Argentina: La agenda de los principales candidatos a la sucesión

Con la definición de la nueva “alianza” encabezada por Macri, el gobierno apuesta a una polarización con los nostálgicos de los ’90. Pero la agenda económica de los candidatos destaca fuertes puntos de contacto.

La sucesión kirchnerista se define cada día con más claridad a la derecha. La apuesta a una polarización entre los candidatos oficialistas con la nueva alianza encabezada por Macri no tapa el hecho de que los tres precandidatos que empezaron el año 2015 con mejores chances no muestran sustantivas diferencias en sus programas.

A Macri se le imputó con bastante razón ser el candidato de la vuelta a los ’90; pero incluso él salió a sacar chapa de peronista, aclarando que mantendría la AUH y al menos algunas de las empresas que volvieron a ser públicas, medidas que el kirchnerismo transformó en banderas. Todos los candidatos plantean una dialéctica de cambio y conservación respecto del legado social y algunos aspectos de la mayor intervención pública en la economía, aunque poniendo distinto énfasis en alguno de los términos.

¿Por qué el consenso derechista va acompañado de estas aclaraciones de lo que será mantenido, sean la AUH o determinadas empresas parcialmente estatizadas como YPF? Ante todo, por fuera de la vocación de los candidatos, estos afrontan las restricciones de lo que podríamos llamar un espíritu de época. En la Argentina actual las políticas de favoritismo a los empresarios y la desregulación económica no recuperaron ni por asomo la credibilidad perdida como resultado de la desembozada fiesta menemista y la crisis de 2001. Por supuesto, hoy, a diferencia de los comienzos del período K, cuentan a su favor con el desprestigio que el kirchnerismo ha terminado creando también sobre el la mayor intervención pública en la economía que dijo reivindicar: el gobierno pretendió que estaba imponiendo una mayor regulación sobre los servicios públicos pero hoy tiene en su haber la peor tragedia ferroviaria (seguida por otros episodios afortunadamente menos criminalmente catastróficos) y deja una matriz energética que todos los veranos e inviernos queda al borde del colapso, mostrando en ambos casos una una incapacidad de la burocracia estatal que no se soluciona con obsoletos trenes chinos; aunque habló hasta el hartazgo de un “modelo de crecimiento con inclusión social”, mantiene al 34% de los trabajadores empleados en la total ilegalidad, mientras que los que están registrados muestran, en promedio, hoy condiciones mucho más flexibles (es decir precarias) que 20 años atrás; aunque pretendió estar aplicando una política redistributiva, llega al final del mandato rechazando cualquier cambio en el impuesto a las Ganancias que afecta a los salarios, mientras no encaró ningún cambio en la estructura impositiva que fuera en un sentido progresivo. Y esto mientras los salarios se ven afectados por los techos inferiores a la inflación. Estos son sólo algunos de los muchos ejemplos del choque entre el “relato” y la realidad que pone un manto de sombra sobre la amplia legitimación de la intervención estatal. Pero a pesar de este sistemático trabajo de zapa, numerosas políticas de ingresos y otras medidas tomadas durante esta década son consideradas irrenunciables por parte de los trabajadores y sectores populares, y operan como límites para lo que aún el candidato más derechista puede plantear abiertamente.

Roma no se hizo en un día; tampoco los rasgos de mayor intervención estatal se van a desmantelar de la noche a la mañana. Dicho esto, sin embargo, la orientación presentada por todos los principales candidatos tiene importantes núcleos de coincidencia.

Una nueva devaluación

Aunque ninguno de los candidatos lo dice abiertamente, el atraso cambiario aparece en los discursos de varios de sus principales exponentes en el plano económico. Quizá en este punto el nostálgico noventista Macri sea el más proclive a convivir con una moneda apreciada, apostando a que la deuda y la entrada de capitales para hacerla sostenible. La mayor sensibilidad de los otros candidatos hacia las quejas de la UIA deja pocas dudas de que estará entre sus principales medidas. Lo que está fuera de duda es que cualquier decisión en este terreno estará precedida de un plan antiinflacionario, y podemos adivinar que la contención salarial, es decir un golpe al poder adquisitivo de los trabajadores, estará entre sus principales componentes. En este plano las diferencias que podemos esperar entre los candidatos son apenas de grado. No puede descartarse que esta medida venga acompañada, para descomprimir, de un cambio más amplio en el régimen impositivo de ganancias de cuarta categoría. Pero en estas condiciones quedaría transformado en una prenda de cambio en beneficio de un estrato de asalariados entre los que tienen ingresos más altos mientras se asesta un golpe a todo el resto de los trabajadores.

Reducción de los subsidios, y tarifazos para todos y todas

Los subsidios para este año están estimados en $236 mil millones, es decir un 18% del presupuesto del Estado nacional. La magnitud de este gasto, que no paró de crecer hasta multiplicar por 10 su peso en la economía desde 2007, lo ponen al tope en la agenda de los sucesores al gobierno, para bajar el gasto público y reducir el déficit. Seguramente será un objetivo a realizar en etapas, y no de una sola vez. Aunque los principales beneficiados con los subsidios, por vía directa o indirecta, han sido los empresarios, el correlato del recorte va a ser un fuerte ajuste de las tarifas que va a recaer sobre el poder adquisitivo de los asalariados. Este objetivo puede resultar contradictorio con el de combatir la inflación, pero menos lo será cuanto más logren descargarlo sobre la clase trabajadora.

También podemos esperar la vuelta a los mercados internacionales de crédito, para terminar de poner fin de manera completa al desendeudamiento -que ya es cosa del pasado y tan caro salió. Los bonos argentinos en el exterior no paran de subir a pesar del nuevo default parcial en el que ingresó el gobierno por el fallo de Griesa, y esto se debe a las expectativas de un futuro nuevo gobierno que cierre el conflicto, restablezca todos los pagos y vuelva a emitir deuda de manera abundante. El mismo camino que el kirchnerismo había empezado, hasta que se topó con la validación del fallo de Griesa -que se negó a cumplir por la amenaza de la RUFO-, y siguió incumpliendo por los beneficios que encontró en la retórica “patria o buitres”. Aún con el conflicto abierto, el ministro Kicillof no deja de buscar variantes para volver a endeudarse, lo que prueba que en este punto las diferencias entre el kirchnerismo y sus sucesores no son tan sustanciales como pretenden algunos discursos encendidos.

Dos, tres, muchos Chevrón

En un punto donde podemos esperar la más absoluta continuidad, es en el de las concesiones realizadas por el gobierno “nacional y popular” a las petroleras. El decreto 929/2013 y la Ley 27.007/2014, que reglamentaron las condiciones para las explotaciones no convencionales manifestaron una generosidad para con las multinacionales del petróleo que supera incluso las medidas más entreguistas de los años ’90. Entre las concesiones virtualmente a perpetuidad y un nivel máximo de regalías tan bajo que ha sido criticado incluso por los sectores de la oposición más propensos a la obsecuencia con el capital extranjero, será difícil, para quienes sucedan a CFK, superar su marca en este terreno.

Menos retenciones, más agropower

Un punto donde Macri salió con claridad a plantar bandera, es en la promesa de terminar con las retenciones a las exportaciones agropecuarias. Sin embargo, del resto de los precandidatos también puede esperarse gestos más amigables hacia el agropower. Economistas como Lavagna hoy en el Frente Renovador tuvieron sus cruces con las organizaciones patronales agropecuarias por las retenciones cuando formaban parte del gobierno K, pero desde 2008 apoyan una limitación a las retenciones, aunque no su eliminación completa. Scioli, sin pelearse con el libreto K -que por otra se pelea con la Mesa de Enlace pero apura hoy una ley de semillas a la medida de Monsanto (ver Ideas de Izquierda 17)- pero mostró ya en su moderación respecto de los impuestos inmobiliarios rurales la disposición a grabar de forma muy limitada al campo, anticipo de que también bajo una eventual presidencia suya, el campo verá una relajación de la presión impositiva.

Este compendio de medidas, que podemos esperar que sean acompañadas por una “mayor independencia del Banco Central”, es decir un cumplimiento más estrecho de los requerimientos del capital financiero internacional para atraer fondos de corto plazo e inversiones, hacen al país más amigable a los mercados que podemos esperar de cualquiera de los sucesores de CFK (que bastante amigable a los empresarios ha sido, y sino veamos el ejemplo de Lear). Y de ellas se desprende, como una consecuencia inevitable, que empezará a haber más restricciones para otras como algunos gastos moderadamente redistributivos, cuyo recorte podrá ir imponiéndose por la fuerza de “los hechos” de forma paulatina.

Que agenda de ajuste sea presentada como “inexorable” por parte de todos los candidatos patronales, con matices como salir o no del cepo ya, es lo que deja como saldo la pretendida década “ganada”. Sólo el Frente de Izquierda levanta un programa para que la crisis la paguen los que la juntaron “con pala” durante estos años, como ha dicho la presidenta: los empresarios y los buitres financieros, mediante el no pago de la deuda, nacionalización de la banca bajo control de los trabajadores, monopolio del comercio exterior, impuestos a las grandes fortunas, comités de trabajadores y usuarios contra los aumentos de precios, prohibición de los despidos y otra serie de medidas para que no descarguen la crisis sobre las espaldas del pueblo trabajador.