Manuela Carmena, el crimen social de los desahucios y la justicia capitalista

A las puertas de ser investida como alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha iniciado una ronda de contactos para “tranquilizar” a empresarios y banqueros. El drama social de los desahucios está en su agenda, pero deposita el destino miles de familias sin techo en el dialogo con los banqueros y los marcos de la justicia.

A sus 71 años, Manuela Carmena, la cabeza de lista de la plataforma impulsada por Podemos y otros sectores, “Ahora Madrid”, fue la segunda candidata más votada en las elecciones municipales del 24M, pisándole los talones nada menos que a la odiada Esperanza Aguirre del PP.

En virtud de tal resultado, si las negociaciones en curso con el PSOE para que le brinde sus votos positivos para asumir, la ex jueza penitenciaria puede ser la próxima alcaldesa de la capital del Estado.

Por ello está en el foco de la prensa y la opinión pública en general, pero especialmente de los verdaderos dueños de la ciudad, los grandes empresarios y los bancos, a quienes en los últimos días Carmena viene dedicando todo tipo de mensajes “tranquilizadores”.

El hecho más destacado en esta línea fue el encuentro “muy cordial”, según sus palabras, que Carmena mantuvo el miércoles con el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri. Una reunión que dio inicio a una ronda de contactos con los principales bancos y entidades financieras, para explicarles las políticas que implementará si es investida alcaldesa el próximo 13 de junio.

La entrevista publicada por el diario El País este viernes, se enmarca en esta suerte de ronda diplomática municipal para ganarse la confianza de empresarios, banqueros e inversores.

“Me da la impresión de que no hay susto en los financieros”, dijo en respuesta a una de las preguntas de la entrevista. Y reafirmó que “por supuesto” volverá a reunirse con otros empresarios y banqueros, porque su objetivo es “seducir” a los que no la votaron.

Pero lo que me interesa en particular de esta entrevista es su posición sobre un tema tan crucial y urgente como los desahucios.

“¿Cómo se hace compatible el derecho a la vivienda y el derecho de los propietarios…?”, le preguntó el periodista.

“Hay que profundizar en qué pasa cuando la vivienda se convierte en un producto financiero y si es posible que la vivienda sea un elemento de especulación o tiene que tener siempre algo en relación con su contenido para el que está destinada.”, dijo Carmena.

Pero, “¿qué haría usted si la justicia le dice que no siga por ahí?”, insistió el periodista.

“Pues yo obedecería a la justicia. Yo he sido una persona de la justicia y hasta el final digo que la justicia siempre tendrá la última palabra, claro que sí.”

Estas ideas no son nuevas. Ya en su programa para las elecciones municipales, “Ahora Madrid” se comprometió a poner “todos los medios y recursos municipales” para paralizar los desahucios y desalojos de primera vivienda. ¿Cómo? Mediante una política de colaboración con la justicia para que, antes de que se produzca un desahucio, el Ayuntamiento ayude a encontrar una vivienda alternativa a los afectados.

Pero, ¿se puede combatir un verdadero crimen social como los cientos de miles de desahucios con esta política?

Un buen artículo de José Durán Rodríguez, publicado en Diagonal y reproducido en esta edición de La Izquierda Diario, da cuenta -con “datos duros”- de que el drama de los desahucios lejos de disminuir continúa, dejando tras de sí una estela de miseria y desesperación.

Según el informe ’Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales’, presentado este viernes por la sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, los desahucios siguen creciendo sin parar. Sólo en los tres primeros meses del año se han ejecutado 18.869 desahucios, esto es un 2,1% más que en el mismo período del año anterior. Los cuales se suman a cerca de 600.000 desahucios ya ejecutados desde el inicio de la crisis capitalista en 1997, según datos del INE.

Las esperanzas populares depositadas en que un cambio de gobierno (o de gobiernos, a la escala autonómica y municipal) permita vislumbrar un horizonte mejor para millones que carecen de una vivienda digna son enormes.

Pero la sola idea de que mediante el dialogo cordial con los bancos y dejando a la justicia “la última palabra” se puede enfrentar el crimen social de los desahucios, si no es una impostura, al menos es rendirse antes de presentar una sola batalla.

Porque la resolución integra y efectiva de esta demanda elemental para la supervivencia de las mayorías sociales de Madrid (y del resto del Estado) pasa por impedir que una sola familia más quede en la calle.

Y para ello son necesarias medidas menos respetuosas con la legalidad capitalista y los derechos de propiedad de los usureros de la banca, como la expropiación sin indemnización de todas las viviendas vacías en manos de los especuladores, empezando por las que han sido desahuciadas, para su devolución a las familias expulsadas y para la creación de un parque de vivienda pública de alquiler social con precios que no superen el 25% del salario, o absolutamente gratuitas si se carece de ingresos.

O dicho de otra manera, para terminar con los desahucios hay que enfrentar a los poderes fácticos del capitalismo español, en primer lugar, a los bancos y al capital financiero. Como es el caso del “cordial” señor Goirigolzarri de Bankia, uno de los responsables del banco que más desahucios ha llevado a cabo (un 20% del total), según denuncia la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Esto aparte de estar al frente de una entidad corrompida hasta el tuétano, rescatada con miles de millones de euros de dinero público y que dejó en la calle a 4.500 trabajadores con la complicidad de la burocracia sindical de CCOO y UGT.

Pero también ha de enfrentarse a la justicia capitalista, que puede ser cualquier cosa, pero no es una institución “neutral”, sino un instrumento al servicio de la clase capitalista. Una justicia para ricos.

Si, como dice Manuela Carmena, ella “obedecería a la justicia” en cualquier caso, entonces como alcaldesa no podrá hacer más que acatar cada orden de desalojo que de un juez. Porque cuando la vida de cientos de miles de familias sin techo está en juego, frente a los bancos y la justicia capitalista no puede oponerse una… “Oficina de Mediación Hipotecaria”.

Lo que hace falta es poner en movimiento una fuerza social superior al poder de los bancos, los empresarios y la justicia capitalista, que imponga por la fuerza el derecho de las mayorías pobres y explotadas contra el derecho de propiedad que reclama una minoría de parásitos.

Como decíamos en otro lado, los capitalistas y su casta de políticos consideran su derecho sagrado que las cosas sigan como están y que los privilegiados sigan manteniendo sus privilegios; por el contrario, los trabajadores y los setcores populares, defendemos contra ellos nuestro derecho a la vida y al futuro. Y como dijo Marx, “entre derechos iguales decide la fuerza.”