Entre el fin del lulismo y la amenaza de una derecha renovada

Ver también: Marina Silva es parte de la “vieja política»

En la disputa electoral entre Dilma Rousseff y Marina Silva están en juego al menos tres elementos. El deterioro de las bases económicas que mejoraron las condiciones de vida de los brasileños en los últimos años; el choque entre las aspiraciones generadas por el lulismo y los límites impuestos por los problemas estructurales del país; y los elementos de crisis de representatividad que estallaron en junio del año pasado.

Lulismo en lento pero sostenido declive

El ciclo de crecimiento asociado al lulismo se basó en el flujo excepcional de capitales extranjeros y en la enorme demanda de commodities por parte de China, que impulsaron el mercado interno. Al mismo tiempo, en la medida que la productividad industrial no acompañó el crecimiento de la demanda externa e interna, se agravaron los problemas estructurales del país.

La dependencia en relación a las importaciones y al capital extranjero aumentó vertiginosamente, convirtiendo al real en una de las monedas más volátiles a los flujos del capital internacional. La débil tasa de inversión y la oscilación de los precios internacionales provocan persistentes presiones inflacionarias. Los niveles de endeudamiento de las familias y empresas comprometen cada vez más el consumo. El mecanismo de elevar los intereses para contener la inflación y atraer capitales externos, agrava aún más la situación.

Es en ese marco que los empresarios se muestran reacios a nuevas inversiones, y las estadísticas dan cuenta de una economía prácticamente estancada, con tendencias recesivas. El desempleo aumenta, principalmente en la industria. Y el clima de estabilidad y mejora gradual del lulismo pasa por un momento transicional, de mayor preocupación. Ya no hay lugar para el entusiasmo de otros tiempos.

Junio de 2013, un primer choque entre el pasado y el futuro

Los cientos de miles de manifestantes que salieron a las calles el año pasado aún no sentían este clima de mayor exasperación provocado por el declive económico pues si bien la inflación ya se hacía sentir, el empleo y el consumo se mantenían todavía en alza.

La explicación más plausible para aquella explosión social está dada por la motivación de “querer más”, expresada en las demandas de más derechos sociales como el transporte, la salud, educación y vivienda. Las aspiraciones creadas por el “gradualismo lulista” y por la propaganda de “grandes avances sociales” se chocaron con los límites de un presupuesto público que destina 44% a intereses y amortizaciones de las deudas contraídas con el mercado financiero.

La deuda pública se transformó en un instrumento fundamental de atracción de capital extranjero y de altos rendimientos para los tenedores de títulos. Su consecuencia es la falta estructural de recursos para servicios públicos gratuitos y de calidad u obras públicas que resuelvan las necesidades más esenciales de la población más pobre.

La ola de huelgas, un segundo choque entre lo viejo y lo nuevo

El mes de mayo de 2014 fue el punto más alto de un ciclo ascendente de huelgas desde 2011, cuando más de 100 mil obreros de la construcción civil paralizaron sus actividades en todo el país por mejoras salariales. Gigantescas obras hidroeléctricas y polos petroquímicos, que reunían decenas de miles de obreros, fueron escenario de verdaderas rebeliones contra las condiciones subhumanas de trabajo.

Luego fueron los petroleros que intentaron detener la privatización de la Bacia de Libra do pre-sal; los profesores de Río de Janeiro que hicieron actos de 50 mil personas; los barrenderos que pararon esa “ciudad maravillosa” en pleno carnaval y obtuvieron enormes conquistas. Los choferes que paralizaron los principales centros urbanos del país. Los trabajadores del subterráneo de San Pablo que amenazaron el inicio de la Copa del Mundo. Y, finalmente, la huelga de los trabajadores de las universidades estatales de San Pablo, que dura casi cuatro meses y atraviesa la actual coyuntura electoral.

De conjunto, ese proceso puso en evidencia lo que los analistas definieron como “crisis del régimen sindical”, debido a las rebeliones desde las bases contra sus direcciones burocráticas, especialmente en el sector de servicios públicos, que alcanzaron amplia repercusión mediática. Un caso particular es la huelga de los trabajadores de la Universidad de San Pablo que al contar con una dirección democrática, combativa y no corporativa, logró que los trabajadores diesen un paso más en su nivel de conciencia. Crearon un organismo dirigente con representantes revocables elegidos en los lugares de trabajo y vincularon la lucha salarial con la defensa de la educación y de la salud frente a los ataques privatizadores.

Los desdoblamientos paradojales de la crisis de representación

En el transcurso de junio se desarrolló una caída vertiginosa de popularidad de todos los gobiernos del país a nivel federal, estadual y municipal, poniendo en claro que todos los partidos fueron afectados por el grito “no nos representan”. La ausencia de una alternativa política de izquierda, la inercia del fin del ciclo de crecimiento, los discursos demagógicos y medidas cosméticas permitieron que el régimen se recompusiera.

Hoy, al ser Marina el fenómeno más dinámico de la disputa electoral, la crisis de representación se expresa en una candidatura que defiende, aunque con un perfil renovado, valores neoliberales y oscurantistas de la vieja derecha. Es decir, justamente lo opuesto a los derechos económicos, sociales y democráticos que emergieron de las Jornadas de Junio y de las huelgas. Esta contradicción expresa, en primer lugar, los límites de junio. Pues es el resultado de la falta de una dirección política capaz de articular un programa político, económico y social con una salida de los trabajadores a las demandas más sentidas del país.

Pero, por otro lado, también expresa los límites y dificultades de los partidos dominantes para estabilizar y recomponer el sistema político. Sea cual sea el candidato que gane, el país pasará por un período de ajustes. Gobiernos y patrones buscarán descargar los costos de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores para preservar sus ganancias y aumentar la “competitividad” del capitalismo brasileño. Sin embargo, para tal fin, deberán derrotar las aspiraciones de los jóvenes que salieron a las calles por más derechos sociales, y tendrán que derrotar el proceso de recomposición de la clase trabajadora como sujeto de lucha.

Todo indica que el PSDB será el principal derrotado, dejando en jaque al que ha sido uno de los tres principales partidos del régimen político. En el caso de que Dilma pierda, se abrirá una disputa al interior del PT sobre quién se hará cargo de la derrota, con todas las consecuencias de lo que implica una “readecuación” después de 12 años de control de una enorme máquina burocrática estatal. La gobernabilidad de quien gane será aún más crítica ya que no contará con grandes partidos “unitarios” para negociar y dar base real de sustentación.

Por detrás del “voto” útil a Dilma como “mal menor” contra Aécio o Marina, así como los que pretenden aunque con incredulidad o desconfianza “dar una oportunidad” a Marina, se ocultan las aspiraciones que llevaron a las Jornadas de Junio de 2013. De ellas también pueden surgir las fuerzas que harán de estas elecciones apenas el preludio de nuevos enfrentamientos de la lucha de clases.