El cuestionamiento de la “hipótesis Podemos” hace ganar peso al “volver a la calle”. Un retorno de lo social que plantea desafíos sobre como activar la lucha obrera y por abrir procesos constituyentes en todo el Estado.
En un artículo anterior analizábamos cual era el alcance de la crisis del Régimen del 78. La aguda crisis de representación se ve atravesada por la remergencia de la cuestión catalana -en el marco del colapso del llamado Estado de las autonomías- y una crisis económica histórica que ha golpeado de lleno al capitalismo español.
Que todas las salidas posibles a la crisis de gobierno tengan un alto coste para los partidos del régimen, el Parlamento o incluso la Monarquía, es la mejor señal de que estamos ante una crisis orgánica muy profunda.
Por otro lado, los dos elementos que más favorecen a que esta crisis pueda alargarse en el tiempo son, por un lado, que el fantasma de un crack económico -como el del verano del 2012- parece coyunturalmente alejado y, por el otro, una débil lucha de clases.
Si tomamos el 15M como el hito fundacional de esta crisis, podemos decir que nació “por abajo”, por medio de la irrupción de la juventud y diversos movimientos sociales, como las PAH o las mareas. Aquellas movilizaciones llegaron a impactar parcialmente en la clase trabajadora, como se vio en las dos jornadas de huelga general de 2012 o en sectores como los trabajadores públicos o los mineros. Sin embargo, no llegamos a vivir un ascenso generalizado.
Este fue hábilmente bloqueado por la burocracia sindical, que se esforzó -ayudada por el efecto de parálisis y conservadurismo que el paro de masas genera en sectores ocupados- en evitar el contagio de las plazas a los centros de trabajo. Sobre ese corte se asentó un desgaste creciente entre los sectores movilizados y este reflujo fue la base sobre la que se asentó la ilusión gradualista representada por el nuevo reformismo de Podemos y las candidaturas del “cambio”.
En estos momentos la ilusión en la “hipótesis Podemos”, está cada vez más en crisis y es puesta en cuestión por quienes han visto como con el paso de los meses se devaluaba, hasta convertirse en una propuesta de cogobierno con los social-liberales de Pedro Sánchez. Muchas voces hablan de la necesidad de “volver a la calle”, e incluso exigen a Podemos y las candidaturas del “cambio” que pongan sus posiciones institucionales al servicio de fortalecer la movilización social. Una vía que ni Iglesias, ni Errejón, contemplan como la suya, ya que sus principales diferencias, además de las de camarilla, son esencialmente en el discurso, no en la práctica política ni mucho menos en la estrategia.
Desde la izquierda anticapitalista y aquellos sectores que están haciendo una experiencia con Podemos y los ayuntamientos del “cambio”, tenemos que abrir la discusión sobre cuál es la vía y el programa para que esa “vuelta a la calle” logre transformarse en un ariete contra el Régimen del 78 y una verdadera alternativa política de los trabajadores y sectores populares para resolver las grandes demandas democráticas y sociales que se han venido planteando desde 2011.
En primer lugar, todo retorno de la movilización social no puede obviar el rol del principal agente del Régimen para evitar que la clase trabajadora entre en escena. Nos referimos a la burocracia sindical, centralmente las direcciones de CCOO y UGT, que se han movido entre la desaparición y el rol activo de sostén de la paz social en un mar de despidos, pérdida de salario y condiciones. Nunca unas direcciones sindicales habían hecho tan poco en proporción a lo mucho que se está perdiendo.
Retomar la movilización social pasa por apostar a la organización de los sectores más precarios y explotados de la clase trabajadora, aquellos que las direcciones sindicales ni defienden ni organizan. Los millones de jóvenes, mujeres, inmigrantes o parados que padecen las peores tasas de desempleo, precariedad y salarios de hambre. Al mismo tiempo, pelear porque las reivindicaciones de estos sectores sean también tomadas por los trabajadores fijos o con mejores condiciones, así como la de otros sectores populares que están padeciendo las consecuencias de la crisis.
Sólo así se podrá ir forjando una verdadera unidad de las filas obreras frente a la atomización impuesta por años de reformas laborales neoliberales, y una alianza de todos los sectores populares con los trabajadores y sus métodos de lucha, los que golpean el corazón de la ganancia de los capitalistas, a la cabeza. Experiencias como la de la huelga de las escaleras, o en otra escala procesos de organización como el de los jóvenes trabajadores de Telepizza, deben ser tomados como ejemplo a generalizar por toda la izquierda.
Esta unidad es la que puede al mismo tiempo dotar de fuerza a la batalla por desterrar a la burocracia sindical como los dirigentes traidores del movimiento obrero. Acabar con su tutela y recuperar los comités de empresa y sindicatos de sus manos, es una tarea elemental para que la clase trabajadora pueda desplegar sus energías y plantearse intervenir decisivamente en la actual crisis del régimen. Que esto no se haya logrado es una de las fortalezas, tal vez la mayor, que conserva el Régimen del 78. Como en el caso de su predecesor, no será posible tumbarlo si no quitamos del medio a los “verticales” del siglo XXI.
Al mismo tiempo, esta “vuelta a la calle” tiene que hacerse con un programa que dé respuesta a la actual situación. En primer lugar, levantando una serie de medidas de emergencia para atacar la grave crisis social, como la derogación de todas las contrarreformas laborales, el reparto de horas de trabajo sin reducción salarial, el fin de todas las modalidades de contrato basura y subcontratación, la nacionalización de la banca bajo control de los trabajadores y usuarios, un plan que garantice el derecho a la vivienda en base a la expropiación de los pisos de la banca y los especuladores y el no pago de la deuda, entre otra medidas.
Medidas que en definitiva hagan pagar la crisis a los capitalistas, que permitan preservar las condiciones de vida de los trabajadores y sectores populares, acabar con los desahucios o el desmantelamiento de la sanidad y la educación pública, entre otras cuestiones urgentes.
En segundo lugar el carácter histórico de la crisis del régimen político hace que una salida de fondo sólo pueda venir de una ruptura radical. Pero que sea radical no significa que sea necesariamente en un sentido progresivo. De hecho, todas las que se manejan desde el establishment van en dirección opuesta, esencialmente la “unidad nacional” o “gran coalición” para hacer pasar un ajuste aún más brutal. Por fuera de este establishment pueden venir también otras salidas de signo reaccionario, como las que encarna la extrema derecha en numerosos países europeos planteando el retorno al “estado nacional” en clave xenófoba. Por eso es urgente que los trabajadores y sectores populares digan presente y levanten una alternativa radical a la crisis del régimen con una perspectiva abiertamente rupturista y anticapitalista.
El hondo descrédito de éste y sus principales instituciones le da una mayor actualidad y utilidad a demandas democráticas radicales y estructurales como que todo cargo público gane lo mismo que un trabajador medio, incluidos los jueces que deberían ser además electos por sufragio universal, que instituciones reaccionarias como el Senado sean abolidas, que se ponga fin al reinado de la Corona, el derecho a decidir de todas las nacionalidades o la separación definitiva de la Iglesia y el Estado, cortando toda financiación y privilegio a esta institución.
Muchas de estas demandas se habían comenzado a oír en las plazas del 2011 en adelante, e incluso el nuevo reformismo tuvo que tomar algunas parcialmente para después ir encajonándolas en su giro al “centro del tablero”. Sin duda la más avanzada de ella fue la de abrir un proceso constituyente, o procesos en plural si tomamos en cuenta el derecho a decidir de las nacionalidades. Sin embargo, como parte de la “ilusión” gradualista, se vendió que todas ellas podrían alcanzarse por medio de la participación en los comicios regulares del mismo régimen y respetando sus propias reglas.
Este espejismo es el que se debe conjurar en adelante. La pelea por estas demandas, y especialmente por lograr abrir procesos constituyentes verdaderamente libres y soberanos en los que poder discutir y decidir sobre absolutamente todo, no es algo posible en los actuales marcos constitucionales. El “atado y bien atado” del 78 lo hace imposible, con unas Constitución blindada con la necesidad de los 2/3 de la cámara para cambiarla, una ley electoral pensada para el bipartidismo, unos medios de comunicación controlados por el IBEX35 y todo un aparato judicial, policial y militar que está dispuesto a “velar” por las esencias del régimen heredero de la Dictadura, como vemos casi diariamente con la cuestión catalana.
Por ello toda propuesta de “abrir los candados del 78” que no pase por una ruptura con este régimen es una utopía o un engaño. La apertura de verdaderos procesos constituyentes, en el Estado y las nacionalidades, solo podrán ser posibles si son impuestos desde una fuerte movilización social con los trabajadores al frente. Promover un ascenso de luchas obreras y populares a la altura del que abrió la crisis de la Dictadura, pero con un norte claro de imponer asambleas constituyentes electas en circunscripción única por todos los mayores de 16 años, con diputados revocables y que cobren el salario de un obrero medio y en las que se pueda discutir todo y resolver todo.
Lejos de la farsa de esta democracia que sólo sirve a los ricos, un proceso constituyente debería permitir poner fin a la Monarquía y terminar con las distintas castas que componen el aparato del Estado -política, judicial, policial-, otorgar el derecho a vascos, catalanes y demás nacionalidades oprimidas por el Estado español a la autodeterminación, así como resolver un plan de emergencia social que dé respuesta a las necesidades de la mayoría obrera y popular y no a los intereses de la minoría de capitalistas que ha seguido enriqueciéndose durante la crisis.
En el caso de Catalunya esta vía es la que hoy por hoy nadie está planteando. Tanto quienes hablan de medidas unilaterales, como la CUP, como quienes apuestan por el pacto con el Estado, como JxSí y los “comunes”, confinan sus hojas de ruta a las decisiones del Parlament y el Govern, pero ninguno pone el acento en desatar la necesaria movilización social, en alianza con el resto de sectores populares del Estado, para poder ejercer el derecho de autodeterminación y abrir un proceso constituyente catalán verdaderamente libre y soberano.
Poner en movimiento estas fuerzas sociales con un norte político a la altura de la crisis del Régimen del 78 es el tipo de “vuelta a las calles” que necesitamos. Si esta movilización logra abrir procesos constituyentes o no, estará por verse, pero seguro que ayuda a fortalecer la capacidad de organización y movilización de la clase trabajadora y los sectores populares de una manera independiente. Una mucho mejor posición tanto para enfrentar los ataques que están por venir, y que ya se están acordando entre el PP y el PSOE, como para poder tumbar del régimen por abajo y a la izquierda y, por lo tanto, estar más cerca de poder acabar con los gobiernos del IBEX35 y pelear por un gobierno de los trabajadores.