Desaparición forzada de estudiantes abre crisis del Estado mexicano

El pasado 26/9, los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron a Iguala, municipio del estado de Guerrero a recaudar fondos para ir a la movilización del 2/10 en homenaje a los caídos de 1968 en la masacre de Tlatelolco. Dos estudiantes fueron ejecutados extrajudicialmente por la policía municipal. Otro estudiante apareció muerto, con signos de tortura. Otras tres personas murieron bajo las balas de la policía. Cuarenta y tres de sus compañeros fueron víctimas de desaparición forzada.

Con la masacre y las desapariciones quedaron expuestos los estrechos vínculos entre los funcionarios de gobierno y los cárteles del narcotráfico. La punta del iceberg son José Luis Abarca (ex alcalde de Iguala) y María de los Ángeles Pineda, su esposa (titular de la sede local del Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia), miembros del Partido de la Revolución Democrática, operadores del cártel Guerreros Unidos y, según el gobierno mexicano, responsables intelectuales del ataque a los estudiantes. Prófugos por más de un mes, acaban de ser detenidos.

Hartos del horror y de la impunidad, cientos de miles de estudiantes, maestros, artistas, intelectuales, trabajadores y campesinos de México protagonizan incontables acciones por la aparición de los jóvenes de Ayotzinapa: bloqueos carreteros, mítines, marchas, paros universitarios, eventos en redes sociales. Denuncian la asociación entre PRI-PAN-PRD y el narcotráfico. No confían en las instituciones de gobierno. Sus consignas: “¡Fue el Estado! ¡Vivos los llevaron! ¡Vivos los queremos!”

La justicia no vendrá de la mano de la clase política, encabezada por Peña Nieto, quien convocó a un pacto a los tres principales partidos y que busca con ello cerrar filas y contener la indignación. Tampoco las elecciones anticipadas propuestas por López Obrador son una alternativa ya que mantendrían intactas estas instituciones. A los cientos de miles que exigen Fuera Peña, les proponemos luchar por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, sin ninguna restricción ni condicionamiento, con representantes cada 50.000 habitantes, donde la agenda de discusión sean las demandas de las grandes mayorías: por ejemplo, cómo resolver y poner un alto a la militarización y el asesinato de nuestros compañeros; cómo sacarnos de encima el yugo de la dominación de las transnacionales, cómo acabar con el feminicidio y la trata. Frenar la miseria y opresión sobre los campesinos y los indígenas pobres y echar atrás las reformas antiobreras que atacan y esclavizan a la clase trabajadora. Esa propuesta es la vía para sacarnos de encima a Peña, a los tres partidos e instituciones responsables del saqueo y las desapariciones.

Esta Asamblea Constituyente y su discusión libre y soberana, no será garantizada por este régimen asesino. Para hacerla realidad, es necesaria la más amplia movilización nacional, y que los trabajadores con sus métodos de acción -como el paro nacional- encabecen esta lucha. No confiamos en que estas instituciones acepten una salida favorable a las mayorías populares. Por eso, la movilización y el desarrollo de la autoorganización desde las bases, será fundamental tanto para imponer esta Asamblea como para garantizar que sus resoluciones se lleven a cabo.