El martes pasado la Audiencia Nacional le impuso una fianza de 200.000 euros a Luis Bárcenas, mediante la cual el ex-tesorero del PP ya salió de prisión a la espera del juicio. Mientras tanto, condenan con duras penas de cárcel a la juventud.
En los últimos años los casos de corrupción han marcado el día a día del Estado español. Centenares de políticos, banqueros y empresarios, incluso miembros de la familia real, han sido imputados en algún caso de corrupción.
El 31 de enero de 2013 el periódico El País publicó unos papeles que daban cuenta de una contabilidad B – con dinero negro – que Bárcenas había llevado a cabo durante 20 años en el seno del PP. Dichos papeles implicaban a numerosos políticos y empresarios, entre ellos al actual presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y al anterior presidente popular, José María Aznar. Tras medio año de investigación, a finales de junio de 2013, el ex-tesorero ingresó en prisión preventiva a la espera del juicio. Ahora, un año y medio después, ha salido en libertad al abonar la finanza.
Mientras tanto, salen a la luz los casos más aberrantes de represión y corrupción policial y política contra la juventud. El más conocido es el que el pasado sábado estremeció a Cataluña tras la reproducción del documental «Ciutat Morta» por parte de la televisión autonómica. En el se da cuenta de un grave caso de abusos policiales, judiciales y políticos, con la connivencia de los medios de comunicación.
Pero el caso de Patricia Heras, Rodrigo, Juan, Alex y Alfonso no es más que el reflejo de lo que sufre la juventud en las grandes ciudades del Estado español, dónde la represión policial, política y judicial cae como una losa pesada sobre las espaldas de la juventud.
A principios de este año Alfon fue condenado a cuatro años de cárcel acusado de llevar explosivos el 14 de noviembre de 2012 – día en el que fue detenido durante una huelga general -. En este caso la policía el “endosó” una mochila con un cóctel molotov para poder acusarle – práctica calcada a la que usa la policía griega para encarcelar a los luchadores. Pasó dos meses en prisión preventiva en Soto del Real, interno en régimen FIES -Ficheros de Internos de Especial Seguimiento-. Este régimen consiste en un mayor control y vigilancia del preso para obtener información y es donde acaban presos miembros de bandas armadas o delincuentes organizados y autores de delitos muy graves. Las medidas utilizadas son consideradas como «tortura blanca», causando un intenso sufrimiento y deterioro del interno.
Otro caso es el de Miguel e Isma, detenidos durante la jornada del 22M. Fueron acusados de atentado contra la autoridad, desordenes públicos y lesiones contra agentes de policía. Pasaron 82 y 72 días en prisión preventiva. La única prueba existente es la declaración de la policía.
Desde el 15M – 15 de mayo de 2011 – han aumentado las denuncias de malos tratos por parte de los jóvenes luchadores detenidos. Torturas físicas y psicológicas, sufriendo palizas y siendo víctimas de vejaciones en los calabozos de las comisarías, están causando verdaderos escándalos como ocurre hoy en Barcelona con el caso del 4-F reflejado en el documental Ciutat Morta.