Miembros de la CGT de Andalucía se enfrentan a penas de cárcel por la convocatoria de protestas de carácter sindical y feminista. La Asociación de Abogados Cristianos les acusa de un presunto delito de odio contra los sentimientos religiosos.
El pasado jueves dieron declaración al Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla Miguel Sevillano, Secretario General de CGT-Sevilla, y Felix Cervera, Secretario de la Organización CGT-Andalucia.
Se les acusa por la convocatoria de las protestas “la procesión del Santísimo Coño Insumiso” y el “Santo Entierro de los Derechos laborales”. Quien les denuncia reclama para ellos penas de hasta tres años de cárcel.
En el mismo momento que prestaban declaración, manifestantes se concentraron en la puerta de los juzgados para dar apoyo a los encausados. Realizaron una performance contra el integrismo religioso católico y por el derecho a la libertad de expresión. Entre otras reivindicaciones, denunciaron la criminalización que hay hacia los movimientos feministas, y plantearon la necesidad de luchar por la separación efectiva entre la Iglesia y el Estado.
La Asociación de Abogados Cristianos, calificada por distintos colectivos como una organización integrista y de ultraderecha, interpuso una querella contra la CGT por varias manifestaciones convocadas en ciudades como Madrid, Málaga y Sevilla. Protestas centradas en demandas básicas para las mujeres como el derecho al aborto, contra la violencia machista, o por la reivindicación de derechos laborales. Si bien en las dos primeras ciudades que hemos nombrado la demanda no tuvo éxito, en Sevilla el proceso llegó a los tribunales.
Los dos sindicalistas están imputados concretamente por la convocatoria de las manifestaciones que tuvieron lugar el pasado 10 de abril y una de mayo del año 2014, en la capital andaluza. En este caso, el principal motivo de la movilización era contra el despido, con motivos claramente homófobos, de una trabajadora de la empresa de autobuses Damas de Sevilla. En la protesta utilizaron de manera simbólica el nombrado ’Coño Insumiso’ y un ataúd donde se hallaban los derechos sociales laborales de las trabajadoras.
Ante ello, la Asociación de Abogados Cristianos alude a que estaban “recreando procesiones de Semana Santa, escenificadas en tono de burla” y que estaban “atacando las creencias religiosas” y a la Conferencia Episcopal.
Cabe resaltar que dicha organización ya protagonizó otras polémicas, con denuncias parecidas a la anterior y que expresan un discurso propio de los sectores más oscurantistas y reaccionarios de las instituciones eclesiásticas.
Así lo expresaba el abogado de la CGT y de la Cooperativa Jarsia, en declaraciones a el diario.es: “en los últimos años hemos visto como esta oscura asociación ha estado detrás de múltiples denuncias de este tipo que, lejos de ser delito, ha afianzado el derecho a la libertad de expresión, a las manifestaciones culturales y políticas”.
También expresa su asombro “por la utilización banal y basada en intereses políticos predemocráticos del derecho penal”, haciendo referencia a los artículos del Código Penal (como el art.522) en los cuales se ampara la Asociación religiosa.
Del mismo modo lo expresó Miguel Montenegro, Secretario general de la CGT Andalucía, en declaraciones a La izquierda Diario, donde calificó esta legislación como “propia de la época franquista” y “que atenta claramente contra la libertad de expresión” .Es por ello que una de las demandas de la CGT es la derogación de dichas normativas.
Consultado por nuestro diario, nos decía que “entendemos que es un abuso por parte de organizaciones completamente integristas, que una demanda tan desfasada y anacrónica haya llegado a los organismos judiciales. Algo que parece hasta cómico, teniendo en cuenta que otras cuestiones más graves como las demandas por casos de corrupción se quedan paralizadas”.
Y es que, si bien es cierto que parece de risa que en pleno S.XXI demandas así puedan llegar a la Justicia, sabemos que estos no son hechos nada casuales ni fortuitos. No es la última ni la primera vez que algo así ocurre.
Nada extraño, en realidad, teniendo en cuenta el poder que sigue teniendo la Iglesia Católica en nuestro Estado, siendo una de las instituciones que más beneficios y privilegios económicos recibe. Porque si bien acusaciones así puedan llegar a los juzgados, escandalosas declaraciones homófobas o contra las mujeres – incluso haciendo apología a la violencia de género- por parte de importantes representantes de la institución católica siguen escuchándose con total impunidad.