La concentración del 20J impuso «el cierre de los CIEs» en la agenda política. Sin embargo el programa de Ada Colau es limitado en la lucha contra el racismo institucional, las razias y las persecuciones a los inmigrantes.
Una joven activista del Espacio del Inmigrante dijo en la manifestación del 20J frente al CIE de Zona Franca, «Esto es el principio del fin, de una parte. Lucharemos por la abolición de la ley de extranjería».
La mayoría de los colectivos de la Plataforma «Cerremos los CIE» y otros colectivos en defensa de los inmigrantes, hace años que luchan por la abolición de las leyes de extranjería, contra el racismo institucional, la represión policial, la política migratoria europea que asesina a miles en el mar y en las alambradas. Por papeles para todos para que se garantice el derecho a subsistir con un trabajo digno.
La realidad es que luchar contra los CIE, es enfrentar el último eslabón de una larga cadena de opresiones y persecuciones racistas que sufren las personas inmigrantes para poder subsistir en estas suntuosas ciudades, como la misma Barcelona.
El pasado sábado en la concentración frente al CIE de Zona Franca, Ada Colau afirmó que «Desde el Gobierno municipal que ahora comienza, nos comprometemos firmemente a hacer todo lo posible para que Barcelona sea una ciudad libre de centros de internamiento».
Si realmente se cerrara uno de los CIEs más emblemáticos del Estado español, conocido por las torturas, muertes y malos tratos de los internos, sería un triunfo para el movimiento que viene luchando en las calles contra estas cárceles racistas y contra el racismo institucional, hace ya muchos años. Un triunfo de la movilización que además viene acrecentándose.
Para ello, Ada Colau también dijo que iba a actuar de interlocutor con el Estado. Sin embargo, en la lucha dentro de esta propia ciudad de Barcelona, quedan otras tareas pendientes para acabar con el racismo institucional, las razias, las persecuciones y los graves peligros a los que se enfrentan estas personas que no tienen medios para subsistir. Y que muchas de ellas acaban en un CIE.
El caso más emblemático es el de los vendedores ambulantes como los lateros o los manteros, perseguidos día a día por la Guardia Urbana. A ellos también les toca la «Ciutat Morta» de la represión cotidiana, torturas y montajes judiciales y policiales protagonizados por esta policía municipal. El mismo caso 4F es expresión de la persecución y prisión a jóvenes inmigrantes latinos.
Durante décadas y sobre todo en los «años de bonanza» del capitalismo español, las patronales no dudaban en «saltarse la ley» y contratar trabajadores inmigrantes «sin papeles» capaces de soportar, por ejemplo, los peligrosos andamios sin ningún tipo de seguridad ni cobertura médica.
Hoy, la precariedad laboral que les imponen las leyes de extranjería, que les quitan a estas personas hasta la identidad, su nombre y apellido no reconocidos por «la ley», los obliga a tener que vender en la calle, correr y recoger sus mantas para escapar de la persecución de los urbanos.
Por si esto fuera poco, existe de parte del Gobierno y la guardia urbana una gran campaña mediática racista contra estos vendedores ambulantes que «no pagan impuestos», que cala hondo en la sociedad e instala un nuevo enemigo, que en verdad es víctima de una situación de enorme precariedad y de una vida miserable que pelea día a día por subsistir.
Lo que vienen cuidando los distintos gobiernos de turno, es la propiedad privada de los grandes centros comerciales como «El Corte Inglés» y la imagen de una ciudad dispuesta a aumentar los beneficios de las empresas turísticas y hoteleras de lujo. Para ello, la «postal» de los manteros africanos o los lateros árabe-musulmanes no ayuda a la ’marca Barcelona’.
La falta de concreción en aspectos tan importantes como este muestra los límites del programa de Barcelona en Comú en la lucha contra el racismo institucional. El motivo está, como decíamos en otro artículo, en que la búsqueda de entendimiento con PSC y ERC y de colaboración con CiU, la Generalitat y los grandes inversores — y el lobby turístico de la ciudad—, deja poco margen para algo tan concreto y urgente a la vez, como poner fin al acoso a estos vendedores que son en su mayoría inmigrantes.
«Estos campos generan ganancias económicas para algunas empresas. Esta vergüenza está avalada por los gobiernos europeos y sus partidos. No olvidemos que los CIEs representan el carácter racista y criminal de la Europa moderna que da lecciones de derechos humanos por todo el mundo mientras aquí los viola todos los días en sus calles», decía una mujer inmigrante, miembro del «Espacio del Inmigrante».
Por tanto, que se incorpore a la agenda política el cierre de los CIEs, es un paso y un triunfo de la movilización en las calles desde hace años. Pero insuficiente para resolver el racismo institucional que vive en particular la ciudad de Barcelona donde la alcaldía sí tiene competencia y podría exigir, contra la campaña racista de la guardia urbana y los medios, una reacción inmediata paralizando la campaña de persecución.
Por tanto, habría que ver qué posición y cuáles son las medidas que toma la nueva alcaldesa con respecto a los casos de racismo institucional que dependen de su Gobierno. ¿Frenará la persecución a los manteros o se continuará con la inercia de las prácticas racistas por parte de la policía municipal?
Por otro lado, para doblarle el brazo al Ministerio del Interior y cierre los siete CIE del Estado español, se deroguen las leyes de extranjería, se garantice trabajos en igualdad de condiciones y derechos que la clase trabajadora, se acabe de una vez con la represión, redadas y persecución en las calles contra todas las personas inmigrantes, es necesario fortalecer la movilización independiente de estas instituciones de un Régimen político racista.