El llamado “capitalismo de amiguetes” instaurado en el Estado español no es una excepción sino la regla de todos los regímenes capitalistas, sean o no “democráticos”. Lo que sucede es que la crisis capitalista y sus duras consecuencias sociales sobre la mayoría de la población lo han puesto en el foco de la sociedad.
Las imágenes de grandes empresarios de las compañías del IBEX -35, junto al presidente de Gobierno y todo tipo de políticos corruptos, es una imagen constante que da cuenta de la asociación ilícita patentizada en las llamadas “puertas giratorias”. Esa vía por la cual los grandes empresarios sientan en sus consejos de administración a los políticos burgueses, como contraprestación y en agradecimiento a los servicios prestados.
Es que, al fin y al cabo, como dijera Marx, “el Gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa.” ¡Y cómo! Veamos.
En 2014 había 43 ex-políticos sentados en los consejos de administración de las compañías del IBEX. Cobraron en conjunto una retribución bruta anual total de 21,45 millones de euros.
En marzo del año pasado el Gobierno del PP colocó en Enagas a cinco de los suyos de un solo golpe. En 2014 ya había 6 ex-políticos en el IBEX con categoría de consejero ejecutivo, mejor pagado que el de los vocales a secas (ninguno está, de los ejecutivos, por debajo del medio millón de euros brutos al año). Por mera pertenencia al consejo han cobrado unos 179.000 euros por cabeza.
La mayoría absoluta de los cargos en empresas logrados mediante las “puertas giratorias” los ostentan dirigentes del PP y el PSOE, con un total de 43 personas que ocupan 49 puestos de consejeros de empresas del IBEX: 18 de ellos de la esfera del PP, 11 del PSOE y 4 que se han vinculado a ambos.
Otras organizaciones políticas, algunas extintas, que cuentan también con elementos colocados estratégicamente en importantes empresas del IBEX son: seis de la desaparecida UCD (Unión de Centro Democrático), tres del PNV (Partido Nacionalista Vasco) y dos de CIU (Convergència i Unió). Hay otros tres que no tienen adscripción política definida, pero han estado directamente vinculados al mundo de la política partidista burguesa.
Recapitulando, y para que quede evidenciada la vinculación de la “casta política” y el mundo de los negocios, habría que destacar que en 2010 había antiguos altos cargos en 26 de las 34 firmas del IBEX. Una muestra más de que los intereses privados de los lobbies de las grandes empresas capitalistas que cotizan en el IBEX, están directamente conectados con la política oficial del Estado y sus decisiones estratégicas. Decisiones que favorecen los intereses particulares (y los privilegios materiales) de la casta, mientras salvaguardan y defienden los intereses de los capitalistas frente a los de los trabajadores y las clases populares, en un proceso acelerado de desmantelamiento y descomposición corrupta del Estado capitalista y de todo “lo público”.
¿Cómo terminar con la “casta política” y sus privilegios?
Desde la irrupción del 15M y su famoso lema “no nos representan”, el debate sobre como terminar con los privilegios que tiene la “casta política” se ha instalado en el Estado español.
Al calor de esta cuestión ha comenzado a cobrar notoriedad la defensa de una medida esencial como es que todos los representantes políticos electos cobren lo mismo que una profesora o un trabajador calificado.
Esta sencilla medida, es parte de la tradición de lucha y la historia del movimiento obrero. Es justamente lo que hizo la Comuna de París en 1871, barriendo con la casta política de “representantes” que en todos los gobiernos burgueses utilizan sus cargos para garantizar sus negocios, como obscenamente sucede en el Estado español.
Un principio que apuntaba a evitar el “carrerismo” político y que se extendió a todos los cargos públicos, incluidos los jueces, que también pasaron a ser electos por voto popular y revocables, a la vez que se decretó la separación de la Iglesia del Estado y la expropiación de sus bienes.
Actualmente, cualquier político que llega a ser diputado, senador, concejal, recibe un ingreso varias veces superior al de un trabajador, junto con todo tipo de prebendas. Y si “hace bien sus deberes” defendiendo los intereses de los capitalistas, le corresponderá después un magnífico puesto en alguna de las grandes empresas que favoreció cuando estuvo “en funciones”. Todo un mecanismo para fortalecer una casta de políticos profesionales al servicio de la burguesía.
Por ello, esta gran lección de La Comuna tiene hoy absoluta actualidad, en cuanto mostró mediante la imposición de una serie de medidas democráticas, sencillas y “evidentes por sí mismas”, el modo de enfrentar una forma general de cooptación propia de los regímenes parlamentarios burgueses.
Sin embargo, como dijera Lenin reflexionando sobre la experiencia de los comuneros franceses, “estas medidas atañen a la reorganización del Estado, a la reorganización puramente política de la sociedad, pero es evidente que sólo adquieren su pleno sentido e importancia en conexión con la ‘expropiación de los expropiadores’ ya en realización o en preparación, es decir, con la transformación de la propiedad privada capitalista sobre los medios de producción en propiedad social”. Por ello, la tarea de terminar con la “casta política” sólo puede plantearse de modo realista si va ligada a un programa anticapitalista.
La lista de los privilegiados
A continuación, nombramos algunos de los principales dirigentes políticos que están o han estado vinculados a empresas del IBEX-35, incluidos sus abultados salarios:
José María Aznar (ENDESA). € 200.000. Ex presidente de Gobierno por el PP. Fichó en enero de 2011 por ENDESA como asesor externo. Aznar privatizó la eléctrica en 1998. El presidente de la compañía entre 2002 y 2007 fue Manuel Pizarro, número dos de las listas del PP en las elecciones generales de 2008.
Felipe González (Gas Natural). € 127.000. Ex presidente de Gobierno por el PSOE. Dijo hace más de un año que se aburría como consejero y que dejaría el cargo, sin embargo, se ha mantenido en el mismo hasta el final. Ha debido dejar el cargo en la Junta de Accionistas del día 14 de este mes. Su recambio es la que fue ministra socialista Cristina Garmendia. En 1994 privatizó ENAGAS, empresa pública que gestionaba una red de 9.000 km de gasoductos de toda España y vendió el 91% de las acciones a Gas Natural. En diciembre de 2010, González ficho por Gas Natural como asesor independiente.
Rodrigo Rato (Telefónica) Ex ministro de Economía del gobierno de Aznar y presidente del FMI antes de Christine Lagarde. Supuestamente autor junto con Aznar del milagro económico español de finales de los años ‘90, basado básicamente en la especulación inmobiliaria, la flexibilización laboral, la corrupción política y la sobrefinanciación económica de la economía española. Fue durante su período como ministro de Economía y Hacienda (1996-2004) cuando la empresa fue privatizada por completo (1999).
Florentino Pérez (ACS). € 4.576.000. Fue concejal de UCD. Es Presidente de ACS y del Real Madrid. Concejal por UCD en el Ayuntamiento de Madrid (1979-1982) y alto cargo en el ministerio de Medio Ambiente y Transportes.
Guillermo de la Dehesa (Santander, Amadeus). € 591.000. Ex-secretario de Estado de Economía con Felipe González. Líder de opinión en política económica, escribe en El País. Asesor internacional de Godlman and Sachs. Es vicepresidente tercero (no ejecutivo) del Santander y vicepresidente no ejecutivo de Amadeus.
Marcelino Oreja Arburúa (ENAGAS). € 552.000. Ex eurodiputado del PP e hijo del exministro del Partido Popular Marcelino Oreja. Nombrado delegado de ENAGAS tras la llegada de Rajoy al poder.
Isabel Tocino (Santander, ENAGAS). € 544.000. Ex ministra de Medio Ambiente con Aznar, es vocal de la empresa ENAGAS desde marzo de 2014 y también consejera independiente de otras dos empresas cotizadas que no están en el IBEX: la papelera ENCE y Naturhouse.
Josep Borrell (Abengoa). € 300.000. Ex secretario de Estado de Hacienda, exministro de Obras Públicas, Telecomunicaciones, Transportes y Medio Ambiente con Felipe González y expresidente del Parlamento Europeo. Es consejero de Abengoa desde 2009.
Ángel Acebes (IBERDROLA). € 299.000. Ministro de Aznar de Interior en el último gobierno, fue uno de los destacados en la ceremonia de ocultamiento oficiada por los atentados del 22M. Consejero de IBERDROLA desde 2012. Acaba de renovar su cargo hasta 2019 a pesar de sus problemas con la justicia por el caso BANKIA y los “papeles” del ex tesorero del PP, Bárcenas.
Josu Jon Imaz (Repsol). € 2.019.000. Consejero de Industria, Comercio y Turismo y portavoz del Gobierno Vasco en 1999. Imaz fichó por REPSOL en 2008 y es consejero delegado de la petrolera desde abril de 2014.
Josep Piqué (OHL). € 800.000. Fue portavoz del gobierno, ministro de Exteriores y luego de Industria con Aznar. Es desde 2013 consejero delegado de OHL, constructora que preside otro ex ministro, Juan Miguel Villar Mir. Es también consejero de Airbus.
José Folgado (REE). € 746.000. Ex vicepresidente de la CEOE y ex secretario de Estado de Energía y Presupuestos con Aznar. Es presidente ejecutivo de REE (Red Eléctrica Española) desde 2012, cuando sucedió en el cargo al ex ministro socialista Luis Atienza.
Javier de Paz (Telefónica). € 491.000. Fue Secretario General de las Juventudes Socialistas y miembro de la Ejecutiva del PSOE entre 1984 y 1993. Colocado como consejero de Telefónica gracias a su estrecha amistad con Zapatero. En 2014 fue nombrado presidente de la filial Telefónica Gestión de Servicios Compartidos (Tgestiona) y presidió Atento cuando era subsidiaria de Telefónica, desde finales de 2008 hasta su venta al capital riesgo en diciembre de 2012.
Fernando de Almansa (Telefónica). € 459.000. Diplomático y Jefe de la Casa Real durante 10 años, hasta el año 2002. Persona muy cercana al Rey Juan Carlos, del que todavía es consejero privado. Consejero de Telefónica desde 2003.
Miguel Roca Junyet (ENDESA, ACS). € 342.000. “Padre de la Constitución”, fue diputado por CIU. Es consejero coordinador de ENDESA, vocal de ACS y secretario en los consejos de Albertis y Banco Sabadell.
Ángeles Amador (REE) € 175.000. Fue ministra de Sanidad con Felipe González, lleva en REE desde mayo de 2005.
José Pedro Pérez Llorca (IAG). € 123.000. Es consejero de la matriz de Iberia desde 2010. Otro de los “padres de la Constitución”, fue ministro de UCD de Presidencia de Gobierno y Relaciones con las Cortes; Administración Territorial y también de Asuntos Exteriores.
Abel Matutes (Santander). € 183.000. Ex ministro de Exteriores con Aznar, es consejero del Santander desde 2002 hasta marzo de 2015. Acaba de firmar como vocal de la inmobiliaria Metrovacesa, cuyo primer accionista es el Banco Santander.
Ana Palacio (ENAGAS). € 60.000. Ex ministra de Exteriores del último gobierno de José María Aznar. Se incorporó a ENAGAS en marzo de 2014, después de dimitir como consejera de otra empresa del sector, Hidrocantábrico que es filial portuguesa de EDP, para evitar la “incompatibilidad”.
Miguel Boyer (REE): € 53.000. Ex ministro socialista con el primer gobierno de Felipe González. Estuvo en el consejo de REE desde 2010 hasta marzo de 2014. Fue el ministro socialista de la reconversión industrial y del llamamiento al enriquecimiento generalizado junto a Carlos Solchaga.
Antonio Hernández Mancha (ENAGAS). € 60.000. Antecesor de Aznar como presidente de Alianza Popular, abogado y lobista profesional, se incorporó a ENAGAS en marzo de 2014 por intervención del PP. Ha sido senador y diputado del parlamento andaluz.
Pedro Solbes (ENEL). Ex ministro de Economía con Zapatero. Posee el 92% de ENDESA.
Elena Salgado (ENEL). EX ministro de Economía de Zapatero.
Luis Carlos Croissier (REPSOL). Ex ministro de Industria y Energía con el PSOE.
Juan José Güemes (UNILABS). Ex consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid con el PP. Tras el proceso privatizador de la Sanidad madrileña de 2008-2010 del que fue protagonista, bajo su mandato le concedió la gestión de los análisis clínicos de 6 hospitales a una Unión Temporal de Empresas. Posteriormente, esta empresa es comprada por UNILABS, empresa integrada en el grupo CAPIO y una vez que Güemes abandona el gobierno regional se hizo con el control del servicio de análisis clínicos de seis hospitales públicos de la Comunidad de Madrid y de 49 centros de salud, 107 consultorios y cien residencias de ancianos, a través de la empresa UNILABS, siendo él alto directivo de la misma dentro del consejo de administración. El escándalo que se originó le obligó a dimitir de ese cargo el 15 de enero de 2013.