Injusticia Universal: la Audiencia Nacional española archiva el “caso Couso”

El archivo de la causa se impuso por la reforma de la Ley relativa a la justicia universal que hizo el Partido Popular. El juez a cargo de la causa lamentó que “el delito quedará impune”. El periodista español José Couso murió en 2003 durante la invasión de Irak bajo fuego de un tanque norteamericano.

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, cerró este martes el “caso Couso”, archivando definitivamente la causa en la que investigaba el asesinato del cámara y reportero gráfico José Couso, que murió el 8 de abril de 2003 en el hotel Palestine de Bagdad durante la invasión de Irak.

La decisión del juez responde al cumplimiento de la reforma legislativa del Partido Popular aprobada en el Congreso en 2014, que impone límites a la justicia universal.

Dicha reforma, que restringía drásticamente la competencia de los jueces españoles para perseguir delitos cometidos fuera de su territorio, fue ratificada con el reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre la causa del genocidio en el Tíbet (“caso Tíbet”) estableciendo doctrina a la hora de su aplicación.

El “caso Tíbet” y la reforma de la justicia universal

El “caso Tíbet” fue la clave del proceso que provocó la reforma de la ley de justicia universal del PP, la cual fue avalada por la Audiencia Nacional en junio del pasado año, archivando la causa por nueve votos a favor y siete en contra. Finalmente, en abril de 2015, el Tribunal Supremo decidió por unanimidad confirmar el archivo ordenado por la Audiencia Nacional.

La causa de la acusación de genocidio en el Tíbet arrancó en junio de 2006, con una denuncia del director de la Fundación Casa del Tíbet de Barcelona, Thubten Wangchen ante la Audiencia Nacional. Sus repercusiones internacionales no se hicieron esperar.

A cargo de dicha causa, el juez español Ismael Moreno, ordenó en febrero pasado la busca y captura para su detención e ingreso en prisión incondicional de cinco exdirigentes chinos, entre ellos, nada menos que el expresidente Jiang Zemin, acusados de los delitos de genocidio, torturas y lesa humanidad en relación a la represión en el Tíbet.

La decisión provocó una catarata de reacciones diplomática por parte del gobierno chino, que expresó su “fuerte malestar” y su “firme oposición” a la decisión de la Justicia española, así como su deseo de que el Gobierno resolviera “de forma apropiada” el asunto.

La respuesta del gobierno español fue organizar a las apuradas una reforma judicial para restringir la capacidad de los jueces en la investigación de delitos fuera de las fronteras españolas, garantizando que el caso no se investigase y “salvando” las relaciones diplomáticas entre China y el Estado español. De rebote, la nueva normativa provocó la excarcelación de más de medio centenar de supuestos narcotraficantes.

Tras la sentencia del Tribunal Supremo –dictada por el pleno de la Sala de lo Penal por unanimidad- archivando definitivamente el “caso Tíbet”, se suprimió también el margen para continuar la investigación del “caso Couso”.

En el auto de archivo del “caso Couso”, el juez Pedraz indica que dicha doctrina “es extensible a procedimientos con similar fundamento” y se lamenta de que “el flexo no podrá mantenerse encendido”, puesto que la reforma de la justicia universal “impide la persecución de cualquier crimen de guerra cometido contra un español salvo en el difícil supuesto de que los presuntos responsables se hayan refugiado en España”.

De este modo, quedan sin efecto las órdenes de búsqueda y captura contra el sargento Thomas Gibson, el capitán Philip Wolford y el teniente coronel Philip de Camp, del regimiento de blindados Nº 64 de la Tercera División de Infantería Acorazada de Ejército de los EEUU, quienes estaban procesados por los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, en concurso con delito de Homicidio.

Crimen de guerra e impunidad

Para el juez, a pesar de que existen “suficientes indicios racionales” contra los tres militares del Ejército norteamericano para enjuiciarlos como autores de un “crimen de guerra”, tal y como señala el artículo 146 del IV Convenio de Ginebra, con la ley impulsada por el Partido Popular se favorece la impunidad.

“Ni la búsqueda en España ni en otros países va a ser posible: la nueva norma dictada por el legislador español impide la persecución de cualquier crimen de guerra cometido contra un español, salvo en el difícil supuesto de que los presuntos criminales se hayan refugiado en España (…)“Así, ante un crimen de tal tipo cometido contra periodistas o personas consideradas como población civil (por ejemplo, cooperantes), ni aun los familiares o el ministerio fiscal podrán instar la apertura de diligencias en España para al menos identificar a la víctima, solicitar la autopsia u otras diligencias urgentes o investigar cómo acontecieron los hechos”, señala el titular del Juzgado Central de Instrucción Nº 1.

A partir de ahora, los procesados militares norteamericanos procesados podrán “desplazarse a otros países que hayan suscrito el Convenio, e incluso a España, con la seguridad de que no van a ser buscados”, puesto que “en los archivos policiales o de otra índole no va a constar tal búsqueda”, agrega el magistrado.

“De esta forma, pese a que existen múltiples esfuerzos y recomendaciones a nivel mundial para perseguir y sancionar este tipo de delitos (…) el delito quedaría impune. La decisión del legislador será discutible y podrá provocar debates en torno a tal impunidad, no sólo para el presente casos sino para otros posibles, mas no corresponde a los jueces suplir al legislador”, concluye Pedraz.

Indignación de los familiares

Tras conocerse la noticia, los familiares y amigos de José Couso, que hace años mantienen una campaña permanente exigiendo justicia, expresaron en un comunicado estar “desolados e indignados” por el archivo de la causa y acusaron al PP de ser “culpable” de la decisión del magistrado.

“El Gobierno cambió la ley para proteger a los asesinos de mi hermano”, denunció David Couso, hermano del reportero, en declaraciones recogidas por el diario El País. Los familiares y allegados del periodista afirmaron este martes que recurrirán la decisión del juez Pedraz y que están dispuestos a llevar a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo.