¿Reforma Constitucional o Proceso Constituyente?

El “atado y bien atado” del Régimen del 78 como candado para las grandes demandas democráticas y sociales. La necesidad de luchar por un proceso constituyente libre y soberano.

Se acaba una semana de puentes, acueductos o setas, según la empresa o la ciudad. Un par de días festivos antes de las navidades, salvo para muchos trabajadores precarios y en especial del comercio, que rinden homenaje a dos esencias del régimen político español.

El jueves se conmemoraba la inmaculada concepción de María que ayudó con un milagro a los bravos soldados españoles en una de tantas batallas, en este caso la de Empel de 1585, en la guerra de los 80 años en los Países Bajos. El martes, el aniversario de la aprobación de la Constitución del 78, la Carta Magna de la “concordia” y la “reconciliación” de las dos Españas bajo el auspicio borbónico y la vigilancia castrense.

Una celebración civil y otra religiosa, aunque en esta España tanto monta monta tanto, las dos son muy del Régimen del 78 ¿no?. Que en pleno siglo XXI todo un país se pare para celebrar la fecundación milagrosa de la virgen por el espíritu santo solo demuestra que aquello de la separación de la Iglesia y el Estado es otra de las grandes tareas democráticas pendientes y una de las muchas herencias dejadas por la dictadura nacionalcatólica.

En esta ocasión, y como expresión de la aguda crisis del régimen que la formación de gobierno ni resuelve ni cierra, el 6D estuvo marcado por diferentes discursos que abogaban por reformar el texto constitucional, eso sí, con sustantivos matices. Los cuatro grandes partidos de las Cortes, presentes todos ellos en el acto oficial, dedicaron palabras a esta cuestión.

El PP, el mejor representante del búnker, salió a advertir a sus socios del gobierno de gran coalición de facto que preside, y sobre todo vista la suerte del italiano Renzi, que había que ser cautos en eso de “reformar”. Delimitar el qué, el cómo y sobre todo la vía para que dichos cambios quedasen aprobados. Es decir mejor “no abramos el melón”, y al más puro estilo Rajoy dejemos pasar los meses, que “el tiempo, todo lo cura”.

El PSOE por su parte habló de reformar la Constitución para garantizar “la solidaridad territorial”, avanzar hacia un modelo federal que fortalezca la unidad de España, proteger el Estado del Bienestar y mejorar la calidad democrática. No dejan de ser paradójicos estos dos últimos puntos viniendo del partido que promovió junto al PP la reforma del artículo 135 -que prioriza el pago de la deuda sobre cualquier otra partida-, encabeza con el PP el ranking de corrupción y acaba de protagonizar un golpe de mano interno para facilitar la investidura a Rajoy, lo contrario a su principal promesa en las elecciones del 26J.

Cs no quiso quedarse atrás. La nueva derecha marca distancias, aunque cortitas, con sus hermanos mayores populares. Eso sí, su “reforma” es bien regeneracionista en clave de los noventayochistas más conservadores de la Restauración. Cambiar, cambiar… sólo la fachada: con reducir el número de aforados, problema resuelto. Tendremos Constitución para otros 40 años.

Las únicas voces que plantearon abordar una reforma “en profundidad” vinieron de Podemos e IU, los primeros presentes en los actos con una delegación de segunda fila y los segundos ausentes de los actos de conmemoración de la aprobación de la Constitución lograda, entro otras cosas, gracias al entusiasta participación y apoyo del PCE.

Ambas formaciones han dejado claro que las posiciones parlamentarias de Unidos Podemos, 71 diputados, serán puestas al servicio de que cualquier reforma pase por referéndum. Un mínimo democrático que el PP ya anunció que apostaba por evitar. El PSOE y Cs también lo temen si ésta no llega a un amplio consenso que evite que sea tumbada en las urnas.

Sobre hasta donde debe llegar dicha reforma, tanto Podemos como IU hablan de poner sobre la mesa cuestiones como abordar la plurinacionalidad del Estado -sin hablar en ningún caso de derecho de autodeterminación, es decir referéndum unilateral-, la anulación de la reforma del 135, equiparar los derechos económicos, sociales y culturales a los derechos civiles y políticos y otras medidas contra la corrupción y por la “calidad democrática”. En el caso de Podemos se dejan por fuera cuestiones como poder abrir la discusión en torno a la Corona, la separación de la Iglesias y el Estado o la salida de la OTAN.

Ninguno de los dos plantea que en dicha reforma pudieran discutirse cuestiones claves para resolver los grandes problemas sociales, es decir un programa para que la crisis la paguen los capitalistas: con puntos clave como la nacionalización de las grandes empresas, los sectores estratégicos, la banca o los millones de pisos y metros cuadrados de suelo en manos de un puñado de grandes propietarios, el reparto de horas sin reducción salarial o los impuestos sobre los grandes patrimonios para financiar servicios públicos de calidad.

Por lo tanto, si nos atenemos a la propuesta más “profunda” de reforma constitucional planteada esta semana difícilmente se podrían dar solución a grandes problemas democráticos y sociales pendientes, los mismos que han motorizado las movilizaciones de jóvenes, trabajadores y sectores populares desde 2011. Desde la cuestión del derecho a decidir unilateralmente de los catalanes, el rechazo a la Monarquía, resolver el problema de los desahucios y la vivienda, del paro de masas, la precariedad laboral, el desmantelamiento de la sanidad y la educación pública, la constitución de la universidad-empresa… hasta dejar de regir el calendario laboral por el extraño ciclo de gestación de la virgen María.

Pero este límite de contenido en las propuestas de reforma constitucional de Podemos e IU tiene su correlato en la vía defendida por ambas formaciones: la reforma del texto de 1978. ¿Qué supone una reforma de la Constitución dentro del Régimen del 78, el del “atado y bien atado”? Nada menos que todo cambio debe ser aprobado por, como mínimo, 2/3 del Congreso de los Diputados y la mitad más uno de los senadores -donde el PP tiene mayoría absoluta-. Después debería ser ratificada en referéndum y vuelta a aprobar para su entrada en vigor por nuevas cámaras.

Se podría objetar entonces ¿De qué serviría plantear una reforma constitucional que abordara cuestiones que son de sobras conocido rechazadas de lleno por los tres partidos del régimen? De entre poco y nada. De la misma manera que rebajar el contenido de dicha reforma a lo que PP, PSOE y CS puedan aceptar servirían entre poco y nada a resolver las grandes demandas democráticas y sociales.

El problema de este aparente callejón sin salida es haber optado por pedir una reforma constitucional dentro del régimen – de “la ley a la ley” que diría Suárez – en vez de apostar por luchar, con eje en la movilización social, por abrir un proceso constituyente libre y soberano, donde realmente se pudieran discutir sin limitación alguna sobre todas las grandes cuestiones.

Un proceso de estas características no puede emanar de una situación de normalidad institucional, sino que para conquistarse se deben poner en marcha las importantes fuerzas sociales de la clase trabajadora, junto a la juventud y los sectores populares. En última instancia se trata de terminar de abrir, por abajo, la brecha en el Régimen del 78 que se inició con el 15M, para sobre sus ruinas poder elegir una Asamblea Constituyente en la que voten todos los mayores de 16 años, en circunscripción única y con representantes que cobren el salario medio de un trabajador y sean en todo momento revocables. Un proceso que tendría que realizarse simultáneamente en las nacionalidades para que éstas definan, en referéndum o en sus propias asambleas constituyentes, el tipo de relación que quieren tener con el resto del Estado.

Un proceso democrático de este tipo, el mayor grado de democracia que puede darse en una democracia representativa, sólo puede abrirse y sustentarse en una gran movilización obrera y popular, la única garantía de que ni la Corona, ni la Judicatura, ni el Ejercito, ni cualquier otra de las castas de esta democracia para ricos, tutelen, vigilen y limiten la agenda de transformaciones económicas y sociales pendientes.