Precariado: hecho maldito del país kirchnerista

Hay momentos en que distintos intereses confluyen en una misma operación: transformar al precariado en una entidad en sí misma, aislada, amputada del resto de los trabajadores. Lo que queda del progresismo kirchnerista, porque de este modo cree retener algo de su maltrecho discurso y embanderarse con estos nuevos “descamisados” para oponerlos a la “oligarquía obrera” del impuesto a las ganancias (aunque los descamisados del siglo XXI no tengan nada que ver con el histórico “pueblo trabajador” peronista, dado que no pueden aspirar a derechos obreros sino solo a una pobreza contenida por el Estado). El moyanismo, porque de este modo expulsa a los precarios de su “campo de representación” y se dirige a su base segmentada para insuflarle el conservadurismo de “pertenecer” e intentar garantizar así la división entre pares de la que depende su propia sobrevivencia (en esto, nada lo diferencia del conjunto de la burocracia peronista). Las ciencias sociales progresistas, porque de este modo pueden configurar un “nuevo sujeto” (en esa búsqueda interminable del sujeto perdido que protagonizan hace 30 años) a partir del cual reactualizar la nostalgia a resguardo del incómodo lugar de repensar al conjunto de la clase como sujeto peligroso.

Sin embargo, la realidad persiste en unir lo que el hombre ha dividido y la mejor experiencia de la izquierda se empeña en transformar esa unidad en programa a partir de procesos concretos de organización y lucha en común. De eso se trata este artículo.

La precarización como condición obrera

El avance del trabajo precario a nivel mundial (y su “normalización” como tendencia del capitalismo actual) provocó un doble movimiento ideológico: por un lado, mostró la falsedad de las tesis del “fin del trabajo” (y de su consecuente “adiós al proletariado”) debido a la extensión de lo que Ricardo Antunes llamó la clase-que-vive-del-trabajo; por otro, cuestionó la ilusión (¿socialdemócrata?) de que el trabajo asalariado es sinónimo de estabilidad y ascenso social y antónimo de pobreza y exclusión. Hoy asistimos a un panorama que hubiera parecido paradójico hace 40 años: una inédita expansión del trabajo asalariado y, al mismo tiempo, su imbricación (no como anomalía sino como norma) con la pobreza, la precarización y la “exclusión social”. Ejemplo de esto son los chavsingleses, que Owen Jones describe de forma contundente en su libro, o los trabajadores pobres que en Argentina conforman más del 50 % de los asalariados y que en su mayoría son jóvenes.

Este escenario plantea tres núcleos de problemas teóricos. El primero, la necesidad de repensar la centralidad de la clase obrera ante la abierta crisis del paradigma de los nuevos movimientos sociales. Hoy es evidente que la conflictividad tiene fuerte impronta de demandas laborales. Pero este retorno no ha sido bajo las mismas formas del protagonismo obrero de la década del ‘60 y ‘70, sino que ha combinado formas “clásicas” con formas “novedosas” y específicas de la actual “condición obrera”. Las huelgas generales de 2010 y 2011 en Grecia, Francia y Portugal; las más recientes en Bélgica e Italia; las huelgas sectoriales como las del correo en Alemania, del transporte en Francia o la telefonía en el Estado Español. La serie de huelgas por salario y condiciones laborales en China, donde la restauración capitalista asalarizó a centenares de millones de trabajadores, que tuvo su pico en 2014 con 1.300 conflictos. El movimiento “Fight for 15” (en relación con el valor de la hora de trabajo) en EE. UU., que involucra a sectores precarizados de los servicios. En los fines de ciclo de los gobiernos posneoliberales latinoamericanos podemos observar las huelgas masivas de la construcción civil de 2011 en Brasil y un heterogéneo proceso huelguístico en distintas ramas que es el más importante desde la década del ‘80; o la revitalización sindical y de la conflictividad laboral en Argentina que ha dado fuertes procesos en los lugares de trabajo y cinco paros generales desde 2012. Estas luchas claramente obreras se combinan con otras que tienen como protagonistas a jóvenes precarios en las que el reclamo contra la precarización del trabajo se expresa con peculiaridades nacionales fusionando demandas económicas con demandas hacia el régimen político como blanco de ataque de los “jóvenes sin futuro”: los indignados en el Estado español, el movimiento Occupy Wall Street en EE. UU., las llamadas “jornadas de junio” de 2013 en Brasil o incluso el comienzo de las protestas de plaza Tahrir en Egipto.

Derivados de estos rasgos de la conflictividad surgen el segundo y tercer núcleo de problemas. Por una parte, la pregunta acerca de cuáles son lo que Göran Therborn [1] denominó las “bases sociales de la resistencia”, es decir, si estas “nuevas masas” que protagonizan las protestas en distintos lugares del mundo pueden ser comprendidas a partir de la categoría marxista de clase o si, por el contrario, hay que pensar en otra conceptualización. Esto ha generado dos tipos de reacciones. O bien, distintos intentos de ampliación de la noción de clase obrera de modo tal que ésta incorpore las diversas formas de precarización: ya sea a través de atribuir a Marx un concepto estrecho de proletariado, ya sea a través de atribuir esa estrechez a interpretaciones distorsionadas, la necesidad de ampliar los límites del concepto (para incluir situaciones de explotación no previstas y muy extendidas) trasunta buena parte de los nuevos debates e investigaciones empíricas [2]. O bien, intentos de generar una nueva categoría diferenciada de la de clase obrera para definir estos fenómenos, como la categoría autónoma de “precariado” de Guy Standing [3]. Por último, también se ha reavivado el debate acerca de los sindicatos y su perspectiva como posibles organizaciones del descontento en un mundo del trabajo que se ha precarizado no solo en clave de derechos laborales y sociales, sino también en clave de la experiencia concreta de organización y de lucha. Este tercer núcleo teórico emerge en las polémicas sobre la revitalización sindical y las críticas al sindicalismo de movimiento social [4].

La solidaridad como construcción política

Como hemos analizado en otras oportunidades [5], en Argentina la renovación de estos debates no vino de la mano de la crisis internacional sino de un período de fuerte crecimiento económico y del empleo que empujó la conflictividad laboral de 2003 en adelante. La recomposición social y gremial de la clase obrera luego del 2001 se expresó como un doble proceso. Una serie de políticas estatales orientadas a restablecer instituciones de negociación colectiva fortaleciendo a los sindicatos y un claro aumento de la conflictividad laboral. Este proceso, que llevó a algunos a sostener que había terminado el modelo de relaciones laborales de la década del ’90 o a ilusionarse con un retorno del modelo “clásico” del peronismo de mitad de siglo XX se chocó, sin embargo, con un elemento central: el mantenimiento de las condiciones de precarización de la compra-venta y del consumo de la fuerza de trabajo en el país [6].

Lo que en las estadísticas aparece como cifra, en las entrevistas y en los procesos de organización y lucha aparece como un hartazgo muy preciso: “que te boludeen”, “que te ninguneen”, “ser un número” y otras formas metafóricas de referir a un fuerte sentimiento que hemos llamado de “desubjetivación” en el lugar de trabajo. Esta “desubjetivación” es triple: un número ante la empresa (dado que muchas veces ni siquiera son trabajadores directos de las compañías en las que se desempeñan); invisibles ante el sindicato de la rama productiva correspondiente (que no los representa); y “trabajadores de segunda” ante sus propios compañeros estables y por convenio.

Es sobre ese sentimiento de injusticia que se despliega el “sindicalismo de base” en el que se manifiestan las características actuales de la condición obrera: la precarización del trabajo, la existencia de una nueva generación (no en términos biológicos sino sociales y políticos) desarraigada de la ilusión socialdemócrata (aquí peronista) y la incidencia de la izquierda radical o clasista en la disputa por establecer los parámetros de una nueva dignidad obrera [7].

Pero no hay traducción mecánica entre el sentimiento de injustica y la posibilidad de su reversión. Allí interviene la política y la capacidad de construir, en la experiencia concreta, los programas que se presenten como alternativa ante la condición obrera precaria. Es por eso que en aquellos casos en los que la organización de base en el lugar de trabajo ha tomado como demanda y política propia la defensa de los precarizados, el sindicalismo de base asumió características revulsivas, viró en sindicalismo de izquierda y restituyó el carácter peligroso de la clase obrera. Tomemos dos ejemplos en la zona norte del GBA.

El salto del molinete

El largo conflicto de Kraft del 2009, con más de un mes de huelga, represión policial, desalojo violento y decenas de manifestaciones y cortes de ruta tanto de obreros como de organizaciones solidarias, el carácter opositor a la dirección sindical de su Comisión Interna (CI), el fuerte activismo que convoca (particularmente de jóvenes) y la presencia de la izquierda clasista, no podría comprenderse sin atender a un elemento mucho menos publicitado, pero sumamente importante para la transformación de Kraft en el referente indiscutido del sindicalismo de base fabril de Zona Norte: el año 2007 como momento crucial en el que la CI toma los reclamos de los trabajadores contratados y a partir de allí convoca una renovación de la organización fabril que genera un fuerte activismo de jóvenes precarizados que consideran a la CI como su organización de pertenencia.

El año 2005 marca un primer punto de inflexión. En primer lugar, porque luego de dos años de recuperación económica la fábrica había renovado su composición incorporando centenas de nuevos jóvenes que ingresaban al mercado de trabajo y, en ese clima, comienzan a observarse las primeras resistencias (incluso individuales) de los jóvenes contratados. En segundo lugar, porque esta renovación generacional presiona a la CI para que “abra” la lista electoral a algunos de estos jóvenes (entre ellos, algunos simpatizantes de la izquierda clasista) y para que proponga que la votación se realice entre todos los trabajadores (contratados, efectivos, afiliados, no afiliados, tercerizados). Así comienza un proceso de activismo gremial, asambleas fuera de la planta y discusiones sobre las condiciones de trabajo que consolida un grupo de activistas jóvenes, muchos de ellos precarizados.

Dos años pasaron hasta que ese proceso se hizo público. En 2007 se desarrolló un conflicto que duró más de 45 días y que selló la unidad entre efectivos y precarios. El conflicto se inicia en las paritarias cuando el sindicato (STIA) firmó un acuerdo salarial por un aumento de 16,5 %. En asamblea los obreros deciden votar un programa de acción que incluye: aumento salarial al nivel de la canasta familiar y efectivización y pase a planta de trabajadores contratados y tercerizados. Votan también como medida de acción un corte de la Panamericana. Fue el primer corte impulsado por Kraft de Panamericana, ruta que luego se transformaría en el territorio de la belicosidad obrera en la zona. Más del 60 % de los presentes en el corte eran jóvenes contratados. A dos días del corte, la empresa despide a 150 trabajadores contratados y de agencia. Un sector de los despedidos, los del turno noche, saltaron los molinetes para ingresar a la planta y se dirigieron a los vestuarios. “Llegamos y no nos dejaban entrar. Atropellamos a los de seguridad y pasamos”, nos dijo un protagonista. Junto a algunos miembros de la CI realizaron una asamblea y decidieron llamar a un paro de actividades con permanencia. Fue la primera vez que la organización fabril organiza un paro en defensa de trabajadores contratados. La mayoría eran jóvenes de entre 22 y 25 años. La planta se paralizó y los despidos se retrotrajeron. Esos hechos cambian la ubicación de la CI respecto de la nueva generación de jóvenes, pero también respecto de los “obreros viejos” que tenían naturalizada la división entre contratados y efectivos. La elección de un Cuerpo de Delegados por sector en el 2008 amplió la representación sindical con muchos de los jóvenes que renovaron la vida gremial. El sindicato y la empresa desconocieron legalmente a los delegados quedando conformado un organismo fabril de hecho pero no de derecho. Ese proceso de ampliación y renovación generacional y política de la organización fabril es lo que se transformará en el foco del ataque de la empresa en 2009 cuando despide casi 200 trabajadores, entre ellos muchos miembros de ese Cuerpo de Delegados. De la lucha en ese conflicto emergerá una nueva dirección clasista de la CI con protagonismo de los que lucharon contra la precarización.

Todos adentro

En 2014 la multinacional gráfica R.R. Donnelley cierra la empresa sin previo aviso (práctica extendida en varios países) dejando 400 trabajadores en la calle. La CI, junto a los trabajadores, deciden en asamblea presentarse en las instalaciones y continuar la producción. De allí en adelante comienza una lucha por la expropiación de la planta y la estatización bajo gestión obrera (siguiendo el modelo de cerámica Zanon), concitando una serie de solidaridades y apoyos (obtuvieron media sanción del proyecto de Ley de expropiación en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires [8]).

Los antecedentes de este proceso en Donnelley (hoy llamada cooperativa MadyGraf en homenaje a Mady, la hija discapacitada de uno de los dirigentes sindicales de la planta) se remontan a 2005 y están directamente relacionados con la lucha contra la precarización laboral. “Estaba tan naturalizado el despido que el compañero entraba a trabajar, trabajaba medio día, lo llamaban a la oficina y le decían ‘estás despedido’. El compañero se iba, saludaba a sus compañeros de la máquina y le decía ‘me tocó a mí’, ‘uhh… qué cagada…’. Saludaba a todos, agarraba sus cositas y se iba. O sea, a ese punto estaba naturalizado”. Esto nos decía Eduardo Ayala (principal referente de Donnelley) sobre la dinámica de despidos que primaba en la planta desde la década del ‘90. El año 2005 es un punto de inflexión (nótese que esta fecha se reitera en los dos casos que estamos describiendo). Por primera vez, los delegados opositores a la conducción sindical ganan el total de la CI y se consolidan como organización opositora y con vínculos con la izquierda clasista [9]. En la discusión paritaria de ese año, la empresa propone un aumento salarial en cuotas. La CI responde colocando por primera vez sobre la mesa de negociación el problema de los contratados: los trabajadores aceptarían el pago en cuotas a cambio de efectivizar al conjunto de precarizados de la planta: “Ese día fue un quiebre…porque no solamente le sacamos el aumento de paritarias sino que eliminamos todos los pibes de agencia, tercerizados, todo. Desde el 2005 hasta ahora no nos pudieron recambiar ni un solo compañero. En el 2011 nos despidieron 19, luchamos y los reincorporamos” [10].

De allí en adelante desarrollan lo que ellos llaman “la solidaridad con los que peor están”. En 2007, ante el asesinato de Carlos Fuentealba en Neuquén la CI de Donnelley plantea la necesidad de realizar un paro de actividades en solidaridad. Según cuenta un delegado, la discusión en la asamblea fue muy larga y estuvieron muy divididas las opiniones. Finalmente gana la moción de parar, pero con un sector de la planta en disidencia. Seis años después, ante el escandaloso fallo judicial que condenó a prisión a trabajadores petroleros, la CI vuelve a proponer realizar un paro de actividades en solidaridad. La moción gana por amplísima mayoría. Esos seis años fueron de consolidación de una experiencia de solidaridad, primero respecto de los sectores más precarios de la propia planta fabril y luego con otros sectores de trabajadores ajenos a la fábrica. El 11 de diciembre de 2010, la CI de Donnelley forma parte de una delegación que se hizo presente en el Parque Indoamericano de la ciudad de Buenos Aires para apoyar a los inmigrantes bolivianos sin techo que habían sido brutalmente reprimidos por la policía (con cuatro asesinados). En abril de 2013, las comisiones internas de Kraft y Donnelley llamaron a asamblea y realizaron colectas en las fábricas para llevar a alimentos, ropa y materiales de primera necesidad a los inundados del barrio Las Tunas (situado en la periferia de los countries del partido de Tigre) y votaron la participación en las movilizaciones de los vecinos contra las autoridades. El rebote de esa acción pudo verse en el paro del 10 de abril de 2014, cuando pobladores de Las Tunas se hicieron presentes en el corte de Panamericana que realizaban las comisiones internas combativas de la zona. Esa práctica, no corporativa, de casi 10 años, es parte esencial de las condiciones de posibilidad que permitieron llevar adelante la política de continuar la producción una vez abandonada la planta por la empresa y comenzar la lucha por la expropiación puesta bajo administración obrera.

Programa y experiencia

La consolidación del precariado como condición obrera es un hecho ineludible. Su transformación en barrera para lo que Marx llamó “la unidad cada vez más extensa de los obreros”, no lo es. Los casos que describimos someramente aquí presentan la combinación entre un proceso objetivo de fragmentación y una disposición subjetiva de reconstrucción de solidaridades obreras (entre precarios y no precarios) como política expresa. Hace poco una joven le preguntó a un militante setentista cuál era el programa que tenía que levantar la clase obrera hoy para recobrar y superar la fuerza que había tenido en los ‘70. Él respondió algo que hago propio: el programa no es algo acabado a priori de la experiencia, que pueda agitarse, siempre igual a sí mismo, en las puertas de los territorios obreros. O es apropiado y transformado en la experiencia de autorganización y lucha de esta clase obrera precarizada, o es papel mojado. Una buena porción del millón y medio de votos del Frente de Izquierda, son jóvenes de esta nueva generación que siente en carne propia la injusticia de la precarización y la imposibilidad de su resolución por el peronismo (en sus distintas versiones), y que depositan en el FIT la expectativa de un programa alternativo. En la transformación de ese programa electoral en programa de organización y lucha de miles de precarizados se juega la suerte de una izquierda revolucionaria en Argentina y la posibilidad de interpelar a estas “nuevas masas” como “jóvenes obreros” que puedan imbricar en la pertenencia de clase todo su odio y espontaneidad.