Una democracia burguesa tutelada y degradada

El rey Juan Carlos admitía en su 36º discurso navideño la preocupación que sentía ante el daño que el “caso Urdangarin” puede hacer a la imagen de la Monarquía española. El yerno del Rey y esposo de la infanta Cristina está envuelto en una investigación judicial por apropiación indebida de fondos públicos por varios millones de euros y fraude a la Administración por parte de sus empresas.

“Don” Juan Carlos aprovechó su intervención televisada para recordar que “la justicia es igual para todos” y que “las conductas censurables deben ser sancionadas” como forma de quedar despegado del embrollo; “Me preocupa enormemente la desconfianza que parece extenderse en algunos sectores de la opinión pública respecto a la credibilidad y prestigio de algunas de nuestras instituciones” sentenciaba.

El miedo que en realidad aterra a “Don” Juan Carlos, es que este caso destape el conjunto de la imbricada trama entre la Familia Real y el capitalismo español, de la cual el escandaloso y mediático “caso Urdangarin” no es más que la punta del iceberg; y de ésta forma se vea dañada la imagen de una de las instituciones fundamentales del régimen español como apunta que está ocurriendo ya, el diario alemán Der Tagesspiegel.

¿Cuánto cuesta el Borbón?

Dentro de tanto secretismo y discreción, las únicas cifras oficiales sobre el coste de la Monarquía española son las que se recogen en los Presupuestos Generales del Estado desde el primer año del Rey al frente de la Jefatura de Estado, en 1976, designado por Franco a dedo como su sucesor. Desde entonces, la partida destinada a la Casa del Rey ha crecido aproximadamente el doble que la inflación, recibiendo hoy de forma directa 8,4 millones de las arcas públicas.

Pero en esta cifra no se incluyen los gastos de seguridad, de los viajes al exterior, de vehículos oficiales, conductores y de personal funcionario, entre otros, incluido en distintas partidas distribuidas entre varios ministerios como los 5,8 millones que el Ministerio Presidencia dentro del apartado “Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado”, destina a pagar a los 139 funcionarios a su servicio. Defensa, Economía y Hacienda e Interior junto a Patrimonio pagan los salarios de 369 trabajadores de la Casa del Rey. Mas de 10 millones en “Servicios a la Corona y actos del Estado” repartidos entre actos, recepciones, cenas de gala y actos sin especificar. Interior, responsable de la seguridad de la Familia Real, no desglosa dentro de su partida cuanto destina a la tarea. Los viajes de la Familia Real corren a cargo del Ministerio de Exteriores por un valor aproximado de 400.000 euros. Dependiendo de Presidencia, “Patrimonio Nacional”, destina 120 millones al mantenimiento, conservación y rehabilitación de la Zarzuela y demás palacios incluido el personal de limpieza, servicio y jardinería junto a la factura de luz y gas de la residencia de los reyes. Algunas fuentes como el diario Público cifran el coste total que supone la monarquía en más de 59 millones de euros.

A cuánto se eleva la fortuna de la Familia Real española es, posiblemente, uno de los secretos mejor guardados del Estado desde la llegada de la democracia. Hace cinco años, la revista británica EuroBusiness publicó que Juan Carlos I tenía un patrimonio estimado de 1.790 millones de euros, a pesar de esforzarse en dar la imagen de un Rey campechano. Del total, 545 millones corresponderían a su “fortuna personal” y el resto a bienes familiares heredados junto a palacios de propiedad del Estado de los que disfruta la Casa Real junto a terrenos en distintas provincias. De acuerdo con estos cálculos, el Rey figuraba entonces en el puesto 115 en la lista de los 400 europeos más ricos. Aquélla no era la primera vez que EuroBusiness, realizaba un cálculo semejante y datos similares manejan fuentes como la revista Forbes en la actualidad.

¿Quién sostiene a la monarquía?

Hoy mientras los políticos del régimen defienden en sus discursos que hay que achicar las cuentas frente a la crisis, justificando los ataques más profundos y lesivos a las condiciones y derechos de los trabajadores y los sectores populares, no se cuestionan ni si quiera el enorme gasto que supone la casta parasitaria, anacrónica históricamente y reaccionaria en su contenido, que supone la monarquía.

Las palabras de Trotsky de Junio de 1930 siguen siendo frescas para describir la escena. Si en el pasado, teniendo en cuenta las tendencias centrífugas tanto económicas como políticas, “La monarquía era doblemente indispensable a las clases dominantes desunidas y descentralizadas, incapaces de dirigir el país en su propio nombre.” en la actualidad, donde estas tendencias no sólo no desaparecen sino que tienden a acentuarse con la crisis económica, esto se expresa en el rol bonapartista que le reserva la Constitución a la figura del Monarca. Es decir para ubicarse como árbitro frente a una pugna abierta entre las clases o entre fracciones de la clase dirigente y que la crisis le puede obligar a desempeñar, como lo demuestra embrionariamente, sus intensas gestiones para poner de acuerdo al PP y al PSOE en su discurso navideño. Sin olvidar, su rol de representante en el extranjero y su posición efectiva de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas como ámbitos exclusivos de su figura.

Una institución anacrónica y reaccionaria

La sobrevivencia feudal de la Monarquía es la expresión de la debilidad histórica de la burguesía en el Estado español y las enormes tareas democráticas que dejó inconclusas.

Es la expresión de la relativa debilidad del régimen burgués del Estado español, pero a su vez, uno de sus principales pilares y fusible de seguridad del capitalismo frente a las turbulencias de la lucha de clases.

Así como en su momento fue una de las instituciones que garantizaron en la Transición democrática, plasmada en la Constitución de 1978, no sólo todos los privilegios de su casta, sino también la continuidad del dominio de la burguesía bajo un régimen parlamentario profundamente antidemocrático, tutelado por una Monarquía. El Monarca, como Jefe de Estado es en última instancia el garante de los negocios capitalistas del Estado español y de los negocios e intereses comunes de la burguesía de las distintas regiones de la cual se compone.

El Rey mismo mantiene numerosos negocios en todo el mundo y relaciones con famosos empresarios corruptos del Estado español, como el gallego Mario Conde conocido por el “caso Banesto”, el catalán Javier de la Rosa responsable de la estafa millonaria de KIO, o Ruiz Mateos quienes han obtenido favores del monarca. Incluso la Familia Real, desde la Infanta Elena, que dirige el área de Acción Social en la Fundación MAPFRE, -una de las cinco áreas de la Fundación que preside el empresario José Manuel Martínez Martínez-, pasando por el Príncipe Felipe y el célebre Urdangarin obtienen dinero con suculentos negocios más allá de las abultadas partidas asignadas por el Estado

Por una República Obrera

Tareas democráticas, como el fin de la Monarquía y la nobleza, la expropiación de sus tierras y privilegios, lo mismo que los de la Iglesia, separándola efectivamente del Estado, la imposición de cargas fiscales sobre las grandes fortunas, el reconocimiento del derecho de autodeterminación de las distintas naciones que componen el Estado español, no van a ser llevadas adelante por ningún sector de la burguesía, ni siquiera los que se visten de republicanos para después ir al “besamanos” del Rey.

Los que nos reclamamos revolucionarios debemos poner a estos sectores burgueses al descubierto en su inconsecuencia y su carácter reaccionario y combatir las ilusiones en ésta democracia y sus representantes políticos. La conquista de éstas demandas democráticas estructurales pasará por desplegar el frente único más amplio, en una sólida alianza de todos los trabajadores del Estado y los sectores populares, y al mismo tiempo manteniendo la más estricta independencia política de cualquier partido del régimen o sector burgués.

Para arrancárselas a la burguesía española habrá que derribar revolucionariamente el actual régimen político a través del cual nos las sigue negando. Sólo un gobierno de los trabajadores puede dar por tierra con esta supervivencia del pasado, resolviendo las tareas democráticas inconclusas. Una república obrera que junto a estas medidas lleve adelante la expropiación de los capitalistas como la única vía de una salida favorable para las amplias masas frente a la debacle capitalista y sus catastróficas consecuencias en los aspectos económicos, políticos y sociales.