El Gobierno pro ricos de Rajoy y sus falsas promesas a los trabajadores públicos

Tras la reunión mantenida entre los representantes sindicales de CC.OO., UGT y CSIF y el gobierno, Rajoy vuelve a hacer electoralismo de la peor especie. Promesas que no va a cumplir, pues contradicen los mandatos de Bruselas que tan bien obedece. Solo la movilización y la lucha unitaria de los trabajadores pueden alterar la relación de fuerzas y lograr resultados.

El gobierno de Rajoy primero hizo saltar la noticia en forma de “globo sonda” que publicaron todos los medios de comunicación: la posibilidad de restitución parcial de los derechos económicos y sociales arrebatados a las y los trabajadores del sector público durante los años más duros de la crisis. Mantuvo después un suspense narrativo a modo hitchcockniano con una serie de desmentidos. El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y portavoz adjunto del Ejecutivo, José Luis Ayllón, dijo que devolver la paga extraordinaria de diciembre de 2012, entre otras medidas, “no está en los planes del gobierno de este momento”. El propio Ministro de Hacienda desmintió que hubiera nada en concreto.

Finalmente las aguas volvieron a un cauce electoralista. Se ratificaron las noticias y se celebró una reunión la semana pasada con los sindicatos, sin nada fijo por el momento, pero abriendo un proceso negociador. Desde los responsables de función pública se aseguró que había posibilidades, sin mucha concreción, de la devolución de un 75% de la paga extra de navidad que fue suprimida en 2012, la recuperación de algunos días por asuntos propios que fueron arrebatados, una mayor flexibilidad en la oferta de empleo público e incluso, esto ya en una especie de malabarismo, un aumento salarial que podría acercarse al 1%, tras más de un lustro de congelación.

Nada se atisba entre estas promesas nebulosas e imprecisas, sobre la restitución de derechos laborales y sociales tan esenciales como el cobro del 100% del salario para las bajas médicas justificadas o la reposición de la totalidad de las plazas vacantes fijas y temporales. Esta última una demanda clave para la creación de empleo digno para los y las trabajadoras en desempleo y para la prestación de servicios públicos de calidad.

Todas estas supuestas devoluciones de derechos sociales y económicos arrebatados se pretenden restituir sobre la base de la “graciosa magnanimidad” del gobierno. Por la misma imposición arbitraria que se quitaron ahora se devolverán. De hecho, ya hubo algunas restituciones parciales; algunos días libres y el 25% de la paga extra. Siempre con la misma característica de “graciosa concesión” del gobierno.

Todo sin que el aparato sindical burocrático haya movilizado. Se limitó a desarrollar acciones judiciales en los tribunales, y no planteó un calendario de luchas para lograr a través de la fuerza algún objetivo que pudiera elevar la confianza de las y los trabajadores. Sí que han estado muy interesados en incorporarse a las negociaciones en cuanto han sido llamados. Han asistido como “convidados de piedra” a la formalización de los acuerdos, vendiendo sus apoyos cómplices al gobierno del PP, como antes lo hicieron con el del PSOE de Zapatero cuando llevó a cabo la política impuesta por la Troika.

Unas promesas que apestan a “tufillo electoralista”

Hay que ser muy simple para no percibir el evidente “tufillo electoralista” de estas promesas del gobierno. Ni siquiera han disimulado lo mínimo para engañar a algunos incautos. Las realiza a escasos meses de las próximas elecciones. Y quiere ligarlas a la aprobación de los presupuestos para 2016. Unas cuentas que quieren dejar atadas y bien atadas las políticas sociales y económicas del siguiente gobierno. Los marcos de estas cuentas podemos imaginarlos, ya que los gastos y políticas sociales del Estado español deben ser aprobados previamente por Bruselas y la Troika, es decir por el gobierno de Ángela Merkel como gobierno imperialista dominante en Europa y principal acreedor de la deuda española. Similar a lo que le ocurre a Grecia, aunque con menor nivel de exigencias.

El gobierno del PP desesperado por la posibilidad de una derrota electoral, o una victoria insuficiente para permitirle gobernar, es evidente que se ha lanzado a la estrategia de ofrecer inciertas expectativas a diferentes colectivos, como a las y los empleados públicos, que considera que le han dado la espalda electoralmente.

Además pretende apoyar toda su estrategia electoral en la idea de que ha cambiado la situación de la economía. Como aseguró Rajoy la crisis “ha doblado por fin el Cabo de Hornos” y gracias a su gestión, sus reformas y su política de austeridad ahora es posible empezar a trasladar los efectos del crecimiento a los sectores que más han padecido la crisis. El colectivo de la función pública, en primer lugar.

Sin embargo todo esto choca con el hecho de que la deuda pública, aspecto esencial en las políticas impuestas por la Troika y justificativo de todos los recortes en políticas sociales emprendidos hasta la fecha, no para de crecer y se sitúa ya en el 97,7% del PIB. Por otra parte, el Estado español es el cuarto por la cola de los 18 países de la Eurozona que tiene menor recaudación fiscal sobre su PIB. Tan solo recaudamos vía impuestos un 32,6% del PIB, cuando Francia lo hace en un 45%, Italia el 42,6% o la propia Alemania un 36,7%. Se da, además, de narices con la reducción de la presión fiscal emprendida que favorece sobre todo a los ricos. Se vuelve, por ejemplo a reducir la tributación sobre rentas de capital -que ya eran más bajas que las que recaían sobre el trabajo- y resulta más elevada la reducción de la factura fiscal en las rentas más altas.

Los trabajadores no se resignaron: lucharon

Cuando en el año 2012 el gobierno del PP llevó a cabo los brutales recortes en los derechos sociales y económicos de las y los empleados públicos se encontró con una fuerte resistencia. Se inició un movimiento espontáneo, algo deslavazado y desorganizado pero apoyado firmemente sobre la acción directa de los trabajadores, sin intermediación de la burocracia sindical. Algunos comités de empresa se sumaron a las movilizaciones pero ni controlaban ni dirigían el proceso. Por arriba, las cúpulas sindicales no apoyaban o incluso boicoteaban las acciones.

Inicialmente la movilización de las y los trabajadores del sector público conformó la vanguardia más combativa de las luchas junto con los mineros asturianos y las luchas del 15M, con cortes de calles principales diarios y huelgas. Posteriormente darían paso a las denominadas mareas -blanca, verde, naranja- en función del sector de trabajadores públicos del que se tratara. Se transformaba así en un movimiento de mayor amplitud al plantear la vinculación de las luchas de carácter laboral, con la defensa conjunta con las clases populares de los servicios públicos de calidad y sin recortes.

Se realizaron huelgas de cierta importancia como en la Sanidad o en la Educación, incluso en los transportes públicos, Metro y EMT, que hasta trataron de coordinarse. Pero la intervención en contra de ello de las cúpulas sindicales dio al traste con todo este proceso. Al final el movimiento quedó circunscrito a la luchas de las denominadas “mareas ciudadanas” que, aunque continuaron con las movilizaciones, dejaron de poseer la fuerza que aporta la lucha económica y social directa de los trabajadores que es el único agente político de transformación social y económica real. Estas movilizaciones de las mareas centradas en la realización de manifestaciones se fueron diluyendo al calor de los procesos electorales y el surgimiento de Podemos.

Sin embargo, lo que el gobierno del PP tendrá complicado, por mucho que lo pretenda, es adormecer el malestar social que ha supuesto su gestión de la crisis en favor de los grandes empresarios capitalistas y banqueros. Un proceso que no es exclusivo patrimonio suyo, pues ya fue iniciado en la etapa final del gobierno del PSOE de Zapatero.

¿Qué hacer? Hay que reemprender el camino de la organización y la lucha

Lo único sensato que pueden hacer las y los trabajadores públicos para recuperar sus derechos económicos y sociales es lo mismo que están haciendo los trabajadores de Coca-Cola de Fuenlabrada, los de las contratas de Movistar y los que protagonizan multitud de luchas contra el empleo precario y la mejora de las condiciones laborales y contra los ERE’s. Es decir, organizarse, movilizarse y unificar las luchas contra cualquier agresión o recorte que afecte a las condiciones de vida de los y las trabajadoras.

Haciéndolo con decisiones adoptadas en asambleas unitarias y por fuera de las estructuras burocráticas sindicales si éstas no generan ni impulsan la lucha. Los y las trabajadoras deben utilizar las herramientas de las que disponen y si no son útiles transformarlas o crear otras estructuras que sirvan para el fomento e incremento de las movilizaciones.

Porque la política que están siguiendo desde el gobierno bajo los dictados de la Troika es igual de agresiva contra todos. Primero empezaron por laminar los derechos laborales de los sectores de trabajadores más debilitados, fundamentalmente inmigrantes y precarios. Posteriormente, continuaron, gracias sobre todo a la “contrarreforma laboral”, atacando los derechos y empleos de trabajadores más consolidados y por último agredieron a los trabajadores del sector público: recortando plantillas en Sanidad y Educación, sobre todo; reduciendo salarios y aumentando jornadas; amenazando con la finalización de los convenios una vez decretado el fin de la ultra-actividad de los mismos…

Los planes reales, los que ya tenemos y nos esperan intensificados a la vuelta de la esquina, son los que envía Rajoy a Bruselas, a Merkel y la Troika: reducción de cerca de 10 puntos sobre PIB del gasto público; déficit cero en un Estado con amplias dificultades recaudatorias por fraude fiscal y reducción de la deuda pública, lo que lleva aparejado una gran reducción de gastos en pensiones, salarios públicos, plantillas…; rebajas de impuestos directos y sobre el capital e incremento de impuestos indirectos -IVA- que atacan el consumo de los más débiles y que oscilan con las crisis…

Es decir, que al margen de la propia crisis y su proceso evolutivo, el Estado tiene que ser “privatizado” y esto lo pagarán las y los trabajadores y las clases populares con menos servicios públicos, de peor calidad, menos empleo público y en condiciones cada vez más precarias.

El destino de los y las trabajadoras está y permanece atado unos a otros. Ahora van a agredir, por ejemplo, a otro sector que hasta ahora permanecía en mejores condiciones laborales como son los trabajadores de la banca, que ya han padecido una oleada de miles de despidos. Como a los demás les espera un infierno de recortes en derechos y remuneraciones, reducciones salariales sobre un 30%, eliminación de pagas y antigüedad, des estructuración del salario con una parte considerable variable según objetivos…

Por lo tanto no hay escapatoria y solo existe una solución real: incrementar las movilizaciones y las luchas con un enfoque unitario y participativo que eleve la confianza de los trabajadores en sus propias fuerzas y que empiece a modificar la relación de fuerzas en favor de los asalariados y las clases populares. Ésta es también la única opción para las y los trabajadores del sector público.