Después de más de tres años de presión e incerteza, el próximo 30 de junio tendrá lugar en la Ciudad de la Justicia de Barcelona el juicio contra Roger Sánchez y Saturnino Mercader, dos trabajadores encausados por la huelga general del 29 marzo 2012, a quienes hemos entrevistado.
Son cientos las personas encausadas por luchar en el Estado español, muchas de ellas con graves penas de prisión. El viernes 26 de junio se realizó una concentración en el barrio de Sant Andreu, donde entrevistamos a Roger y Mercader. Su “delito”: haber participado de los piquetes informativos de la huelga del 29M de 2012.
Roger Sánchez, militante de Endavant-O San, del barrio de Sant Andreu y miembro de Punto de Encuentro de Afectados por la crisis, nos cuenta lo sucedido el dia de su detención: “Estoy acusado de bajar las persianas de dos supermercados durante la jornada de lucha y de resistencia a la autoridad. El fiscal solicita 6 años de prisión. Fui detenido en principio por unas pintadas. Estuve retenido 27 horas y fui puesto en libertad sin tan siquiera declarar ante el juez. Fui citado seis meses después exclusivamente por las pintadas. En octubre de 2013, un año y medio después de los hechos, recibí la notificación de estar acusado de atentado al derecho al trabajo por bajar las persianas. Por otra parte, algo muy habitual en cualquier jornada de huelga general. La pena acaba siendo dos años y medio por cada persiana más uno por resistencia a la autoridad”.
Para Saturnino Mercader, conductor de autobuses y miembro del comité de empresa en TMB (Transportes Municipales de Barcelona), la acusación es de resistencia a la autoridad y le piden 2 años. Así nos lo cuenta: “Cuando regresaba del piquete de la empresa, donde la huelga general había tenido un seguimiento muy importante, me encontré con varios agentes de la Guardia Urbana que estaban deteniendo a Roger de forma violenta. Varias personas se acercaron a protestar, entre ellas yo, y un agente de la guardia urbana me señaló diciendo “yo a ti te conozco”. Y efectivamente así era, durante un año de movilizaciones en las cocheras de los autobuses, cada dia mandaban a la patrulla de la guardia urbana a la puerta. Al día siguiente tenía en mi casa la citación judicial acusado de “dirigir un grupo de unas 30 personas de estética okupa que pusieron en riesgo la seguridad de los agentes”. Ante estos supuestos hechos, el fiscal me pide 2 años de condena”.
Cabe recordar que Mercader participó en la gran huelga de los conductores de TMB del año 2007, luchando por conseguir dos dias consecutivos de descanso, de la cual fue un importante referente y lo sigue siendo en su lucha constante junto a los trabajadores y trabajadoras.
Roger, cabeza visible de los movimientos sociales del barrio de Sant Andreu, explica que “La fecha del juicio ha sido notificada solamente con tres semanas de plazo, que es el mínimo que marca la ley, con lo cual no ha habido posibilidad de una gran difusión para reclamar el apoyo general”.
Nuevamente el sistema se defiende atacando y actuando de forma cada vez más desmesurada con el único objetivo de inculcar el miedo y la represión. Este juicio coincide en el tiempo con la entrada en vigor de la Ley Mordaza, un brutal ataque contra los derechos y libertades democráticas que va aser respondido con manifestaciones y protestas, y también semanas después de que el jóven Alfon entrara en prisión por un montaje policial que ha causado un amplio rechazo e indignación. Es evidente que hay un gran sentimiento de rechazo cada vez más extenso y coordinado contra todas las maniobras de las fuerzas represivas, y de ahí el empeño de parte del Régimen de actuar contra todo aquel que alza su voz más de lo normal, contra todo el que defiende sus derechos y pelea por ello. Además no podemos olvidar que son los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras lo que está en juego.
El abogado de los encausados Eduardo Cáliz, ha denunciado que “el juicio es un ejemplo de manual de cómo se utiliza el Derecho Penal contra el enemigo para tratar de crear un «estado de excepción» que criminalice la disidencia y la contestación social”.
El Ayuntamiento de la ciudad, gobernado por Ada Colau, ha decidido no presentarse como acusación popular, aunque ha rehusado de dar un apoyo explícito a los encausados y rechazar la actuación de “piquetes patronales” que lleva adelante la Guardia Urbana en las jornadas de huelga general. El argumento para retirarse de la acusación ha sido que ya es suficiente con la acusación del ministerio fiscal y alegar la ausencia de daños materiales.
El jueves 25 de junio, Mercader y Roger dieron una rueda de prensa junto al grupo de apoyo a los encausados y el concejal de la CUP-Capgirem Barcelona Josep Garganté, para explicar el caso. Allí valoran positivamente la retirada del Ayuntamiento, pero reclamaron que se desista igualmente de actuación judicial en otros casos similares y han lamentado que el gobierno municipal no les haya contestado aún a la reunión que tienen solicitada para tratar este grave asunto. Son decenas los represaliados de los últimos años que tienen al ayuntamiento como acusación particular. También criticaron el hecho de que el consistorio pague con dinero público a un abogado privado para llevar los casos de la Guardia Urbana.
Los grupos de apoyo han convocado una concentración ante las puertas de los juzgados a las 11h. para mostrar el respaldo a ambos luchadores, victimas y cabezas de turco de la ola de represión que sufren todos aquellos que luchan y reivindican sus derechos como ciudadano y trabajador.