una iniciativa que cuenta como principal impulsor a la CUP y a la que se han adherido grupos como Lluita Internacionalista, En Lluita o Corrent Roig. El Process Constituyent por el momento participa en calidad de observador.

El pasado sábado se realizó el primer acto público de la nueva candidatura en el barrio de Poble Nou en el que se dieron a conocer su decálogo programático. Los ejes del mismo son la ruptura con el marco jurídico del Régimen del 78, la apertura de un proceso constituyente de la República catalana, un nuevo modelo económico que responda a las necesidades de las clases populares y la defensa de los derechos de las mujeres, personas lgtb y los inmigrantes. Se mantiene en los principios generales que defendió la CUP-AE en las elecciones de 2012, uniendo la lucha democrático-nacional y las reivindicaciones sociales.

Sin embargo, como en 2012, no se concreta cual es la estrategia, los sujetos de cambio y el sistema de alianzas con el que conseguir romper con el Régimen del 78 e imponer una alternativa anticapitalista. La CUP y las formaciones que son parte de la nueva candidatura hablan también de «ruptura con el Régimen del 78’ y «ruptura anticapitalista» Pero lo hacen retomando una vieja estrategia que se propone como primera etapa el establecimiento de una República catalana. No definen cual sería el contenido de clase de dicho nuevo Estado pero queda claro a la luz de las alianzas de clase que plantean para conseguirla. David Fernández en su discurso de investidura las definió con la ya famosa mano extendida a Mas en la cuestión nacional, que concluyó en el «emotivo abrazo» del 9N. Más allá del gesto, lo que expresaba era la subordinación que ha mantenido la CUP durante estos dos años a la hoja de ruta de Mas, que está conduciendo al movimiento por el derecho a decidir a un paulatino desgaste. Una gran contradicción, además, ir de la mano de los «capitalistas» para llevar adelante una «ruptura anticapitalista». Lamentablemente, esta política continúa siendo abiertamente reivindicada hasta el momento por la CUP, como hemos podido leer en uno de los últimos artículos de Fernández (“Esperando a Godot…”).

Esta lógica de no es ninguna novedad en la historia de la lucha por las reivindicaciones democráticas. Primero, luchar por las demandas democráticas de la mano de los partidos capitalistas, y después avanzar en una «ruptura anticapitalista», tal como dice en su programa. Como ha pasado en estos dos años lleva a un seguidismo a las direcciones burguesas, en este caso de CiU, y a la subordinación de la lucha social a la sagrada unidad nacional que ha tenido su expresión en la pérdida de fuerza de las movilizaciones populares a pesar del agudizamiento de los ataques de los gobiernos del PP y CiU. Y al mismo tiempo deja la lucha por los derechos democráticos en manos de quienes no buscan otra cosa que conducirla a un desvío manteniéndola lejos de la calle y permita ser instrumentalizada para sus propios intereses de clase, lo que hoy está haciendo Mas.

Sin duda es urgente la constitución de un bloque que unifique la lucha democrática radical con la de transformación social. Pero creemos que este no puede salir si no es de un balance profundo y crítico de los dos años de estrategia de unidad nacional llevada adelante por la CUP. Desde Clase contra Clase, como venimos planteando desde 2012, creemos que es imprescindible construir una alternativa de independencia de clase que luche por imponer el derecho a decidir y un programa para que la crisis la paguen los capitalistas. Esto no se reduce a una declaración general de principios. Es necesario plantear con toda claridad que para romper el marco jurídico del 78 e imponer un programa anticapitalista hay que apostar por desarrollar la movilización social independiente de los trabajadores y sectores populares de Catalunya, buscar la alianza con los del resto del Estado que quieren enfrentar el Régimen del 78 y mantener una independencia política total de la burguesía catalana y sus representantes políticos. Es decir hacer lo contrario que han hecho los diputados de la CUP en estos dos años.

Sólo una estrategia así puede poner en pie una verdadera alternativa a la hoja de ruta de Mas para conquistar el derecho a decidir y construir una Catalunya para el 99%, como declaman muchos de los impulsores de la candidatura. Y sólo una alternativa así puede soldar la unidad en la lucha con los sectores populares del resto del Estado español que ven con justo recelo la alianza con los amigos del clan de los Pujol, y abrir el camino a que la lucha a un lado y el otro del Ebro no sea contenida y desviada por un proceso constituyente controlado que vuelva a dejar en el tintero las grandes demandas democráticas y sociales.