La polémica Ley de Seguridad Ciudadana, fue aprobada este jueves con el respaldo del conservador Partido Popular (PP) en el poder, con la oposición de todos los grupos parlamentarios y grupos de activistas. Bautizada como la “ley mordaza”, sufrió 50 enmiendas en la Comisión de Interior. Sin embargo, las enmiendas no variaron en nada fundamental una Ley considerada un ataque frontal a las libertades democráticas y un retorno a la legislación franquista de 1959.
Tras un largo debate público y en medio de protestas, el PP logró imponer en el Congreso de los Diputados del Estado español su Ley de Seguridad Ciudadana, bautizada por sus detractores como la “ley mordaza”, una normativa que restringe las manifestaciones a marchas autorizadas e impone severas multas a las protestas descritas como ilícitas.
El borrador del proyecto, presentado el año pasado, logró concitar el rotundo rechazo tanto de la sociedad civil y de la inmensa mayoría de la oposición parlamentario, al considerar que limita los derechos fundamentales de manifestación y expresión de los ciudadanos y da potestad al Ministerio de Interior para multar «libremente» en las manifestaciones, sin respetar las garantías jurídicas de los manifestantes.
Aunque el proyecto de ley fue matizado respecto del borrador inicial, sus detractores dicen que de todas formas está lejos de ser democrático, en un país que recién emergió de una dictadura de derecha a fines de la década de 1970.
En el proyecto finalmente aprobado este jueves, se incorporaron cambios que redujeron algunas de las sanciones imponiendo multas menores o han desaparecido otras, las “ofensas o ultrajes a España”.
Sin embargo, el PP ha registrado varias propuestas para «endurecer» la ley, como contemplar varios supuestos en los que se autoriza la disolución de manifestaciones, permitir a los agentes identificar a personas que oculten parcialmente su rostro; multar con hasta 600 euros a los vendedores ambulantes, considerar una falta grave el uso de imágenes de policías “que atenten contra su derecho al honor”, ampliar la consideración de los insultos a los policías como infracción leve en cualquier ámbito de actuación de estos y no solo en manifestaciones.
De este modo, las enmiendas incluidas han elevado el número de detractores de la misma. Especialmente al haberse incluido a último momento un nuevo artículo que, en la práctica, legaliza las “devoluciones en caliente” de inmigrantes en Ceuta y Melilla, una disposición que el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, NilsMuiznieks, señaló que contradice la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe las expulsiones colectivas.
Las “devoluciones en caliente”: cobertura legal a las devoluciones ilegales
Si ya el texto original del proyecto de ley cosechó todo tipo de críticas, la disposición adicional introducida por el PP como enmienda a último momento que legaliza las “devoluciones en caliente” no ha hecho más que encrespar los ánimos contra la Ley y el partido de gobierno.
La disposición añadida establece que «los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta y Melilla mientras intentan superar, en grupo, los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España».
El Gobierno del Partido Popular justificó la necesidad de esta regulación por la presión migratoria en las dos ciudades autónomas, la única entrada a Europa en suelo africano, donde frecuentemente grupos de subsaharianos tratan de saltar la valla que separa el Estado español de Marruecos.
Amnistía Internacional ha denunciado reiteradamente estas prácticas ilegales y, ahora, la legalización de esta práctica a través de la Ley de Seguridad Ciudadana. «El Gobierno puede denominarlo como quiera, pero en el marco del derecho internacional son expulsiones sumarias y colectivas», señaló María Serrano, portavoz de la sección española de Amnistía Internacional.
La ONG denuncia que el PP ha aprovechado la tramitación de la ley para cambiar de forma encubierta la Ley de Extranjería y legalizar las devoluciones en caliente. La normativa «Priva a los migrantes del derecho al asilo y elimina las garantías que podían tener como el derecho a un recurso efectivo y el derecho a tener un abogado», añadió Serrano.
La Agencia de la ONU para los Refugiados también solicitó al Gobierno español que garantice que cualquier iniciativa legal cumpla con sus obligaciones internacionales, en particular con la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.
Ante las críticas, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, respondió cínicamente este jueves que si le facilitan «una dirección» donde a «esa pobre gente» se les vaya a dar «manutención y trabajo», les envía para allá.
«Si me dan la dirección donde a esa pobre gente los podemos trasladar y garantizan su manutención y que les dan trabajo le aseguro que les enviamos. Pero hay mucha hipocresía», dijo en una entrevista en Antena3, generando aún más indignación entre las organizaciones sociales y políticas que se oponen a la ley.
Vuelta al franquismo
«Esta Ley retoma algunos aspectos de la Ley de Orden Público de 1959 que impuso el franquismo. Otorga la potestad sancionadora a Interior y se la arrebata a los jueces y, por tanto, otorga a la autoridad una capacidad de intimidación muy importante frente a los ciudadanos ya que antes incluso de acudir a instancias judiciales, la Administración puede sancionar económicamente e, incluso, embargar los bienes de los ciudadanos para satisfacer la multa», denunció en declaraciones al diarioPúblicoAntonio Trevín, portavoz del PSOE en la Comisión de Interior.
Para el portavoz de la Izquierda Plural, Ricardo Sixto, este jueves 11 de diciembre pasará a la historia como una nueva «jornada infausta para la democracia española» calificando el proyecto de ley de seguridad ciudadana como «una barbaridad legal» y «un despropósito». «Esta ley limita el derecho de manifestación, de reunión y el funcionamiento libre de los piquetes sindicales», denunció Sixto.
Todos los grupos políticos, a excepción del PP, pidieron este jueves que se diera marcha atrás con la Ley. Los diputados de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) se levantaron en el hemiciclo con una mordaza para evidenciar su rechazo.
Aunque este no fue el único gesto explícito de rechazo. En el pleno también irrumpieron músicos de la Solfónica –sinfónica de activistas vinculados al 15M- justo cuando le tocaba intervenir al portavoz conservador Conrado Escobar. El grupo entonó los versos de La canción del pueblo del musical Los Miserables., antes de ser expulsados del Pleno.
Amplio rechazo ciudadano
Amnistía Internacional (AI) considera que la ley, en su aplicación, podría poner en riesgo varios derechos humanos, como el derecho a la reunión pacífica, el derecho a la libertad de expresión e incluso el derecho a la libertad de información.
Para la ONG, la reforma de la ley no hace sino otorgar más poder a la policía sin articular mecanismos de rendición de cuentas.»Esta ley otorga más poder a las fuerzas y cuerpos de seguridad (…) y ofrece a los ciudadanos menos garantías contra la administración», dijo a Reuters María Serrano, portavoz de la ONG.
«Nos preocupa que esta ley no proteja el derecho a la protesta en un contexto en el que hay muchas personas que se han visto afectadas por medidas de austeridad que ha adoptado el Gobierno y que han afectado a sus derechos humanos», añadió.
Asimismo, otro punto especialmente “grave” para Amnistía Internacional es que esta ley va a prohibir grabar a las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones. En este sentido, María Serrano considera que las grabaciones en manifestaciones durante los últimos años han sido cruciales para destapar abusos. “Si ya era difícil y arriesgado grabar a las fuerzas y cuerpos de seguridad, con una ley que lo limite aún más y que pueda sancionar a las personas que tomen imágenes, incluidos los periodistas, es previsible que haya muchísimas más dificultades para documentar y luchar contra la impunidad policial que reina en los casos en los que existen abusos”.
Esta crítica a la Ley también es compartida porla Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), que asegura que obstaculiza el trabajo de los informadores para que no puedan tomar imágenes de hipotéticos abusos policiales
Las organizaciones Avaaz, No Somos Delito, Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Greenpeace, SOS Racismo y la Asociación Libre de Abogados, entre otras, realizaron este miércoles un cortejo fúnebre frente al Congreso de los Diputados en Madrid, en protesta contra la Ley que, a su juicio, va a ’matar’ a la democracia y a los derechos y libertades fundamentales.
Para Patricia Martín, responsable de campañas de Avaaz en España, «Quieren freír a multas a los que protesten pacíficamente y taparle la boca a nuestra democracia. Pero el luto por la muerte de nuestras libertades puede durar bien poco si se confirma el descalabro electoral de los ’populares’», denunciala activista.
En la misma línea, desde ’No somos delito’, Alejandro Gámez señaló que «si las miles de manifestaciones de estos años hubieran sido de apoyo y no de crítica al Gobierno, el Ejecutivo no habría reformado la ley».
El Estado español ha sido escenario de una creciente ola de manifestaciones y huelgas contra el impopular programa de austeridad del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien aplicó medidas como recortes a los fondos de salud y educación públicos. La aprobación de La ley es considerada una respuesta directa del gobierno y el Estado para criminalizar la protesta social e intensificar la persecución a los activistas y luchadores obreros y populares.