Un mes y medio después de la Operación Pandora, que golpeó fuertemente al movimiento anarquista, hoy se han vuelto a movilizar todas las piezas del régimen represivo español. De nuevo todas en armonía han hecho su trabajo: el gobierno legislando, los jueces ordenando, la policía deteniendo y los medios de comunicación burgueses legitimando para detener a decenas de personas.
«Detenidos 15 anarquistas por poner bombas incendiarias y terrorismo» titulaba El País, dando por tierra con toda presunción de inocencia de la que hacen gala en los cientos de casos de corrupción. La operación represiva contra el movimiento libertario, los Centros Sociales Ocupados (CSO) y la juventud tiene un nuevo capítulo.
La operación es producto de las investigaciones llevadas a cabo por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Eloy Velasco. Los arrestos tuvieron lugar en Madrid, Barcelona, Palencia y Granada, llevados a cabo por agentes de la Comisaría General de Información (CGI) en colaboración con las Brigadas de Información de las respectivas ciudades, dando inicio al operativo a las 6:00 horas de esta mañana. El Ministerio del Interior ha informado de que se han practicado 17 registros, seis de ellos en centros sociales ocupados, en donde han sido arrestadas otras 25 personas a lo largo del operativo por resistencia a la autoridad. Uno de los registros donde se han practicado detenciones tuvo lugar en el CSO «La Quimera», ubicado en el barrio de Lavapiés de Madrid.
Esta operación tiene lugar el mismo día que, bajo fianza, El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha ordenado la puesta en libertad de los siete anarquistas encarcelados el pasado diciembre en la llamada «Operación Pandora», que según fuentes policiales pertenecerían a los Grupos Anarquistas Coordinados (GAC), la misma organización a la que se acusa de pertenecer a esta nueva tanda de detenidos.
Se les imputa pertenencia a organización con fines terroristas, sabotajes y colocación de artefactos explosivos e incendiarios. En particular de hechos ocurridos hace dos años donde se colocaron «artefactos explosivos» en la basílica del Pilar en Zaragoza y en un confesionario la de la catedral de la Almudena en Madrid, en donde en ningún caso hubo heridos.
En sus declaraciones en Granada sobre la operación, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha señalado que la Piñata continuaba abierta para evitar que el «terrorismo anarco» se expanda. Ha recalcado que se trata de una operación más de la lucha contra «todos los tipos de terrorismo» realizada «con éxito» por agentes de la Policía Nacional, a los que Martínez ha felicitado.
Tras la aprobación de la Ley Mordaza, las falsas caretas de “democracia” y “libertad” se demuestran castillos de arena en el Estado español, como en cualquier estado capitalista. Los ataques a los luchadores deben contar con toda la solidaridad de las organizaciones políticas y sindicales de izquierdas. En las horas posteriores al conocimiento de los sucesos, se han comenzado a convocar, vía redes sociales, movilizaciones.
En los próximos días se esperan movilizaciones de apoyo y denuncia por estas detenciones y de buen seguro serán extensivas a la reaccionaria ley mordaza.