La semana pasada el jefe de la Guardia Urbana de Barcelona anunció que el Consistorio, dirigido por Barcelona en Comú, permitió el refuerzo de unidades policiales contra los vendedores ambulantes, mayoría inmigrantes.
La manta en la calle, en el metro y esos jóvenes que para poder subsistir salen a vender desafiando la persecución policial, son otras de las postales de las capitales españolas y parte del gran drama de la inmigración.
Son los vendedores ambulantes o los llamados ’top manta’, en su mayoría inmigrantes de origen subsahariano, en ’situación irregular’ según las exigencias de las reaccionarias leyes de extranjería y por tanto, sin derecho a un trabajo digno.
La reforma del Código Penal también afecta a uno de los sectores más precarios de la clase trabajadora inmigrante, ya que tipifica la venta ambulante como delito, siendo entonces motivo de entre 6 meses y dos años de cárcel, que les puede generar antecedentes penales aumentando así las trabas legales para obtener su residencia legal. Además de que puede ser la puerta para la expulsión del país.
Este colectivo también participó de las movilizaciones contra la ’ley mordaza’ y la permanente persecución policial ha llevado incluso a enfrentamientos con la guardia urbana y actos de resistencia con movilizaciones y concentraciones. Son contantes las campañas por la despenalización, por ejemplo de la plataforma estatal «Ni un solo mantero en prisión».
En Barcelona, la semana pasada el jefe de la Guardia Urbana, Evelio Vázquez, —máximo responsable uniformado del cuerpo desde 2011 nombrado por el anterior alcalde Xavier Trias (CiU)— anunció que el Consistorio ha permitido el refuerzo de unidades policiales tanto contra los manteros como los ’lateros’ que venden latas de bebida en la calle. El nuevo gobierno de Colau “atendía” así a la reaccionaria petición de los “sindicatos” policiales que días antes habían exigido apoyo de los antidisturbios a los agentes ocupados de la campaña contra el “top manta”, ante la resistencia que en ocasiones ejercían los vendedores y otras reacciones solidarias con ellos de parte de ciudadanos de a pié.
Por tanto, habrá un nuevo despliegue decretado por el área de Seguridad del equipo de Barcelona en Comú, que activará a medio centenar de policías antidisturbios entre la USP -destinados a horario diurno- y la Unitat Nocturna Operativa Centralitzada (UNOC).
También aseguró que Ada Colau buscará otro tipo de soluciones ya que no quiere responder sólo por la vía de la represión policial. Lo cierto es que hasta el momento la persecución es la única política real del nuevo ayuntamiento. Vázquez negó haber recibido órdenes de bajar la presión contra los manteros, tal como ocurrió con los manifestantes contra los desalojos de centros ocupados o desahucios.
Como decíamos en otro artículo, acabar con el ataque y persecución constante contra este gran sector de inmigrantes es una de las tareas pendientes en la lucha contra el racismo institucional, las razias, las persecuciones.
Estos son los peligros a los que se enfrentan estas personas que no tienen medios para subsistir, una vez que han logrado saltarse las vallas de Ceuta o Melilla. Según diferentes organizaciones en defensa de los inmigrantes, alrededor de 600 personas fueron encarceladas entre 2003 y 2010 por vender en la calle.
La campaña mediática y de parte de la guardia urbana lo acusa de desarrollar una «actividad ilegal» que «perjudica a los artistas y las grandes firmas de moda por vulnerar derechos de propiedad intelectual e industrial» y de «ocasionar millonarias pérdidas económicas». Hasta ahora, el gobierno municipal de Ada Colau no sólo se negó a paralizar estas campañas persecutorias y racistas, sino que además las reforzó con más antidisturbios en las calles.
El sábado 20 de Junio en la concentración frente al CIE de Zona Franca de Barcelona, Ada Colau afirmó que «Desde el Gobierno municipal que ahora comienza, nos comprometemos firmemente a hacer todo lo posible para que Barcelona sea una ciudad libre de Centros de Internamiento».
Se comprometió a apoyar esta demanda que los movimientos sociales llevan años tratando de imponer al Ministerio del Interior, de quien dependen los CIEs. Sin embargo, en lo que es competencia directa de la alcaldesa: actuar contra la larga cadena de opresiones y persecuciones racistas que sufren las personas inmigrantes para poder subsistir en estas suntuosas ciudades como la misma Barcelona, en este caso la persecución policial contra el “top manta”, la actitud es la contraria. Este racismo institucional se mantiene y hasta refuerza.
Muchos de ellos acaban en los CIEs que Ada Colau prometió exigir al Gobierno central cerrar, aunque permitirá que se siga persiguiendo en Barcelona a los ’top manta’ y lateros. De este modo, Barcelona en Comú continuará, como los distintos gobiernos de turno, cuidando la propiedad privada de los grandes centros comerciales como «El Corte Inglés» y las empresas turísticas y hoteleras de lujo que necesitan la ’marca Barcelona’ libre de manteros africanos o los lateros árabe-musulmanes.
De este modo, Ada Colau llena el vacío ante la falta de concreción en su programa de aspectos tan importantes como la lucha contra el racismo institucional, con más policías. Este es el resultado de la búsqueda de entendimiento con PSC y ERC y de colaboración con CiU, la Generalitat y los grandes inversores — y el lobby turístico de la ciudad—, como ya lo vimos con el apoyo a la firma del MWC.