Las aficiones del FC Barcelona y Athletic Club de Bilbao ofrecieron el sábado por la noche una monumental pitada al himno español durante los prolegómenos de la final de la Copa del Rey disputada en Barcelona. La Real Federación española de Futbol -RFEF-y los dos clubes podrían ser sancionados.
El viernes por la noche, con la llegada de miles de aficionados del Athletic, se empezó a vislumbrar lo sería la gran fiesta del fútbol en la ciudad de Barcelona. De aquí que el sábado, masas uniformes de camisetas a franjas rojiblancas inundaran Barcelona por los cuatro costados, por momentos fusionándose con aficionados blaugranas.
Y es que la final de la Copa del Rey iba a ser disputada por dos clubes y dos aficiones hermanadas por el buen futbol y por la pasión. Sin embargo, no todo lo que une a ambas aficiones tiene que ver estrictamente con el balón. En esta ocasión, ambas aficiones se unen y se funden también por el peso de sus raíces y las aspiraciones independentistas sentidas por el pueblo vasco y catalán.
Tanto es así, que los prolegómenos del partido iban a ser noticia tanto o más que el resultado final (1-3, victoria del FC Barcelona, que jugaba de visitante en esta ocasión). Después de crear un gigantesco mosaico con los colores de ambos equipos, llegó el turno protocolario del himno español. Culés y Leones, como son históricamente conocidas las aficiones de Barça y Athletic, ofrecieron una pitada monumental al himno, seguida de abucheos y gritos de protesta mientras las notas eran apenas percibidas ante la presencia del Rey Felipe VI en el palco de honor.
Ante la protesta, las respuestas del establishment político estatal no se hicieron esperar. Durante la segunda mitad del encuentro, el Gobierno condenó la pitada a través de una nota del Ministerio de la Presidencia, afirmando que “cualquier muestra o manifestación de intolerancia es siempre reprochable; y lo es más todavía cuando busca la repercusión pública aprovechando un espectáculo deportivo, que todos los españoles tienen derecho a disfrutar, sin la protesta y la perturbación que algunos quieran imponer”. Anunciando también por su parte una reunión extraordinaria de la Comisión Antiviolencia para denunciar lo acontecido en el Camp Nou y proponer sanciones.
La Comisión Antiviolencia está formada desde 2008 por representantes de las administraciones públicas, además de federaciones deportivas y personas de prestigio del ámbito del deporte y la seguridad. Y las sanciones que debe tramitar el Ministerio de Interior, ya que la Comisión Antiviolencia no tiene potestad para aplicarlas, oscilan entre 60.000 y 360.000 euros, dirigidas hacia la RFEF o los dos clubes en representación de las aficiones.
Sin embargo, de creerlo conveniente, el Ministerio de Interior podría también sancionar a diferentes asociaciones que promovieron la protesta.
Por su parte, el sindicato de ultraderecha Manos Limpias, ha denunciado como particular a las aficiones y al presidente de la RFEF, por delito de ultrajes a España.
La protesta de las aficiones al himno nacional tiene precedentes, pues en 2009 y 2012 ambos equipos disputaron sendas finales de la Copa del Rey, con las respectivas pitadas y abucheos, entonces ante el anterior Rey Juan Carlos I.
Por lo tanto no es de extrañar que durante las dos últimas semanas, diferentes representantes de las instituciones públicas y partidos políticos salieran con declaraciones preventivas e incluso amenazantes. La presidenta del Partido Popular en Madrid Esperanza Aguirre, propuso suspender la final si se repetía la sonora pitada; y el presidente de la Liga de Futbol Profesional amenazó con proponer sanciones económicas días antes de la final.
Resulta sintomático que una protesta contra el himno nacional despierte extraordinariamente a la Comisión Antiviolencia por parte del Gobierno. Sin duda, lo que se pretende por parte de las administraciones públicas es confundir una pitada con un acto violento, racista y xenófobo, lo que en realidad encierra un problema mucho más profundo.
Utilizar la Comisión Antiviolencia ante las protestas con un marcado carácter político de las aficiones de Athletic y Barça, y amenazar con sanciones económicas, gira en el mismo sentido de toda la maquinaria represiva que viene movilizando el Gobierno en estos últimos años y que tendrá su clímax represivo en junio con la entrada en vigor de la Ley Mordaza. Una ley de “seguridad ciudadana” que criminaliza cualquier protesta y persigue a tantos luchadores que se enfrentan a las políticas del Gobierno.
Las amenazas de sanciones contra las aficiones del Barça y el Athletic son un atentado a la libertad de expresión, sino un nuevo intento de acallar la voz de las nacionalidades oprimidas por el Estado español.