“Juro que no negaré asistencia sanitaria a nadie, salvo que no tenga N.I.E ni D.N.I”

Con esta frase irónica cientos de médicos y médicas están impulsando una campaña contra de las medidas racistas y xenófobas del Gobierno del PP, que restringen el derecho a la sanidad pública a los inmigrantes en situación irregular. Médicos y médicas de familia, profesionales de todas las especialidades médicas, de enfermería o administrativos de salud plantearon que: “queremos servir de vehículo de transmisión para que el personal sanitario reivindique, ejerza su derecho a la resistencia y su derecho a curar a toda persona que lo requiera, independientemente de su situación administrativa”. (El País, 22/08/2012).

Mientras, organizan manifestaciones junto a las asociaciones de inmigrantes, los médicos se niegan a aplicar la nueva medida del Gobierno del PP publicada en abril de este año, tras un real decreto que anuncia nuevas reformas de la Ley de Extranjería para poner en marcha aún más restricciones1. Esta vez, la reforma juega con la vida y la muerte de las personas inmigrantes en situación legal irregular: “El padrón no les bastará”, ha manifestado la Ministra de Sanidad Ana Mato, quien explicó que para otorgar la tarjeta sanitaria se verificará que quienes la solicitan “de verdad” viven y “trabajan como nosotros y pagan sus impuestos”. Es decir, que tienen residencia legal en España. (El País, 26/06/2012). Por tanto, sólo podrán acceder a las urgencias, la maternidad y los cuidados de los niños, que es la asistencia básica asegurada a cualquier persona. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, la población de extranjeros residentes en España es de 5.711.040 personas, y el número de extranjeros en situación legal asciende a 5.251.094, según los datos del ministerio de Empleo. Por tanto, la cifra de ciudadanos “sin papeles” que podrían verse afectados alcanzaría al medio millón de personas.

¡La culpa no es de los inmigrantes, es de los capitalistas!

Esta medida supone un giro radical a la política aplicada desde el año 2000 bajo un Gobierno también del PP, presidido por José María Aznar. En esos tiempos la economía “estable y en crecimiento” necesitaba de una masiva mano de obra barata para ocupar puestos de trabajo en sectores como los servicios o la construcción. Es así que la Ley de Extranjería, reformada por última vez en el año 2000, establecía que los extranjeros que se encontraban en el Estado español inscritos en el padrón del municipio en el que residían tenían “derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones de los españoles”. Los que no tienen ni el padrón, tienen derecho a las urgencias, la maternidad y la atención infantil. Hasta 2000 únicamente se reconocía el derecho a la atención sanitaria gratuita y sin trabas administrativas a los extranjeros en la atención de urgencias, ya fuera por accidente o por padecer una enfermedad grave hasta que el paciente recibiera el alta. También se atendía la asistencia al embarazo, parto y postparto, y los cuidados a los menores.

Sin embargo hoy, ante el pinchazo de la burbuja inmobiliaria de la que se aprovecharon las empresas constructoras y ante una crisis que está dejando millones de parados, estos trabajadores son despreciados con toda una serie de medidas racistas y xenófobas. Es que ya no sirven más para llenar los bolsillos de los empresarios corruptos, enriquecidos por los pactos de las constructoras y los bancos. De más está decir que estos negocios multimillonarios salpicaron a políticos tanto del PP como del PSOE. Por tanto, estos trabajadores y trabajadoras ya no son útiles para los capitalistas, motivo por el cual mientras se los declara culpables de la crisis, se los destina a los CIES (Centros de Internamiento para Extranjeros), expulsiones, más discriminación y como si esto fuera poco, la exclusión a un derecho tan elemental como la atención médica; es decir casi la muerte.

La causa de la migración está en el mismo sistema capitalista imperialista: la huida de millones de inmigrantes de sus países de origen está impulsada por los Gobiernos y multinacionales imperialistas que, mientras expolian a los países coloniales o semicoloniales de América Latina, África, Asia y Europa del Este, condenan a la miseria y al hambre a millones de personas. Por eso los trabajadores nativos tenemos que unirnos y luchar por las reivindicaciones de los sectores más explotados y oprimidos de la sociedad, pelear contra las medidas xenófobas y racistas de este Gobierno imperialista como el del Estado español. Pelear también porque sea en base a los beneficios millonarios de esos pulpos imperialistas cómo se resuelva el problema del empleo de trabajadores nativos y extranjeros, mediante el reparto de horas de trabajo entre los obreros disponibles. Por eso es un importante ejemplo el rol de estos médicos y médicas que se oponen a las medidas de Rajoy. Es más importante que nunca la unidad en la lucha contra estas durísimas medidas racistas.

¡Abajo la Ley de Extranjería!
¡Papeles para todos!
¡Regulación inmediata sin condiciones!
¡Por el cierre de los CIES!
¡Nativa o extranjera, la misma clase obrera!

NOTAS:

1. Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud