Alfonso Fernández Ortega, mejor conocido como “Alfon” ha sido condenado esta mañana por la Audiencia Provincial de Madrid a cuatro años de prisión.
El joven activista fue imputado por un delito de tenencia de explosivos durante el transcurso de la Huelga General celebrada el 14 de noviembre de 2012, y juzgado el pasado 25 de noviembre. La Fiscalía pedía para “Alfon” una pena de cinco años y seis meses de prisión.
Por su parte, el abogado de la defensa Erlantz Ibarrondo, ya ha comunicado que van a recurrir la sentencia.
Así, la sentencia a la que se ve sometido el joven de 23 años, y que puede tildarse de “ejemplificante” por parte del poder judicial, se une a la pena de 12 meses de cárcel a la que ya fue condenado recientemente por el juzgado de lo penal número 26 de Madrid, por delitos de “resistencia a la autoridad y lesiones”.
El mismo Alfon decía en una entrevista anterior al juicio: “hemos decidido entregar parte de nuestras vidas a una causa”. Y es que tanto la familia como diferentes colectivos; los “Bukaneros”, hinchas del club de fútbol Rayo Vallecano, del que Alfon forma parte, o la Asociación de Madres contra la represión de Vallecas -Madrid-, han sido parte fundamental para llevar adelante una fuerte campaña por la libertad de Alfon, con numerosas manifestaciones y una amplia movilización en las redes sociales.
Por si fuera poco, tal y como señaló el propio abogado Ibarrondo, la sentencia a Alfon viene precedida por un montaje policial y plagada de irregularidades judiciales durante el mismo juicio.
No obstante, aquí no acaba el proceso de criminalización que ha sufrido Alfon en estos dos años. El caso reviste mayor gravedad teniendo en cuenta que después de ser detenido durante la Huelga General, el joven activista pasó dos meses en prisión preventiva en Soto del Real, interno en régimen FIES -Ficheros de Internos de Especial Seguimiento-.
El régimen FIES consiste en un mayor control y vigilancia del preso para obtener información. Las medidas utilizadas en este régimen son consideradas como «tortura blanca», causando un intenso sufrimiento y deterioro del interno. Para entender mejor, el FIES es donde acaban presos miembros de bandas armadas o delincuentes organizados y autores de delitos muy graves. Este caso es fiel reflejo de la política del miedo que aplican las fuerzas represivas y sus mandos políticos contra tantos luchadores.
Sin duda, el caso de Alfon es el paradigma de la actual política del miedo que ejerce el Gobierno del PP para contener a miles de activistas, trabajadores y jóvenes indignados que luchan por defender sus derechos y libertades actualmente en el Estado español.
Sin embargo, al calor de la crisis y desde el surgimiento del movimiento de los Indignados en 2011, estamos asistiendo a una campaña represiva que redobla esfuerzos en la criminalización de las protestas y la persecución de miles de activistas, que como Alfon, han sido sancionados y procesados por luchar contra las políticas de austeridad del Gobierno.
En este aspecto, la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, mejor conocida como Ley Mordaza y que entró en vigor el diciembre pasado es un punto fundamental a favor del Gobierno para endurecer las sanciones contra tantos activistas que luchan contra las políticas de austeridad y por la defensa de sus derechos, y a la vez que pueda servir de advertencia para muchos otros.
Y es que como dijo Alfon en relación a esta campaña represiva que está llevando a cabo el Gobierno del PP: “Hoy es mi caso pero en los próximos meses habrá más».