Un frente nacional contra el derecho de autodeterminación

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y el líder del primer partido de la oposición, el socialista Pedro Sánchez, acordaron ayer trabajar «coordinadamente» en defensa de la Constitución y de la unidad nacional.

Rajoy y Sánchez se reunieron en la sede de la Presidencia del Gobierno al día siguiente de que las formaciones catalanas Junts pel Sí y CUP pactaran una resolución en el Parlament para iniciar, según sus redactores, el proceso de construcción de un Estado catalán que incluirá a 7,5 millones de habitantes.

Tanto el Gobierno como el PSOE informaron de la entrevista en sendos comunicados idénticos en los que afirman que van a «trabajar coordinadamente en defensa de la Constitución, de la unidad nacional, de la soberanía nacional y de la igualdad de todos los españoles».

Los dirigentes de los dos partidos mayoritarios en España ya habían dialogado tras conocer la resolución de las fuerzas independentistas catalanas, que ambos consideran ilegales por ser contrarias a la Constitución. Inmediatamente después Rajoy salió a responder en una rueda de prensa de urgencia.

Rajoy hizo hincapié en que adoptará todas las medidas legales para responder a la iniciativa del independentismo catalán, mientras que Sánchez dijo que éstos se sitúan «fuera del sistema democrático» y les hace «merecedores de la condena política más severa».

El jefe del Ejecutivo ya había avanzado previamente su intención de reunirse con representantes de otras fuerzas políticas, como Sánchez y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que también rechaza la idea de que Catalunya pueda ser independiente.

Pero no sólo los grandes aparatos que conforman el viejo bipartidismo español se han pronunciado en contra del proceso en Catalunya. Además de Ciudadanos, una de las fuerzas políticas emergentes desde la derecha, también se a sumado a su modo Podemos a este frente.

Íñigo Errejón, Secretario Político de Podemos, se ha reprendido el proyecto independentista y ha dicho que la declaración de independencia es «inaceptable» y ha considerado que CDC así como el PP están interesados en «una cortina de humo», para tapar su protagonismo en los casos de corrupción. Según él, se han convertido «cada uno en la mejor coartada del otro».

También el candidato de Izquierda Unida (IU) a la Presidencia del Gobierno, Alberto Garzón, reiteró ayer en el Congreso de los Diputados su rechazo a una “declaración unilateral de independencia” por parte de Catalunya y defendió la posición tradicional de IU a favor de un Estado Federal. Garzón reafirmó que IU “siempre” se ha opuesto a la independencia, bajo el argumento de que los problemas económicos y sociales de las clases populares en Europa deben resolverse “juntos” y no “separados”.

La posición de IU ante la cuestión nacional en general y la catalana en particular, sin embargo, ha sido históricamente contradictoria, puesto que al mismo tiempo que dice defender el derecho de autodeterminación, lo niega constriñendo el ejercicio de este derecho a los marcos del Estado español bajo la fórmula de una solución federalista.

Una posición similar a la de Podemos. Ambos hablan de que los catalanes deben decidir en un referéndum. Pero tanto IU como la formación morada consideran que éste debe ser “otorgado” desde las Cortes españolas, lo que deja al «derecho de autodeterminación» como un mero recurso retórico. Y ubica a estas formaciones como «pilares de izquierda» del Régimen del 78, sin saltarse sus marcos.

Los empresarios piden una solución al independentismo catalán
Los grandes empresarios también se han mostrado inquietos frente a la situación política en Catalunya. Durante un congreso que congrega en Barcelona a representantes de grandes empresas intervino ayer el presidente de la patronal española (CEOE), el catalán Juan Rosell, para quien la situación de Catalunya no se puede dejarse durante más tiempo «sin control. «Estamos ante un problema político de una dimensión importante y ante problemas políticos lo que hay que poner encima de la mesa son soluciones políticas», dijo Rosell, quien calificó de error que desde Catalunya se intente «ir hacia posiciones mucho más locales» propias del siglo XIX.

El presidente de la Asociación de Empresas de Gran Consumo (AECOC), Javier Campo, advirtió de que la situación política en Catalunya puede suponer un freno en los procesos de ajuste que necesita el Estado español para seguir creciendo según él.

En su opinión, independientemente de ideologías, lo que ocurre en Catalunya genera una «fuerte tensión» con el resto del Estado, así como una situación institucional «poco deseable» y una inseguridad jurídica «que no puede ser buena».

El Estado y el gobierno preparan una salida judicial y penal a las aspiraciones de millones

La tramitación de la declaración independentista quedó ayer paralizada momentáneamente por iniciativas de partidos de la oposición en el parlamento catalán, lo que podría aplazar su aprobación hasta después del primer pleno de investidura del presidente de la Generalitat, previsto como fecha límite el 9 de noviembre.

El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, aseguró que confía no tener que suspender la autonomía que rige en Catalunya ante los planes independentistas de esos dos partidos, medida extrema prevista por la Constitución.
A pesar de las ambigüedades de la resolución independentista, y las limitaciones de un proceso dirigido por Mas y CDC para conquistar el legítimo derecho de autodeterminación del pueblo catalán, el Estado y el gobierno preparan todas sus herramientas para acabar con este proceso.

Expertos constitucionalistas consultados por EFE dijeron hoy que las dos principales opciones para afrontar el independentismo catalán son suspender la autonomía, o que se aplique la reciente reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que da capacidad a esta institución para actuar contra los cargos públicos que incumplan sus resoluciones.

Pero entre esas dos actuaciones hay sectores más duros, como UPyD, que apuntan también la opción penal, considerando que el movimiento independentista puede ser catalogado como un delito de rebelión contra el ordenamiento constitucional. Ayer el partido de Rosa Díez presentó ya una denuncia sobre la presidencia de la mesa del Parlament y los diputados que presentaron la moción por el delito de sedición.