Esta semana Jaume Asens, teniente alcalde por Barcelona en Comú, ha anunciado que el Ayuntamiento se retirará como acusación particular en los más de 100 juicios pendientes contra activistas acusados de desórdenes públicos. También quiso dejar claro en el futuro cesarán de hacerlo.
Sin duda es una buena noticia que había sido exigida por los movimientos anti-represivos y los regidores de CUP-Capgirem BCN. Aún así la necesidad de mantener la lucha contra la represión sigue viva, pues la Fiscalía mantiene las acusaciones en todos estos casos.
Sin embargo la manera en que se ha presentado esta medida se ha querido separar totalmente de un apoyo explícito a estos movimientos y de toda crítica a los índices de represión y persecución política en ascenso. No basta con quedarse con el titular, de hecho muchos se sorprenderían si ven la rueda de prensa completa de Asens.
Hasta ahora el Ayuntamiento de Barcelona, tanto durante el gobierno del socialista Jordi Hereu como en el del convergente Xavier Trias, tenía como criterio personarse siempre como acusación particular en todos los casos en los que se producían desórdenes públicos o daños en el mobiliario urbano. Según el mismo Asens, el de Barcelona era el único ayuntamiento del Estado español que lo hacía.
Como planteó el responsable de Barcelona en Común el criterio será “allá dónde actúa la Fiscalía no actuar nosotros, como criterio general”. Y añadía que “ lo que queremos es normalizar el funcionamiento jurídico en este ámbito y no hacer acusaciones paralelas o duplicar la función de la Fiscalía por varios motivos: en primer lugar porque es claramente superflua o redundante y en segundo lugar porque representa una gasto económico innecesario”
En toda la rueda de prensa Asens se niega a dar ni una sola vez un argumento antirepresivo -que denuncie esos 100 procesos de persecución política en sí mismos- para justificar que el Ayuntamiento deje de personarse como acusación. Se limita a fundamentos de eficacia jurídica y ahorro. Ni una sola crítica al Ministerio Fiscal que lleva años reprimiendo a tantos luchadores, pidiendo enormes penas de cárcel por huelgas, manifestaciones, como estamos viendo con el caso de ‘Can Vies’ y otros menos conocidos como el de ‘Els nois del sucre’.
No solo no ha criticado a la Fiscalía y la ofensiva represiva que ha sido respaldada por los antiguos gobiernos municipales, sino que Asens ha optado por un respaldo institucional a su reaccionaria labor en este campo al declarar que “nosotros confiamos en el Ministerio Fiscal y de hecho estamos preparando un protocolo para reforzar esta confianza y este canal de trabajo con el Ministerio Fiscal, para que esta defensa de los intereses del Ayuntamiento la lleve a término el Ministerio Fiscal”.
Si los intereses del Ayuntamiento los ha de defender el Ministerio Fiscal, queda claro que en materia de derechos y libertades democráticas éstos seguirán siendo contrarios a los de los activistas, militantes, la clase trabajadora y el pueblo en general, que llevan años sufriendo la represión del Estado de manos de la Fiscalía.
Sobre la forma de actuar de los anteriores gobiernos del ayuntamiento también ha mostrado un profundo respeto argumentando que su decisión de personarse como acusación se debía a que “creemos que esto sucedía así hasta ahora porque era una forma de mostrar la convicciones ideológicas de repulsa del ayuntamiento ante ciertos delitos y se hacia solo ante ciertos delitos, esta repulsa no se hacia ante otros delitos. Pero a nosotros nos parece que esta muestra de convicciones, que es muy legítima, no puede traducirse en una actuación que duplica al Ministerio Fiscal y que puede generar la imagen que se esta desconfiando del papel que hace el Ministerio Fiscal en la persecución de estos delitos, por eso pensamos que era una actuación claramente superflua, redundante y antieconómica”.
Pero por si quedaba alguna duda de en qué posición pretende estar el Ayuntamiento en el caso de que Barcelona vuelva a vivir intensas jornadas de luchas en sus calles, como ocurrió con las huelgas generales de 2012, Asens anunció enérgicamente “esto queremos que quede muy claro: seguiremos reclamando, obviamente, la responsabilidad civil derivada de estos delitos. És decir, seguiremos reclamando los perjuicios económicos que se puedan causar al los bienes municipales”.
Sorprende lo rápido que cambian algunos cuando pisan moqueta. Este discurso de respeto y responsabilidad institucional contrasta con las declaraciones que hacía el mismo Asens antes de llegar a la alcandía sobre la misma Fiscalía y el cuerpo judicial. Ahora pasa a mostrarse confiado en el papel que juegan las instituciones jurídicas del Estado.
Parece que una vez mas, la política de no confrontación con las instituciones y los poderes del régimen, está llevando a los lideres de la “nueva política” a sancionar y bendecir a las mismas instituciones reaccionarias y sus actos que siempre han defendido los de la “vieja política”.
Es algo que no sólo vemos en las declaraciones de Asens. Cabe recordar que el gobierno de BeC entre otras decisiones de calado ha mantenido en el cargo de máximo responsable de la Guardia Urbana a Evelio Vázquez. Éste fue nombrado por Trias en el 2011 y por poner un ejemplo sangrante de su perfil basta recordar que ante el revuelo producido por el documental “Ciutat Morta” sobre el caso del 4-F, declaró que era “totalmente incierto” el montaje judicial-policial que denuncia dicho documental. Este defensor de los urbanos torturadores se mantiene como jefe de la Guardia Urbana a voluntad de Colau y su equipo.
Según fuentes municipales con esta continuidad se pretendía “abrir una nueva etapa”. Nos preguntamos como se puede abrir una nueva etapa sin ni siquiera atreverse a remover a quienes dirijen un cuerpo represivo con tantos lados oscuros como es el de la Guardia Urbana.
Una vez más, la negativa a cualquier enfrentamiento serio con las instituciones del Estado. No es de extrañar si atendemos al curríulum de una de las fuerzas políticas que componen BeC. Recordemos las actuaciones represivas de los Mossos d´Esquadra contra el movimiento estudiantil anti-Bolonia bajo el mandato de Joan Saura, de ICV- EUiA, o los muchos casos de tortura en Barcelona de la Guardia Urbana bajo los gobiernos de PSC con el apoyo de este mismo partido.
La negativa a cualquier enfrentamiento serio contra las instituciones del régimen, empezando por las represivas, sólo puede llevar a una política continuista que solo hace cambios en las formas mientras mantiene en el fondo las mismas políticas que en el pasado.
Solo una política de confrontación y ruptura con las instituciones del Estado y el capitalismo podrá responder a las necesidades que tenemos la clase trabajadora y popular. De la misma manera para acabar con la represión social y política en aumento, el camino sigue siendo poner en pié un potente movimiento anti-represivo que pelee por la libertad sin cargos de todos los activistas presos o procesados, la anulación de las leyes liberticidas y por la disolución de los cuerpos represivos.