En las principales capitales del Estado español han llegado al gobierno nuevas candidaturas ciudadanas. La nueva alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, genera gran expectativa. Su asunción mostró eso pero también los límites de los nuevos gobiernos.
La que ha sido la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en los años más duros de la crisis es vista por miles como una esperanza para solucionar, entre otros, grandes problemas sociales como el de los desahucios. Esta ilusión es palpable en conversaciones cotidianas que se pueden escuchar en los barrios populares, los bares o trabajos. Se vio también en la misma sesión de investidura, seguida en directo por millones desde la televisión y por miles en la Plaza Sant Jaume.
Los discursos de investidura de Colau, una vez elegida alcaldesa, y del portavoz del grupo municipal de Barcelona en Comú, Gerardo Pissarelo, dialogaron con este sentimiento de ilusión, replicando muchos de los mensajes y promesas que fueron el eje de su campaña electoral. Pero también tuvieron palabras dirigidas a contener tanta ilusión, señalando que los cambios no se podrían hacer “de un día para el otro”, o que las “inercias institucionales” y otros poderes fácticos van a poner muchos obstáculos al «cambio». Contra estos problemas apelaron a mantener viva la movilización para apoyar al nuevo gobierno e incluso señalar y criticar si se desviaba del proyecto para el que han sido elegidos.
Si uno sólo se quedara con esta parte de los discursos podría pensar que estamos ante una alcaldesa que se propone encabezar un proyecto rupturista y enfrentado a los grandes capitalistas. Sin embargo, conviene repasar bien el discurso entero, ver qué más se dijo, aunque fuera al pasar, y qué no se dijo o sobre qué no se quiso hablar. Y lo que es más importante, lo que Colau ha hecho antes incluso de la constitución del ayuntamiento.
Colau quiso comenzar con un reconocimiento a las “autoridades sociales” presentes en el acto, refiriéndose a los muchos representantes de las organizaciones sociales invitadas. Siguió agradeciendo el apoyo prestado para su investidura a aquellos grupos que le dieron el voto. Se dirigió especialmente al PSC y ERC, a los que reiteró su voluntad de llegar acuerdos estables para poder gobernar en común. Sin duda estas dos fuerzas son una excelente representación de esas “inercias institucionales” que se opondrán a todo cambio de calado que afecte a los intereses de la casta política y los grandes negocios del modelo de ciudad que han contribuido a construir desde 1979.
Resultaron más impactantes todavía las palabras de Colau dedicadas al alcalde saliente, Xavier Trias. Colau le agradeció su labor en el consistorio declarando que estaba segura de que todo lo que había hecho lo habría hecho convencido de que era lo mejor para la ciudad. Trias, como Mas en la Generalitat, vienen gobernando para las grandes familias catalanas. Presentar sus políticas austericidas como pensadas en el bien de la ciudad en general y no de la clase para la que gobiernan conscientemente, resulta una falta de respeto a los miles que las vienen padeciendo. Pero este gesto, que incluso se podría vender como protocolario, tuvo un ofrecimiento de un profundo contenido continuista. Colau propuso diálogo a Trias y “mano extendida para los grandes temas de ciudad”. Un mensaje a Trias y CiU, y por esa vía a los grandes inversores con intereses en la ciudad, que va en la misma dirección que el apoyo a la firma del convenio del MWC en las semanas pasadas: el gobierno del “bien común” no pondrá en peligro los grandes negocios capitalistas, el principal poder fáctico.
Una actitud similar tuvo en su mensaje junto al President de la Generalitat, el campeón de los recortes. Lejos de denunciar su política de desmantelamiento de la sanidad y la educación, se limitó a ofrecerle lealtad institucional, colaboración para demandar al Estado central las inversiones pendientes en Barcelona y pedirle cooperación para poder aplicar su agenda de reformas.
En varios momentos Colau hizo referencia a la necesidad de cambiar la forma de gobernar, apelando al “mandar obedeciendo” de los zapatistas. Sin embargo estos propósitos, como los llamamientos a mantener la movilización social como sostén del gobierno del cambio, son poco creíbles cuando lo que se viene buscando es alcanzar una estabilidad institucional pactando con el ala izquierda de la casta, leal colaboración con los campeones de la austeridad y mensajes tranquilizadores hacia los poderes fácticos.
De hecho los temas “ausentes” en el discurso de investidura son coherentes con esta estrategia de cambio que lejos de toda perspectiva de ruptura basada en la movilización, se decanta cada vez más decididamente por un cambio consensuado con la casta política y los grandes capitalistas con interese en la ciudad.
Por ejemplo se habló de luchar contra la precariedad, pero sin compromisos concretos de asumir las reivindicaciones de los trabajadores allí donde el ayuntamiento es parte de la patronal como es el caso del Auditori o el Liceu, a cuya lucha saludó. En este terreno, sin una política anticapitalista es imposible doblarle el brazo a las grandes empresas, como quedó demostrado con el incumplimiento del compromiso de las escaleras que significó el apoyo a la firma del MWC en contra de lo que le demandaron los huelguistas de Movistar. La “responsabilidad”, que no es otra cosa que el no querer romper con los poderes fácticos que representan todo el entramado de intereses capitalistas detrás de ese evento, puso a prueba el “mandar obedeciendo”, incumpliéndose en la primera oportunidad.
Especialmente aplaudidas fueron las palabras a favor del cierre del CIE de zona franca. Una reivindicación histórica de los movimientos de inmigrantes y la izquierda de la ciudad que muestra a todas luces como para alcanzarla -es decir para doblarle el brazo al Ministerio del Interior- seguirá siendo necesaria la movilización social como la semana de lucha contra los CIEs convocada para esta semana.
Sin embargo para tratarse de un discurso de investidura destacó la ausencia de medidas concretas sobre cómo llevar adelante algunas de las demandas que han sido y son bandera de BeC y que fueron mencionadas por Colau solo de forma general, como el fin de los desahucios o el plan contra la pobreza energética. Esta falta de concreción no puede separarse del hecho que la estrategia de pacto con parte de lo “viejo” convierte a estas y otras reivindicaciones en presas de los posibles acuerdos con una parte de la casta, y por lo tanto deberán contar con la venia de los tan mencionados poderes fácticos.
Otras demandas no fueron abordadas ni siquiera de forma general. Algunas tan sentidas como son la apertura de los comedores escolares en el verano o las demandas vecinales sobre el precio del transporte público. La primera debería empezar a aplicarse desde el próximo lunes, a no ser que Colau imite a su homóloga Carmena de Madrid que ya ha anunciado que no se abrirán este verano. La segunda sorprende que no se abordara, ya que la subida de los precios del transporte fueron justamente la reivindicación central del movimiento vecinal en 2014. De hecho sólo dos días después de la asunción este silencio ha sido respondido por la Plataforma Stop Pujades con una exigencia a la nueva alcaldesa de que se publique el convenio de la T-Mobilidad que gestiona el cobro de billetes y el régimen tarifario.
Otro tema casi totalmente “ausente” fue el de la Guardia Urbana. Solamente la portavoz de la CUP trajo al pleno la denuncia de la “ciutat morta”, como popularmente se conoce a los casos de represión cotidiana, torturas y montajes judiciales y policiales protagonizados por esta policía municipal. Se trata de un problema que padecen de forma especial la juventud, los inmigrantes o las mujeres en situación de prostitución (el colectivo femenino que más agudamente padece la violencia de género institucional como vienen denunciando hace años) .
De hecho en los próximos días algunos poderes fácticos, como el diario conservador La Vanguardia de la mano de los mandos de la Guardia Urbana, vienen anunciando a bombo y platillo el inicio de la campaña racista contra los vendedores ambulantes que acostumbran a hacer todos los veranos. ¿La mantendrá activa la nueva alcaldesa? La búsqueda de entendimiento con PSC y ERC y de colaboración con CiU, la Generalitat y los grandes inversores le dejará un margen muy escaso para algo tan concreto como poner fin al acoso a estos vendedores -en su mayoría inmigrantes- tan “molestos” para el lobby turístico de la ciudad.
La CUP por su parte dividió su voto en tres. Dos nulos pero con una gran carga simbólica: uno para los huelguistas de Movistar y otro para los jóvenes antifascistas encausados por manifestarse el 12 de octubre, como representantes de la represión policial. El tercero lo reservó como muestra de apoyo crítico a Colau, a la que le anunció que estaría con ella para aprobar aquellas medidas que comparten los programas de ambas formaciones, pero la tendría enfrente ante todo rasgo de continuismo con la casta política y el modelo de ciudad construido por CiU y también por sus ansiados socios, PSC y ERC. De hecho le hizo una importante crítica a la primera medida de contenido tomada por la nueva alcaldesa, el nombramiento como gerente municipal de Jordi Martí, un fiel representante tecnocrático de la “casta socialista”.
La jornada del sábado fue expresión de las grandes ilusiones que despierta el nuevo gobierno municipal. Pero también se escenificaron los profundos límites con los que parte y ante los cuales el programa y la estrategia levantada por BeC se muestran impotentes. En los próximos meses va a ser imprescindible reforzar la organización y la movilización de los sectores populares y los trabajadores para poder imponer las demandas que en nombre del “acuerdo” o la “responsabilidad” prometen quedarse en el tintero.
El camino está más en la dirección que apuntaba la portavoz de la CUP, ubicarse en frente del continuismo para combatirlo, que en constituir un movimiento muleta del nuevo gobierno que termine siendo preso de sus propios límites, como proponía Colau y sus peticiones de paciencia. En este sentido es necesario impulsar asambleas en los barrios, centros de estudio y trabajo y otras formas de organización y coordinación para fortalecer la movilización social independiente. La CUP como referente de una oposición a la izquierda de Colau en el consistorio, tiene una gran oportunidad y responsabilidad para que se puedan dar pasos concretos y firmes que se preparen para enfrentar el continuismo que desde el momento uno ya desprenden los discursos y hechos del gobierno del “bien común”.