La ley mordaza entra en vigor: un paso más en la escalada represiva

Este miércoles entran en vigor la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal, un ataque frontal a las libertades democráticas y un retorno a la legislación franquista. Están convocadas movilizaciones en decenas de ciudades para desafiar la Ley Mordaza.

Claves para entender la Ley Mordaza

La polémica Ley de Seguridad Ciudadana, finalmente entrará en vigor el próximo 1 de Julio. La popularmente conocida como Ley Mordaza, aprobada con el apoyo único del Partido Popular que cuenta con mayoría absoluta, ha recibido una fuerte oposición tanto desde las calles y el activismo como desde los demás grupos parlamentarios por considerarla una violación a los derechos de libertad de expresión y manifestación.

La Ley Mordaza cuenta con un total de 45 infracciones -clasificadas entre graves, muy graves o leves- que contemplan sanciones que podrían alcanzar los 600.000 euros en el caso de las consideradas más graves. Desde su formulación, ha sido objeto de un enorme rechazo por parte de la sociedad civil, organismos nacionales e internacionales (como la ONU o la OSCE), diversas ONG así como por parte de la práctica totalidad de los partidos de la oposición.

Entre las infracciones leves, multas de entre 100€ y 600€, se incluyen la ocupación de inmuebles y entidades bancarias, las faltas de respeto y consideración a la policía, el escalar edificios o el negarse a identificarse.

Las acciones consideradas graves, penalizadas con multas que van desde los 601€ a los 30.000€, incluyen manifestarse frente al Senado, Congreso y parlamentos autonómicos, el impedir un desahucio, negarse a disolver una manifestación o grabar a la policía.

Serán consideradas muy graves, y con penalizaciones de 30.001€ a 600.000€, reunirse o manifestarse en infraestructuras de servicios públicos o celebrar espectáculos o actividades recreativas saltándose una prohibición o suspensión expresa de la autoridad.

Además, la nueva ley dará cobertura legal a las llamadas «devoluciones en caliente”, según la cual los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza con Ceuta o Melilla, y sean interceptados, serían rechazados en España a fin de impedir su entrada. Otras novedades serán la pérdida de la potestad por parte de los jueces de hasta 3 millones de infracciones, que pasarán a ser consideradas faltas administrativas, el mayor valor probatorio concedido a las denuncias formuladas por las fuerzas policiales, y la mayor persecución de declaraciones y movilizaciones convocadas a través de las redes sociales.

Algunas medidas planteadas en la reforma del Código Penal

El 1 de Julio entra también en vigor la reforma del Código Penal planteada por el anterior ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, y firmada conjuntamente por el PP y el PSOE en el marco de un nuevo Pacto Antiterrorista.

La nueva reforma contempla un Código Penal mucho más severo eliminándose las faltas, que ahora pasarán a ser consideradas infracciones o delito. La nueva regulación contempla además penas por ayudar a aquellas personas migrantes que se encuentren en situación irregular. Una de las medidas más polémicas del texto es la introducción de la Cadena Perpetua, denominada en un particular ejercicio de cinismo «prisión permanente revisable».

Las nuevas reformas de ley forman parte de una campaña que busca sistematizar una represión que se ha ido intensificando con el fin de perseguir y criminalizar las protestas sociales. Una persecución que contrasta con la impunidad de la que parecen gozar políticos y empresarios corruptos, torturadores policiales, etc. Demostrando que la justicia esta lejos de ser “igual para todos”, y que el gobierno ha emprendido una guerra sin cuartel contra miles de trabajadores, jóvenes, activistas que, hartos de pagar los costes de la crisis capitalista, han alzado sus voces contra las políticas de de recortes y empobrecimiento social.

Ejemplos de dicha política de criminalización y represión que pretenden aplicar Rajoy y el Partido Popular son el caso de los catorce activistas del 15M por los que la fiscalía pide 74 años de prisión, el reciente encarcelamiento del activista social y bukanero Alfonso Fernández, más conocido como Alfon, los anarquistas detenidos de la operación Piñata, jóvenes luchadores como Aitzol, Roger i Mercader, y otros tantos activistas, sindicalistas y demás luchadores en defensa de sus derechos y libertades.

Por todo ello, desde la presentación del anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, se vienen desarrollando manifestaciones en rechazo a esta ley, convocadas desde la plataforma No Somos Delito, así como desde otros colectivos y organizaciones. Este martes todos aquellos que defendemos la libertad de expresión y manifestación tenemos una cita en más de 30 ciudades españolas para exigir la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal, y por el fin de esta campaña de represión y amordazamiento de la movilización obrera y popular.