A las seis de la mañana del martes 11 de agosto moría Mor Sylla, un trabajador senegalés de 50 años, cayendo del balcón de su casa desde un tercer piso cuando lo perseguían lo Mossos d’Esquadra al entrar a su domicilio durante una operación contra los trabajadores del ‘top manta’, según el relato de altos mandos de la policía autonómica.
Aún no están claros los hechos ya que testigos y familiares denuncian que «los Mossos d’Esquadra entraron en la casa y la víctima se asustóy corrió hacia el balcón donde, voluntaria o involuntariamente, le empujaron» y hasta denunciaron «forcejeos» de parte de la policía.
Es necesario de manera urgente aclarar esos terribles hechos, sólo una comisión investigadora, independiente del Gobierno y la policía y formada por organizaciones de inmigrantes, derechos humanos y familiares y compañeros de Mor, puede realmente llevar al esclarecimiento de los hechos.
Sin embargo, lo que está claro es que la muerte de Mor Sylla fue provocada por la persecución policial. Una incesante persecución que en todo el Estado español tiene en jaque a los miles de jóvenes, mayoría inmigrantes de origen subsahariano en ‘situación irregular’ según las exigencias de las reaccionarias leyes de extranjería, sin derecho a un trabajo digno.
La reforma del Código Penal, «Ley Mordaza», tipifica la venta ambulante como delito, siendo motivo de entre 6 meses y dos años de cárcel; lo que puede generar a estos trabajadores antecedentes penales, aumentando así las trabas legales para obtener su residencia y provocando incluso la expulsión del país previo paso por un CIE.
En particular en Catalunya, a principio del mes de julio el jefe de la Guardia Urbana, Evelio Vázquez, —máximo responsable uniformado del cuerpo desde 2011 nombrado por el anterior alcalde Xavier Trias (CiU)— anunció que el Consistorio de Barcelona le había permitido el refuerzo de unidades policiales tanto contra los manteros como los ‘lateros’ que venden latas de bebida en la calle.
De este modo, la flamante alcaldesa Ada Colau “atendía” a la reaccionaria petición de los “sindicatos” policiales que días antes habían exigido apoyo de los antidisturbios a los agentes ocupados de la campaña contra el “top manta”, ante la resistencia que en ocasiones ejercían los vendedores y otras reacciones solidarias con ellos de parte de ciudadanos de a pié. Por tanto, durante el verano de la capital catalana luce un nuevo despliegue decretado por el área de Seguridad del equipo de Barcelona en Comú, que activará a medio centenar de policías antidisturbios entre la USP -destinados a horario diurno- y la Unitat Nocturna Operativa Centralitzada (UNOC).
Estos son los peligros a los que se enfrentan las personas inmigrantes que no tienen medios para subsistir, una vez que han logrado saltarse las vallas de Ceuta o Melilla. Según diferentes organizaciones en defensa de los inmigrantes, alrededor de 600 personas fueron encarceladas entre 2003 y 2010 por vender en la calle.
Existe una fuerte campaña mediática y de la guardia urbana que acusa a los «top manta» de «actividad ilegal» que «perjudica a los artistas y las grandes firmas de moda por vulnerar derechos de propiedad intelectual e industrial» y de «ocasionar millonarias pérdidas económicas». El Gobierno, la Generalitat de Catalunya y muchos ayuntamientos y gobiernos municipales como el de Barcelona no sólo no han frenado esta campaña reaccionaria, sino que han garantizado esta política represiva, racista, xenófoba en todo el Estado español imperialista.
La reacción de los familiares, compañeros y amigos de Mor Sylla ha sido la movilización inmediata junto a los movimientos sociales, colectivos de inmigrantes y organizaciones de izquierda, exigiendo el esclarecimiento de los hechos y denunciando a los responsables de la muerte de Mor. La policía continuó respondiendo con la represión a los manifestantes, que volvieron a las calles al día siguiente y que continuarán convocando manifestaciones, a las que apoyamos e impulsamos.
La muerte de Mor se suma a las más de 60 mil personas refugiadas y migrantes desaparecidas en el mediterráneo, a las más de 15 personas asesinadas en la playa de Tarajal en Febrero de 2014, a las más de 10 personas refugiadas y migrantes arrolladas en Calais en el último mes. Ante ello decimos:
Basta de persecución y criminalización del Estado y las fuerzas represivas a los trabajadores del «top manta».
¡Ningún ser humano es ilegal! Abajo las leyes de extranjería, la reaccionaria política migratoria europea. Por el cierre de los CIEs y el fin de las deportaciones.
No a la Ley Mordaza que persigue a los que luchan y a los sectores más precarios de la clase trabajadora.
Trabajo digno para todos, con igual salario y condiciones laborales. ¡Nativa o extranjera la misma clase obrera!