De vuelta al Franquismo

Después del retroceso en lo referente a derechos democráticos y laborales que se viene dando en el Estado Español, ahora a nivel educativo también daremos un paso atrás.

El pasado viernes 21 de septiembre el Ministro de Educación José Ignacio Wert presentó un anteproyecto de reforma de la enseñanza no universitaria – llamada Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)-, seguidamente aprobada por el Consejo de Ministros. La reforma, que generó la crítica unánime de toda la oposición parlamentaria, al tratarse de una de las mayores ofensivas educativas llevadas a cabo en los últimos años (equiparable a reformas educativas como la LOE o la LOGSE), se aplicará el curso que viene, modificando la LOE del 2006. Se trata de un proyecto que no sólo ataca la calidad de la educación, dificulta la entrada en la universidad, elitiza la enseñanza universitaria y de conjunto supone un retroceso educativo hasta niveles del Franquismo; sino que el doble filo de esta contra-reforma reside en la reducción de competencias a las comunidades: algo que el PP está más que dispuesto a llevar a cabo.

De esta reforma se pueden destacar medidas como la supresión de la actual Selectividad, en beneficio de la vuelta a la Reválida: un examen que los alumnos deberán realizar al final de la Primaria, de la ESO y como sustitución de la PAU, tras segundo de Bachillerato (pero examinándose de todos los contenidos de este nivel). De esta forma la Selectividad, una prueba que ya de por sí dificultaba -y en algunos casos impedía- la entrada a la universidad mediante trabas académicas, se reproduce en forma de reválidas (pruebas eliminadas después de la Transición): un verdadero sistema de criba. Los alumnos que no den la suficiente nota incluso habiendo aprobado el curso no obtendrán el título y no podrán pasar al siguiente, lo cual supone más y más obstáculos para cursar estudios superiores: un descarado paso de gigante en el ya iniciado -con el Plan Bolonia y EU 2015- proceso de elitización de la universidad.

No siendo suficiente esto para el PP, la reforma estipula que al final de tercero de primaria se implantarán unas pruebas con la excusa de detectar carencias en la lectura, la escritura y en matemáticas. Para empezar a descartar a alumnos bien temprano, mientras, por otro lado, se adelanta la elección del itinerario educativo hasta los 15 años. Habrá programas de «Cualificación Profesional» y de «Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento» a partir del final del 2º y del 3º curso de la ESO y, en 4º de la Enseñanza Secundaria Obligatoria el alumno deberá elegir entre dos grupos: un curso orientado a las enseñanzas académicas y otro a las enseñanzas aplicadas, según apunte al Bachillerato o a la Formación Profesional. Se quiere hacer que los estudiantes definan itinerarios cerrados a una edad cada vez más temprana, tratando así de reducir el futuro número de estudiantes que quieran hacer estudios universitarios o acabar la FP; y promoviendo que cada vez terminen cada vez a menor edad y con formaciones laborales poco cualificadas que los condenen a los peores puestos de trabajo.

También tocan lo referente a las asignaturas, reduciendo significativamente la variedad de las mismas a la hora de elegir -lo cual supone, conscientemente, recortar plantilla docente-. Menos asignaturas y más horas de lengua, matemática y ciencias; se reducen las optativas en ESO y Bachillerato, y, a su vez, desaparece la asignatura Educación sobre la Ciudadanía para ser sustituida por Educación Cívica y Constitucional. Se mantienen el contenido de la de Ciudadanía que enseñará a los alumnos a respetar las normas establecidas por el orden burgués, pero se eliminan todas las referencias sobre la igualdad de derechos entre sexos, orientación sexual, razas… No sólo nos encontramos con menos oferta de asignaturas, sino que además nos vemos obligados a hacer apología de los valores neo-liberales, el nacionalismo español “constitucional” y el racismo, pretendiendo reforzar los valores conservadores-católicos contra la mujer y las personas lgtb en una clara manipulación ideológica.

De la misma forma, la calidad del ya de por sí decadente Bachillerato cae en picado, limitando el Gobierno el número de modalidades posibles. Si hasta ahora se ofertaban 9 modalidades de Bachillerato (Artes Plásticas, Imagen y Diseño; Artes Escénicas, Música y Danza; Ciencias de la Naturaleza; Ciencias de la Salud; Ciencias e Ingenierías; Tecnologías; Humanidades; Ciencias Sociales, Geografía e Historia; Ciencias Sociales, Administración y Gestión), con la reforma en marcha el abanico se reduce a 5 (Ciencias e Ingeniería, Ciencias de la Salud, Humanidades, Artes y Ciencias Sociales).

La reforma incluye que la universidad pueda establecer una prueba de acceso exclusiva del centro (como ocurre en Japón). Eso significa que después de haber cursado y aprobado tanto el Bachillerato como su correspondiente reválida, el estudiante todavía no podrá acceder a estudios universitarios: antes tendrá que aprobar una serie de exámenes de ingreso para la universidad y carrera que elija (de manera que sólo le serán útiles para el centro y carrera escogidos). Hasta este año una vez aprobada la PAU el alumno podía elegir entre distintas carreras y universidades, siempre y cuando pudiese pagar las exageradas matrículas y hubiese sacado suficiente nota en este competitivo proceso. Ahora, además de todo lo anterior, tendrá que hacer una prueba para cada carrera a la que desee entrar. De manera que si quiere cursar una carrera determinada, para asegurarse el poder cursarla tendrá que hacer la prueba de acceso en más de una universidad (cosa que no todo el mundo se podrá permitir ya sea por tiempo, desplazamiento o dinero y que, por otro lado, supone otro obstáculo más a la hora de acceder a estos estudios).

Como ya se ha dicho, la reforma significa una nueva y mayor limitación de las competencias autonómicas. Actualmente cada comunidad elabora el 45% del contenido que el conjunto de los docentes imparten en sus materias dentro de su autonomía. A partir de ahora solo podrá decidir sobre el 25% (a excepción de las comunidades con otra lengua co-oficial, como Catalunya, el País Vasco, etc; que podrán elaborar el 35% del plan docente). Se trata de un nuevo gran ataque del Gobierno del PP a las Comunidades Autónomas, enmarcado en su línea política de liquidar el estado de las autonomías y llevar adelante una nueva re-centralización.

Además, se refuerza la posición que defiende la educación separada por sexos. El Ministro de educación, José Ignacio Wert, ha dejado claro en más de una ocasión su posición favorable a este tipo de educación. Con esta reforma se obligará a que las Comunidades Autónomas (como Andalucía), que se niegan a pagar subvenciones a las escuelas que imparten esta educación, tengan que pagárselas. Creando, como consecuencia, el apoyo legal para potenciar este tipo de educación totalmente discriminatoria.

De la misma forma, se refuerza la autoridad del director o directora en el centro educativo. Para ser director se tendrá que realizar un curso de dirección y será elegido directamente por la Administración. Las competencias del ya de por sí anti-democrático Consejo Escolar -donde estudiantes y trabajadores no docentes tenemos una representación ínfima- se verán aún más reducidas a labores de asesoramiento. El director podrá elegir a los integrantes del centro, lo cual favorece la elección de personal docente por afinidad y no por calidad o mérito personal, cosa que no deja de ser «enchufismo» laboral. A su vez, se deja abierta la posibilidad de poder trasladar o reagrupar a profesores «tal y como lo requieran las necesidades educativas». Ahora unas oposiciones no valdrán para poder elegir centro: un año podrán estar en un centro y al siguiente en cualquier otro. Con lo cual se desploma la opción de que un profesor pueda estabilizar su vida.

Así, el Gobierno del PP llevará adelante una reforma que hará de nuestra educación pública algo todavía mas clasista, elitista, segregador y decadente. Medidas tales como el sistema de reválidas, las subvenciones públicas a los centros diferenciados, el incremento de poder a los directores, más horario lectivo y la masificación de las aulas, nos recuerdan al sistema educativo franquista.

Mientras, con la otra mano, dotan la reforma de toques neoliberales para desprestigiar la educación pública en beneficio de la privada (menos retribuciones, sustitución de bajas sólo a partir del décimo día, reducción de oferta educativa, de plantilla docente, etc.). De esta forma el Gobierno del PP, cuya ideología mercantilista y privatizadora («menos Estado y más mercado») quiere convertir la educación en un negocio, pretende disciplinar la escuela pública, imponer más y más trabas académicas y económicas para los hijos de los trabajadores que quieran acceder a estudios superiores. Convertir la educación pública en subsidiaria de la privada. Y más ahora que, con el pretexto de la crisis, se está aplicando todo un programa sistemático de recortes sociales y de estrangulamiento económico de lo público.

¡Los estudiantes decimos BASTA a la privatización y elitización de la educación!
¡Por una educación pública, gratuita y de calidad!
¡BASTA de obstáculos académicos, abajo las reválidas y la Selectividad! ¡Libre acceso a la universidad!
¡BASTA de despedir al personal docente!
¡Nacionalización de los centros concertados y privados, y puesta en servicio de la educación pública!