La ofensiva judicial contra Argentina de los holdouts (fondos de inversión que no entraron en los canjes de la deuda argentina de 2005 y 2010) ha bloqueado al menos temporalmente el normal pago a los demás acreedores y puesto al país ante una peculiar crisis. Fracasados hasta ahora los intentos de negociar, el gobierno de Cristina Fernández está buscando un cambio (como la “ley de pago en el ámbito nacional” que discute el Congreso) para hallar una salida. Más allá de cómo se resuelva la pulseada con los “fondos buitres” está claro que la misma tendrá importantes secuelas para la dinámica económica de Argentina, pero también, posibles repercusiones a nivel latinoamericano.
De hecho, varios pronunciamientos de gobiernos y foros en la región reflejaron su preocupación, en respaldo a las solicitudes de Cristina Fernández, como en la reciente cumbre de los BRICS en Fortaleza, Brasil, donde se insistió una vez más en el reclamo de reformas a la arquitectura financiera internacional, y se acordó la creación de un banco y un fondo común. Si bien el conjunto de los gobiernos de la región viene cumpliendo a conciencia sus compromisos con el capital financiero internacional, y varios de ellos podrían rivalizar con CFK por el título de “pagadores seriales”, ven con preocupación el “disciplinamiento” a un deudor de la región que intentó regatear más de lo permisible.
Buitres y cuestiones de fondo
El hecho es que un pequeño grupo de inversores (que apenas detenta un 1% de la deuda argentina actual) puso en jaque el servicio de la reestructurada con los canjes de 2005 y 2010 que abarcó a un 93% de la deuda. Y para ello logró el apoyo del Juez Griessa y de las más altas instancias de la justicia norteamericana, aunque no sea la política de las instituciones financieras imperialistas ni del conjunto del gran capital financiero el desconocer el acuerdo de 2010 ni hundir a Argentina.
Se puede deducir que, por un lado, los buitres encontraron viento a favor en la coyuntura internacional, signada por la crisis sistémica del capitalismo, por la volatilidad financiera y la aplicación de duros planes de ajuste estructural a deudores en crisis, como el paradigmático caso griego. Y por otro, que el caso argentino vino a “mentar la soga en casa del ahorcado” volviendo a poner sobre la mesa a la cuestión de la deuda externa latinoamericana.
Pero lejos de ofrecer concesiones, el imperialismo busca reforzar la dictadura de la banca y los grandes fondos inversores sobre un mundo crecientemente endeudado en el marco de la crisis capitalista internacional. El imperialismo pretende reglas más duras y no “mano blanda” ante los deudores díscolos. Quiere alejar el riesgo de defaults, que sean aceptados ajustes brutales “a la griega” y acotar a un mínimo las posibilidades de regateo de los países semicoloniales. Es en este contexto que actúan los “fondos buitres” contra Argentina, que por supuesto, no son más buitres que sus congéneres mayores de la gran banca internacional, los megafondos inversores y las transnacionales que comparten las pingües ganancias de la expoliación del mundo semicolonial y andan a la caza de negocios con nuevas “aperturas” económica a los deudores en dificultades.
La crisis argentina ilumina varias cuestiones del problema de la deuda externa latinoamericana. Veamos algunos elementos.
Una cuestión histórica
A pesar de la amarga experiencia de la “crisis de la deuda” en los 80 y de su “solución” en los 90 a través del programa neoliberal con sus ajustes estructurales, las privatizaciones masivas y al apertura al capital extranjero, la cuestión histórica de la deuda externa no se ha resuelto y mantiene su carácter estructural, como uno de los mecanismos básicos de la expoliación imperialista sobre América Latina, asegurando el trasvasamiento de un colosal flujo de recursos hacia los centros mundiales del capital.
Es cierto que fue descendiendo su magnitud en relación con el PBI en aumento durante varios años de crecimiento, lo que permitió manejarla en términos considerados sostenibles. Pero esto tuvo la contracara de la enorme punción de recursos devorados por la devolución de capitales y el pago de intereses, en desmedro de la inversión productiva, del desarrollo de infraestructura y del gasto social en educación, salud, vivienda, transporte, etc. Ningún indicador económico refleja suficientemente lo que Ozlak llama el “sacrificio relativo” demandado a cada habitante latinoamericano para sufragar el esfuerzo de pago.
En 2003 se calcula que la deuda externa de la región acumulaba unos 761 mil millones de dólares. A fines de 2012, a pesar del esfuerzo de pago y de que las tasas de crecimiento por varios años (que aseguraron el ingreso de divisas por saldos comerciales y por inversión extranjera directa –IED), se había elevado a 1.191 miles de millones.
Este nuevo endeudamiento se aceleró en los últimos años, cuando el comienzo de la crisis internacional señaló el declive primero y final después del “boom” de las materias primas y commodities para la región.
Entre tanto, el servicio de la deuda exigió desembolsos cuantiosos:
¿Una deuda sostenible?
Este proceso de nuevo endeudamiento combinado con el peso del servicio ha sido posible, de un lado, al esfuerzo exportador garantizado por el sesgo “reprimarizador” y extractivista de los patrones de acumulación sostenidos por los gobiernos neoliberales tanto como por los progresistas. Y por otro, gracias a condiciones favorables de acceso al crédito (fondos disponibles a nivel internacional, relativamente bajos intereses, menor nivel previo de endeudamiento, finanzas estatales bajo control). Finalmente, los datos de deuda externa pueden ser presentados como tranquilizadores por los analistas burgueses, en comparación con los años 80, pero sólo si se olvida un ingrediente que se ha desarrollado extraordinariamente en las últimas dos décadas: una deuda interna de magnitud similar a la contratada en el exterior, de la que se beneficia un entramado de bancos, grandes empresas e inversionistas nacionales y extranjeros, influyentes en los medios gubernamentales y ligados por fuertes intereses y negocios comunes a la banca y las bolsas internacionales. Si a ello le sumamos los enormes volúmenes que adquirió la fuga de capitales de países como Argentina y Venezuela y que participa y se beneficia de los complejos circuitos del endeudamiento externo, tenemos un panorama mucho más sombrío que el de las presentaciones oficiales.
Además, con una perspectiva de crecimiento para 2014 y 2015 a la baja (alrededor del 2,5%) y crecientes“turbulencias” comerciales y financieras, parece poco confiable el optimismo oficial de CEPAL que la deuda pública se mantenga “estable”, y que su nivel siga aceptable porque se sitúa alrededor de un 31% del PBI (en proporciones similares de deuda externa e interna). La apuesta a contrapesar la desaceleración económica recurriendo al capital extranjero vía nuevos créditos termina, como muestra la historia de dos siglos de deuda latinoamericana y sucesivas crisis, en un callejón sin salida, aumentando –a pesar de la sangría usurera-, la vulnerabilidad y subordinación de los países dependientes ante el capital financiero internacional y las instituciones imperialistas.
El fracaso de las políticas nacionalistas
Están a la vista los límites de las políticas de “blindaje” mediante la acumulación de reservas y austeridad“macroeconómica” practicados por la mayoría de los gobiernos latinoamericanos (neoliberales o de centroizquierda), difícilmente sostenibles en un contexto de desaceleración y que viabilizan un creciente endeudamiento.
Pero también, el fracaso de políticas de discurso nacionalista como el “desendeudamiento” de que se ufanaba el gobierno kirchnerista. La política de “desendeudamiento” después del default derivado de la catástrofe de 2001, fue un gran negocio para los acreedores que aceptaron los canjes de 2005 y 2010 y, sobre todo, preservó y reafirmó el “sagrado principio” imperialista, de que la deuda externa se paga, sí o sí. Su “rebeldía” de corto vuelo se limitó a regatear los términos de ese pago, de una manera tan poco“nacional” que el servicio de la deuda reestructurada se cumplió con divisas de las reservas y aun monto que le permite decir a Cristina toda la verdad cuando autodesigna a su gobierno “pagador serial”. Gracias a esto, se pagaron 173 mil millones de dólares. Pese a esto, la deuda aumentó desde los 126 mil millones luego del canje de 2005, a los 215 mil millones en la actualidad.
En cuanto al tratamiento de la deuda venezolana por el gobierno de Chávez ilustra de manera inmejorable los estrechos límites del chavismo, que se detuvo respetuosamente ante esta “piedra de toque” de la dependencia. A pesar de contar con una generosa renta petrolera controlada desde la estatal PDVSA, la misma se dilapidó hipotecada a un creciente endeudamiento externo y financiando una fenomenal fuga de capitales, nutrido por el dólar barato entregado por el estado a la burguesía nacional. Desde el año 2003 hasta 2013, la deuda con acreedores internacionales aumentó más del 170%, llegando a unos 115 mil millones de dólares en 2013. Al mismo tiempo, la emigración de capitales acumula montos comparables a la deuda. Las medidas económicas adoptadas por Maduro, como las de CFK, con control de cambios, devaluaciones, ajustes, etc., arrojan sobre los hombros del pueblo trabajador los costos de esta situación.
No hay salida pagando
No hay salida de fondo sin romper con esta hipoteca sobre el presente y el futuro del pueblo trabajador y sus condiciones de vida. Es preciso dejar de pagar la deuda externa, acompañando esta medida con otras esenciales que garanticen la defensa de la economía contra las maniobras y agresiones de los especuladores y acreedores externos e internos. Entre ellas son fundamentales: la nacionalización del comercio exterior, ligada a la nacionalización de la banca y el crédito en manos del Estado, que hacen posible un verdadero control de cambios para utilizar las divisas en función de las necesidades populares y no de los buitres grandes y pequeños de las finanzas. Pero claro, esta tarea histórica queda en manos de la clase obrera y los sectores oprimidos del continente.