Los “ayuntamientos del cambio” y los límites de la democracia capitalista

En otros artículos hemos abordado los límites y contradicciones de los gobiernos “ciudadanistas” y cómo, al carecer de una estrategia anticapitalista e independiente de los partidos del Régimen del 78, estos acababan abandonando consignas elementales como el “No pago de la deuda”, sin la cual es imposible garantizar las más mínimas demandas sociales.

En esta ocasión, nos gustaría profundizar en el debate con Zaragoza en Común (ZeC), su experiencia de gobierno en el Ayuntamiento y los límites que le impone su subordinación a las reglas de juego de la democracia capitalista. Un debate que queremos enfocar desde el papel que pueden jugar en esta situación las demandas democrático radicales como parte de un programa para impugnar el régimen capitalista.

Zaragoza en Común, como en general las nuevas confluencias y formaciones “ciudadanistas” que han conquistado el gobierno en importantes ciudades como Madrid, Barcelona o Zaragoza, se han mostrado incapaces siquiera de llevar adelante sus propios programas sociales y democráticos. Esto no es ya ninguna novedad. Sectores significativos que han dado su apoyo a los llamados “ayuntamientos del cambio” comienza a expresar sus dudas, o incluso a enfrentarse a las consecuencias reales de la “nueva política”, como en el caso de los trabajadores de TMB en Barcelona o de AUZSA en Zaragoza. Lo importante, entonces, es reflexionar por qué sucede esto y cuál debería ser una política superadora.

Los “ayuntamientos del cambio”, a pesar de sus diferencias, se estructuraron en base a un denominador estratégico común: la idea de “democratizar” las instituciones de la democracia liberal y ponerlas “al servicio de la ciudadanía”. Pero, a pesar de sus tímidos programas democráticos o redistributivos, estas experiencias se han dado de bruces con los límites de la propia democracia capitalista. Y esto es así porque transformar el Estado implica transformar las relaciones sociales sobre las cuales se sustenta ese mismo Estado. En la sociedad capitalista esto requiere imponer un programa que cuestione el poder y la propiedad de quienes la detentan.

Ya sea a nivel estatal como municipal, lograr una “democracia sustantiva”, implica poner en movimiento poderosas fuerzas sociales y crear nuevos organismos de autoorganización de masas que operen como un poder alternativo al de los capitalistas. Sin esta perspectiva, sin cuestionar la propiedad privada, cualquier experiencia de “gobierno ciudadano”, “de izquierda” o como queramos llamarlo, se ve constreñida irremediablemente a los estrechos marcos de la “gestión” capitalista del poder político.

Zaragoza en Común y un (mal) ejemplo práctico

Hace unos meses, Zaragoza en Común planteo la única medida progresiva (aunque muy limitada) de toda su legislatura. Puso sobre la mesa del pleno una Ordenanza municipal que elevaba los impuestos a los capitalistas comerciales e industriales de la ciudad. La medida era justa, pero como era de esperarse, fue tumbada por los votos del PP, Ciudadanos y el ahora aliado para un “gobierno del progreso”, el PSOE. Y después de esto… se acabó. ZeC, en una actitud de respeto y lealtad a la normalidad constitucional (y por consiguiente al boicot de la “casta política” a cualquier medida que cuestione mínimamente los intereses de los capitalistas), no hizo nada más. La prensa de la ciudad, en manos de empresas privadas, no tuvo necesidad de lanzar calamidades contra Pedro Santisteve y su equipo por cargar la crisis sobre la “pobre” burguesía zaragozana. Los concejales de ZeC agacharon la cabeza y aceptaron que la democracia representativa es la única y mejor democracia posible.

Frente al lógico bloqueo por parte de los representantes de los partidos patronales, a ZeC no se le ocurrió ni por asomo, diseñar un plan ofensivo contra los partidos de la burguesía comercial de la ciudad. Una actitud que, lamentablemente, fue seguida también por quienes se reclaman anticapitalistas dentro de ZeC (Puyalón de Cuchas), quienes acataron la disciplina no ya de la convergencia, sino la disciplina parlamentaria de la patronal. No se les ocurrió que una ordenanza “ciudadana”, como fue presentada, fueran discutida por los propios ciudadanos. No se le ocurrió que fuera discutida y aprobada por los propios trabajadores y trabajadoras de la ciudad, o debatida en comités populares de los estudiantes en las universidades y en los institutos. No, la medida elemental de intentar subir los impuestos a los ricos quedó varada en el dique de contención del parlamento burgués.

En el mismo debate sobre el impuesto a grandes superficies, el consejero de Economía, Fernando Rivarés, en relación a la abultada deuda municipal, sostuvo en el pleno que “¿Cómo se paga la enorme deuda? ¿Cómo se mantienen servicios con estas ordenanzas?”. El consejero denunciaba, a su modo, que el voto negativo del resto de concejales al impuesto iba contra los “intereses de los ciudadanos”. Una interpretación por lo menos curiosa de cuáles serían los intereses de los ciudadanos, porque estamos seguro que a la mayoría obrera y popular no le interesa que los ricos paguen más impuestos para pagar la deuda, sino para mejorar sus condiciones de vida.

Del mismo modo ZeC se arrogó el derecho de interpretar los “intereses de los ciudadanos” para atacar la huelga de AUZSA con el fin de frenar las reivindicaciones laborales alegando que esta iba en contra de la mayoría. Un ejemplo opuesto, pero que demuestra la misma lógica: para ZeC la “ciudadanía” empieza y termina en las paredes del consistorio, y los únicos que pueden tener voz en los asuntos públicos son los representantes de vieja y nueva “casta política”.

Democracia capitalista vs. democracia obrera

En relación a la masa de trabajadores de la ciudad, esos miles y miles de “invisibles” que seguimos sufriendo la precariedad y la explotación laboral en estos centros de producción y distribución capitalista, nos interesa mucho tener más peso democrático que esa minoría de ricos, directivos patronales y comerciales para decidir si queremos que el gasto social corra a cargo suyo o a cargo nuestro. No queremos plebiscitos, ni referéndums políticos acotados al Régimen del 78. Queremos tener voz y voto para discutir absolutamente todo.

En un marco de pasividad social, en la que mucho han contribuido las burocracias sindicales y las nuevas variantes reformistas, predicando la idea de que las cosas se podían resolver “por arriba” y con el voto, ¿cómo podrían generalizarse nuevas experiencias de participación obrera y popular sobre los principales asuntos públicos? Una vía, sin duda, sería llevando a los plenos del ayuntamiento una serie de “ordenanzas municipales” o “proyectos de ley” con medidas en defensa de nuestros intereses. Por ejemplo, para proponer que las ordenanzas municipales sobre las licencias de los establecimientos que posean propietarios con asalariados incluyan cláusulas que les obliguen a cumplir los convenios y evitar los falsos convenios; o para prohibir los contratos basura y los contratos fraudulentos, o la subcontratación fraudulenta, y un largo etcétera de abusos patronales.

Pero también plantear otras de mayor calado, como por ejemplo que los concejales cobren igual que un maestro, que se acaben las dietas y los privilegios, que los cargos públicos sean revocables en todo momento, que el presupuesto municipal y las ordenanzas municipales sean discutidas y votadas por comités populares, que se destituya a todo concejal que no acate el mandato popular, etc. Es decir, poner en la mesa del pleno una serie de demandas democrático radicales que desnuden el carácter aristocrático y profundamente antidemocrático de las instituciones y los partidos del régimen.

Obviamente una política así no tendría sentido si se implementara con la ficticia ilusión de que este tipo de medidas fuesen votadas favorablemente por los partidos patronales. Al contrario, su objetivo sería desenmascarar a los partidos patronales que quieren mantener sus privilegios y los de su clase, para someterlos al escrutinio de la población trabajadora y ayudar a reactivar la movilización.

Generar las condiciones políticas para se desarrollen asambleas y comités populares en todos las empresas y centros de trabajo de la ciudad, en las universidades, en las escuelas, independientes de las instituciones del Régimen, para “discutirlo todo” en forma verdaderamente democrática.

Los que producimos todo, los que transportamos todo, los que recogemos los desechos de la sociedad, limpiamos los parques, los que enseñamos, los que servimos la comida y hacemos que todas las palancas de la economía funcionen, tenemos el derecho a decidir sobre los asuntos que hacen a nuestra propia vida.

Lamentablemente, esta no es la orientación de ZeC ni mucho menos. Cuando la voz y las aspiraciones de la mayoría de los trabajadores, las mujeres y la juventud son acalladas e impedidas permanentemente por la patronal y sus representantes políticos, lejos de contar con el apoyo y la legitimidad de un gobierno que se dice representante de “los de abajo”, estas se ven igualmente negadas por un gobierno cuya estrategia se reduce a ser un buen gestor de la “miseria de lo posible”.

El programa democrático de ZeC para la ciudad esta lejos de proponerse luchar siquiera por una democracia mas generosa. Su ilusión, por el contrario, es intentar reformar un poco las instituciones del régimen para lograr algún tipo de democracia participativa. Pero no solo la experiencia ha demostrado que esta formula acaba siendo absorbida y cooptada por los aparatos estatales, y que en definitiva es solo un remedio para convencer a la gente de que solo puede repartirse las migajas que arrojan las empresas del Ibex 35, sino que ZeC está lejos de llevar adelante incluso esto. El programa de ZeC, como ya explicamos en artículos anteriores, solo establece que el 5% del presupuesto municipal sea discutido por los vecinos. Y para ser un gobierno que se reclama “ciudadanista” es la medida más “anti-ciudadana” de su programa democrático. Pero a este obstáculo hay que añadirle otro. Que el presupuesto municipal viene acotado no solo a la disciplina parlamentaria que imponen los partidos patronales, sino que estará acotada a seguir pagando la deuda de los banqueros y empresarios.

El pavor ante la “moción de censura” y la cobardía política

Algún compañero o compañera del activismo preocupado por los límites de la dinámica parlamentaria podría preguntarse: ¿Una política radical contra el pleno de la “casta política” no nos abocaría a una moción de censura por parte del resto de los representantes políticos de la patronal? Seguramente sí. Pero, ¿cuál es el temor? ¿Acaso no hay una permanente “moción de censura” por parte de los partidos capitalistas contra cualquier medida que afecte los intereses de su clase? De hecho, ha sido el propio concejal de vivienda quien sostuvo en una entrevista que ZeC, en vista a estar maniatado al pleno, se vería ante el escenario de una “moción de censura” para darle el puesto al resto de partidos.

Pero la amenaza de esta moción, a la que ahora ZeC intenta salirle al paso con un “pacto de gobernabilidad”, no ha sido provocada porque ZeC desplegó un programa anticapitalista ni mucho menos, todo lo contrario. En vez de convertir su debilidad parlamentaria en una fortaleza en el terreno de la lucha de clases, la han convertido en un instrumento al servicio de la gobernabilidad de la “casta política” capitalista. Esta es la diferencia fundamental que existe entre utilizar las posiciones conquistadas en las instituciones de la democracia liberal como un fin en sí mismo y utilizarlas para desarrollar la movilización popular independiente.

Nosotros nos preguntamos: si el método de los partidos capitalistas va a ser fundamentalmente el mismo (el boicot activo contra cualquier medida mínimamente popular), ¿Por qué no desenmascarar a la “casta” frente al conjunto de los trabajadores y sectores populares defendiendo abiertamente una política que atente contra los privilegios de los capitalistas? Cómo le decía un delegado sindical de Coca-Cola a Carmena: “Si solo vamos a gestionar los Ayuntamientos para eso podemos poner a un gestor de fincas. A los Ayuntamientos se tiene que ir para hacer política”.

“Esa sería una política irresponsable, porque después de una moción de censura podría ocupar el Ayuntamiento un nuevo gobierno conservador”, nos replican los defensores de la moderación. Ante esa situación, “mejor conservar lo que tenemos”. Pero, nos preguntamos, si en vez de denunciar sin cortapisas que los representantes políticos de los ricos, los corruptos y los privilegiados se proponen un “golpe legal” contra un gobierno que quiere apoyarse democráticamente en la población, ZeC opta por liquidar de un plumazo hasta las medidas más elementales de su programa para acordar con la “casta política” un “pacto de gobernabilidad”, ¿no estamos ya ante un nuevo tipo de gobierno conservador?

El problema de la lógica del “mal menor”, un lugar común que al calor del ascenso del neorreformismo se ha vuelto cada vez más popular, es que frente al aparentemente sólido argumento de que se está enfrentando un “mal mayor” o un “enemigo principal” se esconde la subordinación política a la institucionalidad burguesa y la búsqueda de nuevos “aliados” democráticos contra el cuco de la derecha. Aunque este aliado sea el PSOE de Gas Natural, las reformas laborales, la “cal viva” y los Gal.

Al respecto, vale la pena rescatar una reflexión del comunista italiano Antonio Gramsci, cuando escribía en sus Cuadernos de la Cárcel que “el concepto de mal menor es uno de los más relativos. Enfrentados a un peligro mayor que el que antes era mayor, hay siempre un mal que es todavía menor, aunque sea mayor que el que antes era menor. Todo mal mayor se hace menor en relación con otro que es aún mayor, y así hasta el infinito. No se trata, pues, de otra cosa que de la forma que asume el proceso de adaptación a un movimiento regresivo, cuya evolución está dirigida por una fuerza eficiente, mientras que la fuerza antitética está resuelta a capitular progresivamente, a trechos cortos, y no de golpe, lo que contribuiría, por efecto psicológico condensado, a dar a luz a una fuerza contracorriente activa o, si ésta ya existiese, a reforzarla.” [Quaderno, 16 (XXII)]

Si es del todo obvio que los partidos del régimen bloquearán cualquier medida que afecte sus intereses, entonces de lo que se trata no es de conservar el gobierno a cualquier costo, mimetizándose con la “casta política” burguesa y pactando con ella la gobernabilidad, sino de fortalecer el movimiento popular y la lucha de clases, que es la única manera de imponer cambios duraderos en favor de los trabajadores, las mujeres y la juventud.

La caverna política le recuerda a ZEC qué es la democracia liberal

Una verdadera política radical es lo que más temen los partidos del Régimen. Y estos meses hemos visto ejemplos para reflexionar sobre ello. Cuando ZeC planteó llevar a los barrios, no la discusión y votación, sino la mera información sobre las cuentas municipales, todos, absolutamente todos (el PP, el PSOE, C´s, y hasta la propia CHA) pusieron el grito en el cielo argumentando que era “un intento de agitar el tejido social”. Sin embargo, la casta se quedo mas tranquila cuando supieron que se reunieron “solo con los empresarios”. A pesar del tímido intento, los distintos partidos le dieron a ZeC algunos consejos de “principio” contra esta “locura”.

El PP sintetizó, desde su punto de vista de clase, el sistema democrático y los límites políticos de ZeC. El edil Eloy Suárez le dijo a ZeC que “tiene un problema para entender la democracia” y que…. “no es bueno que amenace con echarnos a la gente encima, es impresentable”. Pero no solo Suárez le recordó la necesidad de respetar la sacrosanta institución parlamentaria. Carlos Pérez Azadón, del PSOE, les dijo que “tienen que combinar dos almas que conviven mal, la del partido que gobierna en el Ayuntamiento y la del que actúa en la calle ¿No acaba de pasar página? [Refiriéndose al llamado de Santisteve a volver a negociar]”. Siguiendo con los consejos, el “nacionalista” Carmelo Asensio le sugirió a ZeC que “no sea torpe de usar al tejido social para defender sus tesis, las que no han sido capaces de ganar en el salón de plenos”. Y también Ciudadanos opino sobre ello. Sara Fernandez dijo que “no es correcto que se utilice a las asociaciones así, porque el tiempo para el debate político ya ha terminado”.

Todas estas declaraciones, por cínicas que sean, no dejan de ser un sinceramiento de los políticos patronales y la mecánica de funcionamiento de su propio sistema político. Siempre que hace falta, la “casta política” advierte contra cualquier acción que pueda agitar la movilización social, incluso si esta es informar sobre unas meras cuentas municipales.

Pero lo interesante no es esto, sino que los propios representantes de los capitalistas ponen en evidencia los límites de ZeC y como la falta de una política independiente acaba diluyendo su propio (y limitado) programa en la red del aparato institucional sustentada por los partidos patronales. O peor aún, como los lleva objetivamente a un “frente único” con la propia patronal contra las demandas obreras.

Esto es lo que se hemos visto en la actitud de ZeC frente a los conflictos de AUZSA y FCC. La dirección de ZeC no hizo una campaña contra las multinacionales como el Grupo Avanza (ahora en manos del grupo mexicano de transporte ADO) o FCC para denunciar y explicar ante la “ciudadanía” las ventajas de la remunicipalización y cómo estas empresas (junto a los bancos y constructoras) están arruinando las arcas municipales, y cómo por esa vía, los sectores populares están pagando los intereses de la deuda municipal y estatal. Es decir, explicar cómo la lucha de los trabajadores está indisolublemente relacionada con los intereses de la mayoría de los “ciudadanos” que viven de su trabajo. Pero ha pasado todo lo contrario. Zaragoza en Común, junto a la prensa patronal local, se embarcó en una campaña para poner a la “ciudadanía” en contra de los trabajadores.

Así ZeC viene adaptándose a los “consejeros de Estado”. Pero debería saber que estos “consejos” vienen de los partidos del Régimen, que son los mismos que agitan del “tejido social” del grupo PRISA y el “tejido social” de la burocracia sindical para pasivizar o frenar la lucha de clases, y no les tiembla la mano en firmar leyes antidemocráticas o utilizar el “tejido social” del aparato policial contra los activistas. Y que no tardarán en “agitar el tejido social” protofascista (como ya lo hace un sector de la pequeña burguesía griega a través de Aurora Dorada) para echar una mano a la democracia capitalista en caso de que les haga falta.

Demandas democráticas y demandas sociales

En un interesante artículo publicado en Arainfo, un profesor del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza, denuncio muy bien cómo AUZSA obtenía “un 30% de rentabilidad financiera” a costa de las arcas públicas, y sostuvo que había que explicar esta realidad “al carnicero, al taxista o al comercio de la esquina, a ver si ellos les resultan los negocios tan rentables”. A nuestro modo de ver esta es la lógica acertada para exponer frente a los sectores populares a los partidos del régimen que se oponen y boicotean la remunicipalización de las contratas y pretenden que sea la “ciudadanía” la que pague los negocios capitalistas mientras no hay dinero publico para mejorar los salarios, los barrios, las viviendas, etc.

La reivindicación de la remunicipalización “bajo gestión de los trabajadores”, unida al derecho de votar el 100% del presupuesto municipal sin el corsé del pago a la deuda, son reivindicaciones centrales que permiten crear las condiciones para la unidad efectiva de “los de abajo” y su movilización.

En el caso de que ZeC se propusiera impulsar medidas de este tipo desde el Ayuntamiento, cosa que dudamos seriamente, lo más probable sería que estas propuestas u “ordenanzas” fueran echadas abajo por 9 o 10 concejales. Pero si esto sucediera, ¿Qué clase de privilegios les otorga ZeC a 9 o 10 concejales patronales para que pesen más que los cientos de miles que vivimos y trabajamos en la ciudad? ¿No deberían los trabajadores exigir el derecho democrático a la revocabilidad de esos cargos públicos que vetan las propuestas sociales? ¿No sería esta situación una oportunidad para impulsar la movilización obrera y popular en defensa de medidas claramente a favor de los intereses de la mayoría social contra un puñado de parásitos capitalistas? Si, lo sería.

Es por esta razón que las demandas democráticas no están separadas de las demandas sociales y de las y los trabajadores. Al contrario, la propia clase obrera debe tomar en sus manos el conjunto de las demandas democráticas populares y mostrar una salida, puesto que sin la potencia social de la clase trabajadora cuando se pone en movimiento es imposible conquistar ni unas ni otras.

Imaginemos que un sector significativo de la clase trabajadora se lanzara a la lucha con sus propios métodos (la huelga, los piquetes y la movilización) para exigir, por ejemplo, el fin de los privilegios de la casta política, la revocabilidad de los cargos públicos, el que los concejales cobren igual que un profesor interino, el que las ordenanzas municipales puedan ser discutidas, elaboradas y votadas por comités populares de los trabajadores, los estudiantes y los sectores populares de la ciudad, que se puedan votar el 100% de los presupuestos. Estamos seguros que una lucha así en la que las y los trabajadores tomasen en sus propias manos las demandas sociales y democráticas sería con buenos ojos por todos los sectores populares.

Este potencial pacto obrero y popular es lo que más temen en primer lugar, los capitalistas. Pero no sólo ellos. La burguesía cuenta con un aliado fundamental para impedir que la clase trabajadora tome en sus manos las demandas democráticas populares: la burocracia sindical. Como ya hemos visto desde la irrupción del 15M o el 25S a esta parte, las burocracias sindicales (especialmente de los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT), no sólo se han empeñado en aislar las luchas obreras y bloquear el desarrollo de la lucha de clases, sino fundamentalmente en evitar que la clase trabajadora rompa el corporativismo y mediante la lucha tenga una política hegemónica hacia la mayoría de la población.

Lamentablemente, por lo que vienen demostrando, también nuestros concejales “ciudadanistas” de ZeC temen esta perspectiva y lejos de promover una política anti-capitalista independiente que selle una alianza entre los trabajadores y el conjunto de los sectores populares contra estos partidos y sus agentes, lo que defiende es un pacto de gobernabilidad con ellos.

No por casualidad, un sector de los capitalistas, Podemos-IU, los “Ayuntamientos del cambio” y la burocracia sindical (ya vimos la rueda de prensa de Toxo con Pablo Iglesias) promueven en las próximas elecciones generales la formación de un gobierno de coalición del “progreso” con el PSOE, es decir, con un partido social liberal que ha sido (y sigue siendo) uno de los pilares fundamentales del régimen capitalista español. Así hemos visto como la política de ZEC se desenmascara totalmente cuando ni tan siquiera ha delimitado las “líneas rojas” de una negociación para tal gobierno, como por ejemplo, una nueva ley estatal de remunicipalización sin indemnización y bajo gestión directa (nacionalización -si es a escala estatal-), o el “No pago de la deuda” estatal y municipal, con el fin de que los vecinos de Zaragoza no sigamos haciendo depender el presupuesto municipal a la deuda con los banqueros alemanes, o el fin de las Reformas Laborales del PP/PSOE, o el indulto total para los activistas obreros y juveniles del estado que quieren meter presos (como el jornalero Bódalo o los jóvenes antifascistas de Zaragoza, sin ir mas lejos)… entre otras muchas exigencias. No hay nada de esto en el Gobierno con “la casta” que propone ZeC.

Programa anticapitalista, demandas democráticas y proceso constituyente

Uno de los factores centrales para reactivar la movilización depende de la experiencia que haga en el próximo período el activismo obrero, social y juvenil que tiene ilusiones en los proyectos neorreformistas. Por ello, la principal tarea de los anticapitalistas es hoy preparatoria: agitar y propagandizar un programa independiente, que articule las principales demandas democráticas de la población con una salida obrera y anticapitalista, poniendo la lucha de clases en el centro. Si hemos visto durante este último tiempo un descenso de la movilización social ha sido precisamente producto del efecto adormecedor de los partidos emergentes, que además la utilizan como excusa para su política institucionalista. Romper esta dinámica pasa por que el activismo tome una política rupturista.

Los ejes de un programa democrático radical como el que esbozamos aquí en líneas muy generales, plantea a su vez la necesidad de retomar y popularizar la lucha un “proceso constituyente” o una Asamblea Constituyente libre y soberana, elegida entre toda la población y basada en la movilización de trabajadores y el pueblo, que supere al decadente régimen político del ’78 y permita que el pueblo trabajador discuta sobre todos los problemas de fondo.

Es decir, un proceso impuesto mediante la lucha de clases, que enfrente a los gobiernos de turno y al Régimen del 78 que prepara un desvío político por arriba, y no una perspectiva de reforma constitucional por arriba como ha planteado Podemos en distintas oportunidades.

Si una institución así surgiera como resultado de la movilización popular, los anticapitalistas podríamos debatir nuestro programa con los sectores movilizados que salgan a luchar por el conjunto de sus demandas, lo que aceleraría la experiencia con la propia democracia capitalista y sus partidos, y ayudaría a desarrollar las fuerzas del activismo obrero y juvenil en la perspectiva de derribar el sistema capitalista y avanzar hacia la lucha por un gobierno de los trabajadores y el pueblo nacido de la movilización revolucionaria.

La imposibilidad de los proyectos “ciudadanistas” para llevar adelante ni siquiera un programa democrático consecuente que cuestione la “sacro santa” propiedad capitalista, nos plantea a los anticapitalistas el desafío de dar pasos en la construcción de una alternativa política. Eso es lo que humildemente hemos comenzado a hacer las y los militantes de Clase contra Clase junto a otras organizaciones y activistas independientes poniendo en pie la iniciativa “No Hay Tiempo Que Perder”. Nuestro desafío, desarrollar una nueva hipótesis anticapitalista y de los trabajadores que se plantee como alternativa a la desmoralización que inevitablemente sobrevendrá de la experiencia con el neorreformismo.

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Las reflexiones y conclusiones que planteamos en este artículo, desde las que intentamos establecer un diálogo con trabajadores y trabajadoras, jóvenes y sectores populares que aún mantienen ilusiones democráticas, aunque refieren a las experiencias de los Ayuntamientos, pueden generalizarse en todos los espacios institucionales. Será en próximos artículos donde seguiremos profundizando sobre el tema, abordando la relación entre los “procesos constituyentes” y el “gobierno de los trabajadores”.