Una oleada de declaraciones políticas se ha desatado después de que se conociera que el Tribunal Superior de Justicia Catalán imputa y cita a declarar al President de la Generalitat por la consulta del 9N.
Nueve meses después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña admitiera la querella de la Fiscalía, y solo dos días después de las elecciones del 27-S, el TSJC ha citado a declarar en calidad de imputado al presidente de la Generalitat, Artur Mas, por la consulta independentista del pasado 9 de noviembre de 2014, en la cual participaron más de 2,3 millones de personas.
Este tribunal llama a declarar como imputados al president de la Generalitat quien declarará el próximo 15 de octubre, también están citadas a declarar la ex vicepresidenta de su gobierno, Joana Ortega, y la consellera de Educación, Irene Rigau, quienes lo harán dos días antes imputados por los mismos delitos.
Los delitos que se les imputan -desobediencia, obstrucción a la justicia, usurpación de funciones, prevaricación y malversación administrativa- podrían llegar a suponer su inhabilitación para ejercer un cargo público de 6 a 10 años.
Uno de los querellantes es el conocido ultraderechista autodefinido como «sindicato Manos Limpias» quien dirige el abogado Miguel Bernad, ex-secretario general del Frente Nacional de Blas Piñar, todo un franquista confeso y ex-fundador del partido «Derecha Española».
Un nuevo ataque del Estado español que tenían guardado debajo de la manga y que han esperado el momento que creían más conveniente para hacerlo público, a pesar de haberse filtrado en los medios de derecha. Toda una demostración que da por tierra con la supuesta división de poderes de la que hacen gala los «demócratas» de PP.
Pero las respuestas a esta imputación con un claro contenido político no se han hecho esperar.
El Gobierno catalán ha calificado la imputación de “anomalía democrática”. Neus Munté, portavoz del Ejecutivo catalán, se ha referido a las misma como “juicio político”, recordando que la Fiscalía de Barcelona rechazó en bloque la presentación de la misma.
El Propio Artur Mas salió al cruce diciendo en su defensa “legalmente no desobedecí, políticamente lo que hubo fue una rebelión democrática contra el Estado español: puse las urnas” y calificando a la querella por el 9-N como «la reacción de un gobierno herido en su orgullo, rabioso, que actúa a la brava e incapaz de dialogar».
Así se expresaba por twitter, el ex diputado de la CUP y uno de los personajes mas mediáticos de esta formación: «Indiscutiblemente y de pie, mi solidaridad entera ante un Estado neurótico, demofóbico, autoritario y inquisitorial. Imputaciones # 9N»
Antonio Baños, cabeza de lista de la CUP para las elecciones y recién electo diputado se refirió en estos términos en una entrevista «Yo personalmente y los dos millones de catalanes que votaron también desobedecimos. Si nos quieren imputar a todos estaremos encantados”
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se expresaba por twitter concluyendo de esta manera que «la imputación de Mas demuestra, otra vez, el desprecio de Rajoy por la democracia»
Josep Garganté, concejal por la CUP, lamenta la imputación, motivada por el 9N pero recuerda que «la izquierda independentista y los movimientos sociales también fuimos llevados a juicio por la Generalitat por convocar el multireferendum en 2013 o años atrás con otra consulta sobre la deuda o el 0,7%». Y ha zanjado: «CiU seguro que debe tener buenos abogados como la gente que tiene mucho dinero y paga abogados que alargan procesos».
Hasta los socialistas catalanes señalaron de la mano de Assumpta Escarp, secretaria de organización del PSC, que consideran que la decisión de imputar a Artur Mas es un «error».
Por otro lado, Íñigo Errejón decía al respecto en su cuenta de Facebook:
«Artur Mas declarará como imputado por el referéndum del 9N, tras una querella impuesta por la Fiscalía General del Estado. Debería rendir cuentas por los recortes y corrupción, no por que la gente pueda votar. El PP está derrochando irresponsabilidad: como hemos visto durante esta campaña pasada, está dispuesto a incendiar Catalunya para sacar rédito político en las próximas elecciones generales. En España conviven diferentes naciones y queremos reconstruir un proyecto común basado en la democracia, el acuerdo y la seducción. Los impulsores del miedo son una fábrica de independentistas.»
Pablo iglesias, secretario General de Podemos, y en calidad de diputado europeo junto a Ernest Urtasun (ICV), llevaron a la Comisión Europea la imputación de Mas y acusan a Fiscalía de ser «el brazo judicial del PP» lamentando «la extrema politización de la justicia española». El escrito presentado se preguntan qué acciones llevarán a cabo desde Europa para «garantizar la separación de poderes y el libre ejercicio de sus funciones de los cargos electos».
Con respecto a los resultados de la campaña, Iglesias comentó en una entrevista en Cadena Ser criticando a Rajoy, «Cualquiera que no reconozca lo que supone que el 47% haya votado a favor de la independencia es un irresponsable»
En la sesión de control al Gobierno de la legislatura, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha pedido que en Cataluña se pase página y se abra una «etapa de normalidad», poniendo fin a la «incertidumbre, inestabilidad y división en la sociedad catalana» quejándose de «que ya dura demasiado».
Rajoy ha escenificado en el Congreso su posición centralista española y de oídos sordos a los resultados de las elecciones catalanas del domingo. Un papel más que aprendido. La misma posición que ha mantenido durante todo este proceso. Confiando en que simplemente los instrumentos represivos del Estado, justicia, leyes policía y ejército, si fuera necesario, bastan.
Lo que dejan en el aire, si alguna vez no lo estuvo, la estrategia de «Junts pel Si» de abrir cualquier negociación con el Estado central.