Los nuevos datos aportados este fin de semana sobre la trama de corrupción “Púnica” salpican de lleno al Ministro de Economía Luis de Guindos y otros altos cargos del gobernante Partido Popular valenciano.
Con la apertura de los documentos que hasta la fecha se encontraban bajo secreto de sumario y que constan mayoritariamente de escuchas telefónicas e investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil el pasado fin de semana, salieron a la luz pública más detalles de unas de las mayores tramas de corrupción que han tenido lugar en el Estado Español. Un paso más al averno de la decadencia del Régimen del ‘78.
Las nuevas filtraciones del sumario del caso “Púnica” son una nueva estocada para el gabinete del presidente Mariano Rajoy. Las filtraciones del sumario, que ya se encuentran en manos de la Audiencia Nacional, desvelan el complejo entramado urdido para levantar un imperio de corrupción. Pero esto ya era conocido. Lo nuevo es que las escuchas relacionan de forma directa al actual Ministro de Economía, Luis de Guindos.
De acuerdo a la información aportada en el sumario, el cerebro de la red, Francisco Granados (ex Secretario General del PP de Madrid) se puso en contacto con el ministro para informarse sobre el proceso de privatización del organismo público de Aeropuertos y Navegación Aérea (AENA). Este contacto, que se produjo vía mail y tan solo tres meses antes de que Francisco Granados fuera detenido, se salda con la ayuda de Luis de Guindos, que le pone en contacto con Íñigo Fernández de Mesa, hermano del director general de la Guardia Civil. Según la transcripción, De Guindos dice a Granados que le llame y que él le avisará de que han hablado de este asunto.
Los datos aportados por la Guardia Civil, recopilados mayoritariamente a través de escuchas telefónicas, demuestran la red de sobornos construida entre políticos y empresarios. El epicentro de la trama se encuentra en la Comunidad Valenciana. Altos cargos del Partido Popular de dicha Comunidad Autónoma otorgaron suculentas adjudicaciones de obra a la multinacional Cofely.
Según los datos de sumario, Pedro García, directivo de Cofely, se encargaba de reunirse con los diferentes alcaldes y concejales de poblaciones valencianas. La investigación confirma que en apenas tres años la multinacional de origen francés recibió adjudicaciones por valor de 200 millones de euros.
Tras conocerse las filtraciones muchos representantes políticos de otras formaciones no han dudado en exigir públicamente explicaciones al Presidente del Gobierno y a su partido. Tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida han definido la trama “Púnica” como la mayor red de sobornos y corrupción. Pero en el decadente Régimen español nadie mantiene su honradez.
Tanto socialistas, con el caso de los EREs fraudulentos en Andalucía, como Izquierda Unida, con miembros implicados en la trama de desfalco y corrupción conocida como las “tarjetas black” de Caja Madrid, no parecen ser referentes con autoridad en asuntos de corrupción.
Aquellos políticos que con la hipocresía propia de la moralidad burguesa demandan esfuerzos y aplican ajustes a la clase trabajadora y clases populares, son los primeros que se benefician del aparato estatal para gestionar sus negocios.