Podemos y la cuestión nacional de Cataluña

Mientras la cuestión catalana se agudiza, siendo un verdadero problema para el Régimen político del Estado español, Podemos pasó de las evasivas y la negación sobre Cataluña, a un mar de definiciones acordes con su acelerado giro a la moderación.

La apuesta de Podemos por el centro en su estrategia electoral —ya primera fuerza en intención de votos— está llevando a que algunos de sus representantes más importantes se jueguen por algunas, aunque poco claras, definiciones en un tema clave.

Sin embargo, particularmente en Catalunya, encuestas recientes de El Periódico, ubican a Podemos como tercera fuerza. Convergencia i Unió (CiU), la formación que lidera el presidente catalán, Artur Mas, volvería a ganar las elecciones autonómicas con entre 32 y 34 diputados. Mientras la Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) se sitúa en segundo lugar, con entre 31 y 33, en un Parlament donde Podemos y Ciutadans (C’s) —de centro derecha antiindependentista— se disputarían la tercera fuerza con 16 y 17 escaños.

Es decir que la proyección electoral de Podemos en Cataluña es mucho menor que a nivel estatal. El espacio de la izquierda independentista se fortaleció durante estos años con la emergencia de las CUP (Candidatura de Unión Popular). Podemos está lejos de ocupar el centro, donde ERC fue creciendo hasta competirle seriamente a Artur Mas. Este es el costo del discurso “no somos de izquierda ni de derechas”, los ha alejado de definiciones ideológicas precisas también en esta cuestión crucial.

Sin embargo, tras sus cálculos electorales, Cataluña pasó a ser una preocupación para Podemos. El «no somos de izquierda» los había llevado al «inmovilismo», a no pronunciar casi palabra sobre la cuestión nacional. Así fue que en la Asamblea Ciudadana ninguno de sus principales dirigentes habló de Cataluña ni del “derecho a decidir”. Tampoco se los escuchó en momentos cruciales como el 9N o las amenazas del Tribunal Constitucional, hoy convertidas en querella.

Sin embargo, el «no somos de derecha» los está llevando a un acercamiento de estrategias con el PSOE. Las declaraciones de Juan Carlos Monedero, uno de los principales portavoces de Podemos, días antes de la consulta del 9N en el diario Público, ante la pregunta de si votaría a favor de que Catalunya tenga su propio Estado, respondió, «Yo creo que hay que construir una España federal, que ha de estar constituida por Estados». «Yo creo que Podemos es la expresión más sincera y creíble de una España federal».

Una «España federal», planteada así, sin fundamentos ni fórmulas de cómo y con qué autores se llevaría a cabo, es una posición muy similar a la del Partido Socialista español (PSOE). Para el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, líder de los socialistas, una España federal es la «Unidad contra la independencia» e«inmovilismo contra ninguna reforma respecto a la autonomía de Catalunya». Lo que para el PSOE, da como resultado una “tercera vía”, es decir, una «reforma de la constitución por una España federal». Ubicándose como mediador entre Cataluña y el Gobierno central, Pedro Sánchez afirmó que «A Rajoy y a Mas les vamos a proponer que se dejen de reproches y que se pongan a negociar la reforma de la Constitución para hacer una España federal».

El derecho a la autodeterminación: todo un olvido

De momento, en nada se diferencia Monedero de las propuestas del PSOE. El punto crítico es que, en su reforma constitucional, «el derecho de autodeterminación» no tiene cabida. Y si los líderes de Podemos tuvieran que revivir este olvidado punto escrito en su programa, será una cuestión «a decidir entre todos».

Las últimas declaraciones de Pablo Iglesias, días después del 9N siguieron una línea similar a la de Monedero. Cuando la periodista Ana Pastor preguntó en el programa de televisión La Sexta: «Cataluña: ¿Independencia ’sí’ o ’no’?”, Pablo Iglesias respondió: «Proceso Constituyente». De este modo le dio contenido a la propuesta de“reforma constitucional” de Monedero.

Pero en esta propuesta tampoco Iglesias se pronunció por el «derecho a la autodeterminación». Además, repitió a otra de las portavoces de Podemos, Carolina Bescansa quien afirmó que “si alguien se puede independizar o no”, es un tema a decidir “entre todos»; tal como lo plantean el PP y el PSOE, para negar toda posibilidad de ejercicio democrático del derecho a la independencia. De igual modo, cuando le preguntaron qué significaba«Proceso Constituyente», Pablo Iglesias respondió «Eso significa que, vamos a discutir de todo y con todos, también de la «cuestión territorial», «Yo no quiero que Cataluña se vaya, yo quiero que construyamos un país juntos.»

Una respuesta en la que queda claro que, para los líderes de Podemos, la autodeterminación no es un derecho democrático que las nacionalidades puedan ejercer por sí mismas. Lamentablemente, en el fondo esta postura poco se diferencia de la «casta bipartidista» que niega el derecho a decidir de la población catalana.

Abrir el candado del ‘78 de una Transición que tuvo «cosas buenas»

Para Pablo Iglesias, «España es un país de países, un país de naciones. Y creo que si discutimos todos juntos en un proceso constituyente que abra el candado del ‘78, creo que vamos a poder decidir sobre muchas cosas. Sobre la democratización de la economía también», dijo en la entrevista televisiva que le hizo Ana Pastor.

Cuando la periodista le preguntó qué significa «abrir el candado del 78’», Iglesias respondió que rescata «cosas muy buenas de la Transición», pero hay que cambiarlas porque son demasiado viejas. «Hay que devolver la palabra a la gente a través de un proceso constituyente». Y se limitó a criticar al Gobierno de Suárez.

El giro a la moderación de Podemos vuela a gran velocidad. Habría que buscar dónde quedó la idea de “ruptura democrática” que propugnaba el equipo de Pablo Iglesias. Y además, ¿Cuáles son las «cosas muy buenas» que la Transición del 78’ dejó para la autodeterminación de las nacionalidades?

Entre las «cosas no muy buenas» lo que dejó es el «Estado de las Autonomías», una estructura administrativa conformada durante la Transición democrática del Gobierno de Adolfo Suárez (1976- 1981). La Constitución de 1978 en el Artículo 2 dictaba: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.» De este modo quedaba anulado el«derecho de autodeterminación» y a cambio se establecieron diferentes niveles de autonomía a las regiones y nacionalidades del Estado español.

Todos los partidos políticos del Régimen pactaron esta forma administrativa, bajo una «Monarquía Parlamentaria». Los principales partidos nacionalistas de la burguesía como el PNV (Partido Nacionalista Vasco) CiU (Convergencia y Unión) aceptaron este modelo. También fue aceptada por el PSOE y el ya legalizado PCE.

Entre tantas ambigüedades, Iglesias sólo dice que la Transición del ‘78 «envejeció». Pero los líderes de Podemos plantean fórmulas también envejecidas: una «reforma federal» a secas, surgida de un proceso constituyente debatido «entre todos», pero que no se pronuncie claramente por la autodeterminación de las nacionalidades. Y además, que discuta una «democratización de la economía», que hasta hace poco tampoco sabíamos qué significa, aunque algo ha adelantado este jueves Pablo Iglesias, con la presentación de un programa económico explícitamente socialdemócrata.

¿En qué se diferencia todo esto de la envejecida Constitución del ‘78? En esos años, el llamado «boom» de los años ‘80 y ‘90, benefició a las burguesías vasca y catalana a través de su implantación como multinacionales del imperialismo español. En medio de este crecimiento trataron de ampliar las cuotas de auto-gobierno, apelando en mayor o menor medida a las aspiraciones democrático-nacionales para sus respectivas negociaciones.

La crisis económica del 2007, particularmente en Catalunya, reabre las grietas de la cuestión nacional. Ese mismo año gobernaba en Catalunya el Tripartit: el PSC (PSOE catalán), ERC y los ecosocialistas de Iniciativa por Catalunya Verdes (ICV). Reformaron el Estatuto autonómico ampliando las competencias. Pero lo acabaron anulando, primero en las Cortes los votos del PSOE, luego con el acuerdo de CiU. Hasta que el Tribunal Constitucional, a petición del PP, recortó el nuevo Estatuto que había sido aprobado por referéndum.

Con la agudización de la crisis económica, la “democratización de la economía” es una gran utopía en los marcos del Régimen actual. Estamos ante una agudización de la crisis política de Cataluña con el Estado. Los vagos y ambiguos planteos de los líderes de Podemos no explican cómo se podría hacer efectivo un proceso constituyente que “le devuelva la palabra a la gente”. Tampoco sobre cuál es la estrategia de Podemos contra el centralismo españolista, suficiente para que el Régimen español cediera la soberanía de un territorio que aporta un cuarto del PIB.

Por tanto, ¿cómo se plantea Podemos llevar adelante un «proceso constituyente» si no es cuestionando enteramente al Régimen del ‘78 y las fórmulas —ya fracasadas para la cuestión nacional— de la casta bipartidista? Y además, ¿cómo se plantean un proceso constituyente para «democratizar la economía» sin enfrentarse a la patronal y la banca? Esto último, como vimos en su nuevo programa económico, está totalmente ausente en sus nuevas fórmulas que más bien intentan humanizar al capitalismo español.

Sus propuestas para la cuestión nacional de Cataluña son tan digeribles para el Régimen heredero de Franco como lo es su nuevo programa económico para el poder capitalista del Estado español.