Este miércoles la Audiencia Nacional sentenció la prisión de cinco de las quince personas detenidas esta semana supuestamente relacionadas con grupos anarquistas, tras una nueva ofensiva represiva, esta vez con la Operación Piñata.
La primer ofensiva se llevó a cabo tras la ’Operación Pandora’ en diciembre de 2014, cuando un dispositivo de cientos de Mossos d’Esquadra, la policía autonómica catalana, en coordinación con la Policía Nacional española, irrumpió en centros sociales y ateneos, lugares de reunión de jóvenes anarquistas y detuvo a 14 jóvenes.
Nuevamente, en un operativo parecido, llamado ’Operación piñata’ el gobierno volvió a imponer toda su maquinaria represiva deteniendo a decenas de personas en Barcelona, Madrid, Granada y Palencia por su ideología anarquista y por supuestos «actos de terrorismo».
Durante la mañana del miércoles, los quince detenidos han sido llamados a declarar por estar acusados de formar parte de los Grupos Anarquistas Coordinados (GAC) y estar supuestamente relacionados con varias acciones terroristas.
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco dictó la prisión sin fianza a cinco de las quince personas detenidas esta semana supuestamente relacionadas con grupos anarquistas en Madrid, Palencia y Barcelona. Se los ha imputado por delito de “integración en organización terrorista de tipo insurreccionista-anarquista, pues a la característica del delito de organización criminal del artículo 570 bis del Código Penal se añade que su fin era el de subvertir el orden público y alterar gravemente la paz”, según el mismo juez.
Concretamente se los acusa de haber estado implicados en atentados como los de la catedral de la Almudena o la basílica del Pilar de Zaragoza, de estar involucrados en un intento de acción durante los actos de la coronación del rey Felipe VI en junio de 2014, así como en cuatro ataques a otras sucursales bancarias.
Respecto al resto de los diez detenidos, unos han quedado en libertad y otros con medidas cautelares a petición de la Fiscalía.
Inmediatamente todos los centros sociales han denunciado tras declaraciones esta ataque. Un centro del barrio de Madrid, en un comunicado han anunciado que: «La Quimera de Lavapiés, desde las 6:30 de la mañana ha sido asediada, y tras destrozar la puerta, registrada durante horas, sacando material perteneciente al centro social y a los colectivos que le dan vida. La policía se ha negado a mostrar ningún tipo de orden o dar alguna explicación de lo que estaba sucediendo. Esto no es más que otro ataque al movimiento anarquista con la intención de criminalizar y represaliar nuestra lucha».
También se desarrollaron en varias ciudades concentraciones y actos de protesta, duramente reprimidos por las fuerzas policiales, según anuncian en las redes diferentes colectivos de jóvenes anarquistas quienes no sólo denuncian la ofensiva represiva, sino también la persecución ideológica.
Esta ofensiva represiva del gobierno se da en el marco de todo un cuerpo legislativo que el Régimen impuso con la Ley Mordaza, tal como se denomina popularmente tras la gran indignación que esta ley provocó. La ley es conocida por convertir en delitos la protesta social, con penas de cárcel o multas de hasta 600.000€ por convocar manifestaciones o acudir a las mismas si las autoridades no las permiten, o considerar la resistencia no violenta atentado a la autoridad.