El ejecutivo de Mariano Rajoy, mediante el fiscal del Estado y la actuación del Tribunal Constitucional, veta al Parlament de Catalunya.
La crisis de gobernabilidad que azota la política en el Estado español desde el pasado 20D tiene aún grietas, más allá de la aritmética parlamentaria, que golpean fuertemente los cimientos del Régimen del 78. Entre éstas, el proceso catalán es uno de los más que más cuestionan los pilares cruciales del actual Régimen, la unidad nacional.
En este marco, en la “hoja de ruta” catalana se ha escrito una página más. La semana pasada el Parlament de Catalunya aprobó, con los votos a favor del bloque independentista (Junts Pel Sí y la CUP), las conclusiones de la comisión de estudio del “proceso constituyente”. Estas conclusiones, definidas en 11 puntos, suponen el aval necesario para que el Parlament inicie los trámites de independencia de forma unilateral.
El texto fue aprobado por la mayoría que las fuerzas independentistas tienen en el hemiciclo. Del otro lado, tanto Ciudadanos como el Partido Popular abandonaron la sala momentos antes de la votación, el PSC se abstuvo y Catalunya Si Que Es Pot (CSQEP) tan solo votó 3 puntos favorablemente, otorgando un voto negativo a los otros 8.
La pared reaccionaria del gobierno central
Tras aprobarse la resolución en el Parlament de Catalunya, el ejecutivo de Mariano Rajoy encendió por enésima vez esa cadena de actores destinados a actuar con los mecanismos más represivos y reaccionarios que el Régimen del 78 pone a su alcance, para frenar las aspiraciones democráticas de parte del pueblo catalán.
A través del fiscal del Estado, el Gobierno interpuso una demanda al Tribunal Constitucional (TC), a la vez que le exigía castigos, no solo administrativos, sino penales. Esta contundencia fue expresada por la vicepresidenta del Gobierno el pasado miércoles, cuando compareció de urgencia en el Congreso de los Diputados para dar la respuesta institucional.
En este asunto, y al igual que las anteriores veces, las discrepancias se liman y las diferencias se difuminan. El mismo miércoles, el líder del partido socialista, Pedro Sánchez, se comunicaba con Mariano Rajoy para expresarle su apoyo contra todo “desafío soberanista”.
La resolución política a todas estas maniobras judiciales y declaraciones políticas no se ha hecho esperar. Ayer lunes, el TC frenaba la resolución independentista de Cataluña, e iba más allá, amenazando de forma directa a la presidenta del Parlament con la posibilidad de abrir contra su persona acciones administrativas y penales.
El TC aprobó por unanimidad que el texto aprobado la semana pasada en el Parlament de Cataluña vulnera la sentencia del pasado 2 de Diciembre la cual citaba expresamente la nulidad del proceso “de desconexión” lanzado desde Cataluña.
Es por ello que los magistrados del alto tribunal no han dudado en solicitar a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, un informe de si ha desobedecido la sentencia del pasado diciembre o no, antes de decidir si abrir un proceso penal contra su persona. Las sanciones que ahora mismo penden sobre los miembros de la mesa del Parlament, encargada de redactar los 11 puntos, y sobre Carme Forcadell, van desde los 30.000 euros de multa, a la inhabilitación del cargo.
Una pieza más dentro de un complejo puzzle
En el panorama de inestabilidad política que actualmente vive el Estado español, las relaciones políticas constan de un difícil equilibrio, que además se ve azotado por diversas cuestiones.
Junts Pel Sí, con el Partit Demócrata Català (PDC) de Puigmdemot a la cabeza, venía manteniendo el proceso catalán en un estado de facto vegetativo desde el pasado año. En las últimas semanas aspectos importantes se estaban debatiendo en Madrid. La presidencia del Congreso de los Diputados, la posibilidad de contar con grupo propio en la cámara legislativa por parte de PDC o las subvenciones del gobierno en funciones a Cataluña.
No obstante, el decidido viraje de Rajoy a C’s y PSOE (ha presentado un plan de acuerdo a las dos formaciones de 125 puntos), ha terminado por dejar a PDC en una posición residual. Esta semana, además del ataque a la resolución del Parlament, la formación burguesa catalana se ha quedado sin grupo propio, por los votos negativos del Partido Popular. Es la primera vez que la formación nacionalista catalana se queda sin grupo propio en el Régimen del 78. El enésimo fracaso de PDC y Junts Pel Sí de buscar una salida edulcorada al proceso catalán en negociación con el Estado, no ha dejado más alternativa a Puigdemont y los suyos de volver a mirar a la CUP.
Muy a su pesar, a falta de menos de dos meses que se vote en el Parlament de Cataluña la moción de confianza sobre el actual President, PDC no se puede permitir el lujo de arriesgar a unas terceras elecciones en Cataluña.
No obstante el puzzle no está finalizado, y las piezas que hoy encajan en un sitio, pueden deformarse mañana y quedar inservibles. La CUP mantiene su confianza en JxSí como comandante del proceso. Tras la negativa a sus presupuestos, de nuevo vuelve a ofrecerle un salvavidas en un momento delicado.
Ambas formaciones vuelven a acercar posturas en su particular frente nacional, y parece que un balance de estos tres años con Mas, Homs, Colell y compañía al mando, aún tendrá que esperar. Y el puzzle, sin cerrar.