Revertir la “década perdida” de la universidad, una asignatura pendiente del movimiento estudiantil

En cuatro años, 134.000 estudiantes universitarios han sido expulsados porque no pueden permitirse pagar las tasas, han sido eliminados 115.366 puestos de profesores e investigadores universitarios y 32.000 profesores y personal no docente han sido despedidos. Sólo un movimiento estudiantil autoorganizado, combativo y anticapitalista, aliado a los trabajadores, puede revertir la “década perdida” de la universidad.

Un reciente informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo del Banco Santanderhabla de una “década perdida” de la universidad española. Sólo que para ellos está “perdida” en los términos del IBEX 35. Para nosotros no.

La universidad (cada vez menos) pública ha sufrido un ataque neoliberal continuado durante los últimos años. Por una parte, se han elaborado e implantado una serie de proyectos que no han hecho sino poner la universidad al servicio de las empresas, eliminado cualquier atisbo de carácter crítico y de organización verdaderamente democrática de sus organismos y, por otra, la subida de tasas y los recortes en educación han expulsado masivamente a estudiantes y trabajadores de las universidades.

La contrarreforma comenzó con el Proceso de Bolonia, orquestado desde la Unión Europea en 1999 e implementado en torno a 2010 con una falta absoluta de democracia en el proceso, ignorando las masivas protestas de los estudiantes organizados y con el objetivo principal de mercantilizar la universidad. En la misma línea, el Gobierno del Estado español desarrolló la Estrategia Universidad 2015, que pretende reforzar el proceso de inclusión en el Espacio Europeo de Educación Superior inaugurado por el “Plan Bolonia” y uno de cuyos ejes es, según palabras textuales del documento oficial del Ministerio, “la transferencia de conocimiento y tecnología hacia los sectores productivos”, incluyendo y priorizando en el proceso, el “diálogo” con los agentes económicos.

La última vuelta de tuerca para elitizar la universidad pública es la reforma del 3+2, aún por aplicar. Con este proyecto pretenden vaciar los grados de contenido haciendo indispensable la especialización a través de un máster que durará dos años y que duplicará los precios actuales ya de por sí imposibles de pagar para la clase trabajadora; la formación universitaria “completa” costará en torno a los 20.000 €. Además, esta reforma supone un papel aún mayor del sector empresarial, que decidirá qué materias financiar y que premiará a las universidades más competitivas, castigando especialmente al área de las humanidades.

Tampoco hay que olvidar que la enseñanza secundaria no se libra del proceso de acoso y derribo. En este caso, la elitización viene a través de la implantación de la LOMCE, aplicada por completo este curso, que describíamos en un artículo anterior como “una ley discriminatoria y clasista que quita apoyos donde más se necesita, mientras incluye en el temario valores como el emprendimiento y busca aumentar y perpetuar las desigualdades” y que incluye novedades como las reválidas inspiradas en el sistema franquista y aprobadas este agosto con estividad y alevosía.

Todo ello ha venido de la mano de una subida de las tasas universitarias sin precedentes –de hasta un 66%–, diferente en cada comunidad autónoma, y un recorte que ha afectado a las becas, los recursos y servicios universitarios y las contrataciones en educación: el gasto público en educación superior en España es de un 2,13%, por debajo de la media europea. Esto ha supuesto la expulsión de 134.000 estudiantes universitarios en los últimos cuatro años porque no pueden permitirse pagar estas cantidades desorbitadas, la eliminación de 115.366 puestos de profesores e investigadores universitarios y el despido de 32.000 profesores y personal no docente en todo el ámbito sumado a una ofensiva contra los derechos laborales de los que permanecen.

Ante esta situación ruinosa del sistema universitario del Estado español, el neoliberalismo no duda en continuar el saqueo. La fundación Conocimiento y Desarrollo, presidida por nada menos que Ana Botín –cargo que concilia con la dirección del Banco Santander– y con el patronato de las principales empresas del IBEX 35, ha elaborado el citado informe CyD 2015 sobre la contribución de las universidades al desarrollo. En este informe señalan como resultado de la escasa financiación pública de la universidad en los últimos años “menos alumnos, menos profesores, menos inversión y más trabajadores sobrecualificados”.

Además de realizar un análisis y aportar determinados datos sobre el estado de la universidad pública, la fundación CyD se permite hablar de la “década perdida de la universidad” y de realizar una serie de exigencias sin ruborizarse: pide que las administraciones públicas «prioricen el apoyo público a las universidades como la mejor garantía para conseguir un crecimiento sostenido a largo plazo». La propia Ana Botín afirmaba en la presentación del informe del pasado 12 de septiembre: «Debemos mejorar la financiación de las universidades, proporcionarle mayor autonomía para que tengan más flexibilidad en la toma de decisiones y en su propio desarrollo, y vincular la financiación a los progresos en sus planes, objetivos y resultados».

¿Pero qué hay detrás de esta supuesta petición de autonomía y de mayor gasto público para la universidad? El informe exige «estrechar la relación entre la universidad y la empresa» y pretende que se vincule la financiación a los resultados.

Es decir, esta autonomía de la que hablan es, en todo caso, una independencia entre la universidad y los estudiantes y trabajadores para elevar a infinito la dependencia entre universidad y empresa, poniendo los contenidos al servicio del IBEX 35 y eliminando del mapa el espíritu crítico y “conocimientos no rentables” como la filosofía o el arte; pretenden que la universidad haga por ellos los cursillos laborales para empleados sumisos.

El neoliberalismo habla de la década perdida de la universidad y puede que sea cierto. Pero, desde luego, la solución no pasa por una intromisión de las empresas en el contenido y organización de las enseñanzas superiores, sino por la expulsión de las empresas de nuestros campus, la democratización radical de los jerárquicos organismos universitarios, el control de estudiantes y trabajadores sobre la misma y la eliminación de las tasas. Es indispensable traer el pensamiento crítico a la universidad, sacar el sexismo y el racismo de nuestras aulas, arrancar las facultades de las manos de las élites neoliberales y poner la universidad al servicio de los trabajadores y el pueblo, algo que solo puede conseguir un movimiento estudiantil anticapitalista combativo desde la perspectiva de la autoorganización y la alianza obrero-estudiantil.

Porque no hay sobrecualificación, hay infraempleo, porque, como dice la juventud francesa que sigue en pie de lucha contra la reforma laboral de Hollande, nos merecemos algo mejor: #OnVautMieuxQueÇa.