La alcaldesa Carmena licúa su programa

Sectores del activismo comienzan a expresar ciertas dudas en cuanto al ritmo y la profundidad de las medidas de la nueva alcaldesa. Aún así se mantiene cierta ilusión en las posibilidades de desarrollar una política en favor de los y las trabajadoras y las clases populares.

Los primeros desencuentros se produjeron al poco de alcanzar el consistorio. Las manifestaciones de la alcaldesa señalando que el programa en gran medida eran “simples sugerencias” más que un programa de gobierno real causaron una mezcla de sorpresa y malestar.

Un programa reformista que concitó ilusiones

El programa electoral de Ahora Madrid se estructuraba básicamente a largo plazo en varios ejes.

Auditar la deuda pública bajo control técnico y social. Esto incluía posibles quitas por sobrecostes de obras públicas, subcontrataciones inaceptables o intereses de la deuda desproporcionados; revisar los contratos municipales para devolver al Ayuntamiento los servicios de recogida de basura, limpieza viaria…; paralizar las principales operaciones urbanísticas de la ciudad; subir los impuestos a las grandes empresas; intentar que la Iglesia pagase el Impuesto de Bienes Inmuebles; convertir en públicas y gratuitas las escuelas municipales; bajar el precio del transporte público; o quitar el nombre de figuras del Franquismo de las calles de la capital.

Por otra parte, el mismo día en que era elegida Carmena como candidata, el 30 de marzo, Ahora Madrid presentó las cinco medidas más votadas dentro del proceso abierto a toda la ciudadanía para la elaboración de su programa electoral. La formación se comprometió entonces a “implementarlas en los primeros 100 días de gobierno municipal”, antes de que empiece el otoño. Esas cinco medidas son:

1- “Poner todos los medios y recursos municipales para la paralización de desahucios y desalojos de primera vivienda y garantizar una alternativa habitacional”.
2- “Parar la privatización de los servicios públicos, la externalización de servicios municipales a grandes empresas y la venta de patrimonio público”.
3- “Garantizar los suministros básicos (luz y agua) a todos los hogares que no puedan pagarlos”.
4- “Garantizar el acceso a las prestaciones sanitarias municipales y a acciones de prevención y promoción de la salud a todas las personas con independencia de su situación administrativa”.
5- “Desarrollar un plan urgente para la inserción laboral de jóvenes y parados de larga duración”.

El programa electoral de Ahora Madrid es sin embargo mucho más extenso y habría que señalar medidas muy sentidas como la implantación de medidas urgentes para atajar de forma inmediata los problemas de malnutrición de la infancia. Para ello se prometió abrir las escuelas públicas para continuar con el servicio de los comedores escolares durante el verano. Todo ello lo enmarcaban en un proceso de “transparencia ciudadana y participación colectiva”, que llevó a Esperanza Aguirre a calificar absurdamente de soviets a los órganos de participación.

Dos problemas urgentes que tendrán que esperar: la malnutrición infantil y los desahucios

El compromiso electoral de apertura de los comedores escolares en verano ha sido sustituido por un engorroso y burocrático sistema de distribución de raciones alimentarias. El Ayuntamiento lo ha cifrado en 110.000 raciones -2.700 diarias-, a todas luces insuficiente en una ciudad en la que la misma Carmena reconoce hay 25.000 niños que padecen desnutrición. También indicó que “el Ayuntamiento está trabajando para elaborar una lista definitiva de los niños que precisan algún suplemento de alimentación” porque según ella “no había bases de datos en el consistorio”.

¿Y que esperaba? Es lógico que no haya datos. Estamos hablando de segmentos de población que han sido arrojados a la depauperación absoluta en los últimos años por las políticas de los gobiernos PP-PSOE, y a los que el gobierno de Botella no prestó ninguna atención. Por ello no figuran en ningún registro de los servicios sociales municipales, ni parece ser ésta la manera más correcta de abordar un derecho esencial como es el de disponer de alimentación suficiente y de calidad para todos. ¿No podría acudir a las propias asociaciones de padres y madres que llevan años peleando por la apertura de los comedores en verano? Ahí encontraría enseguida las cifras y datos de niños que necesitan esta ayuda.

Otra razón esgrimida por Carmena ha sido la falta de tiempo. Pero ésta ha sido criticada incluso por dirigentes del PSOE que han señalado como en municipios en los que ellos son gobierno han podido implementar sin problemas este servicio en el mismo plazo.

Otro de los aspectos esenciales del programa, y que también están generando desencuentros con el activismo, ha sido la política contra los desahucios. Una vez alcanzada la alcaldía se comenzó a matizar el principio absoluto de acabar con ellos, para pasar a intentar evitarlos y acabar en ofrecer una alternativa habitacional, respetando las decisiones judiciales. Incluso la propia Carmena habló de utilizar la mínima fuerza imprescindible para efectuar los lanzamientos. No se opone así a ellos, aunque desvincula de esta de tarea a los antidisturbios de la policía municipal. La misma concejala responsable de vivienda, Marta Higueras, dijo textualmente que los desahucios no se podrían impedir.

En estos años hemos sido testigos de la venta de multitud de viviendas públicas a fondos buitres capitalistas por parte de los gobiernos del PP locales y autonómicos. Un proceso de expropiación social de los sectores sociales más deprimidos económicamente. También hemos visto la negativa de esta fuerza política y del PSOE a aprobar en el Parlamento una ley que diera una mínima satisfacción a las reivindicaciones de los afectados organizados en la PAH.

Muchos activistas esperan una política diferente por parte de la candidatura de Ahora Madrid que se presentaba como la alternativa para dar satisfacción a demandas básicas de las clases populares. Sin embargo, muy pronto se ha impuesto la realidad de que en tanto en cuanto no se cuestione la propiedad privada y, fundamentalmente, los intereses del capital financiero -que basó gran parte de su expansión pre-crisis en la especulación inmobiliaria y se encuentra todavía en plena digestión de esos activos devenidos en tóxicos- no habrá solución posible. Solo así se podría posibilitar el uso de las miles de viviendas vacías a todos aquellos que no pueden costearse este derecho fundamental y son los paganos de los beneficios bancarios obtenidos durante la burbuja inmobiliaria.

Sin embargo, la alcaldesa lo primero que hizo no fue dirigirse a los colectivos que venían luchando contra los desahucios, sino que se reunió con los especuladores financieros culpables directos de los desahucios y de la burbuja inmobiliario: los presidentes de Bankia, José Ignacio Gorigolzarri y del BBVA, Francisco González Rodriguez. Además lo hizo en reuniones cuyos contenidos fueron absolutamente secretos. No se hicieron públicos, más allá de unas declaraciones genéricas de la alcaldesa que trataban de lavar la imagen de la banca.

Todas las ilusiones generadas han quedado reducidas al establecimiento de una oficina gestionada por seis funcionarios y dos especialistas en negociación, que mediarán entre los vecinos y los bancos o empresas propietarias de viviendas para evitar los desahucios sin alternativa habitacional. Un contenido programático final que podría asimilar cualquier partido neoliberal bien intencionado. Incluso la propia banca que se agarra con uñas y dientes a sus privilegios legales considerados abusivos por los mismos tribunales de Bruselas.

Los propios desahucios que se realizan por parte de la Empresa Municipal de la Vivienda no han sido contundentemente denunciados y rechazados. Se ha planteado únicamente su moratoria, sin detallar el número de los desahucios producidos ni los pendientes y sus causas. Es decir, más secretismo con respecto a la gestión de la anterior corporación que se caracterizó por un uso antisocial y el desmantelamiento de los recursos públicos destinados a los servicios sociales.

Está claro que se pretende dar una imagen de continuidad institucional y tranquilidad para las fuerzas económicas poderosas de la ciudad: empresas, entidades financieras, grandes capitalistas y propietarios. Se busca que no puedan siquiera imaginar que sus privilegios pudieran ser cuestionados por el nuevo Ayuntamiento.

¿Y la remunicipalización de los servicios? No sabe, no contesta

En estas semanas se han producido asambleas de trabajadores y trabajadoras de servicios subcontratados ante la expectativa generada de vuelta de los mismos hacia la gestión directa municipal. Estos trabajadores no pretenden convertirse en funcionarios de carrera, sino que están defendiendo una gestión que luche contra las subcontrataciones y el empleo precario. Para ello proponen que esos servicios vuelvan a ser gestionados directamente por el municipio, garantizando así los derechos laborales de sus trabajadores y la calidad del servicio público.

Sin embargo, por el momento no se ha producido ningún movimiento efectivo por parte del equipo de gobierno y ni siquiera es conocido que se hayan producido reuniones con los representantes de los trabajadores en defensa del desarrollo de este programa.

Por otra parte, la política de personal propio se ha caracterizado por la ratificación de la mayoría de los puestos directivos que desempeñaban las personas de confianza del gobierno de Ana Botella. Otro mensaje más a favor de la continuidad y el interés por ganarse la benevolencia de los sectores sociales más reaccionarios y poderosos. No se puede desarrollar una política municipal mínimamente social y progresista contando con los mismos que han diseñado y colaborado en las políticas antisociales y represivas del anterior gobierno municipal.

La ocultación de los problemas financieros

La alcaldesa está pasando de puntillas por otra de las promesas electorales. Una de las más importantes y transcendentes: la auditoría prometida para las cuentas públicas, esencial en el caso de Madrid, la ciudad más endeudada del Estado español, con 5.936 millones de €.

Ana Botella presumía de haberla reducido un 15% en un año en base a sus brutales recortes. Sin embargo la auditoría sería esencial para que se pueda conocer la situación real de las arcas públicas y Carmena explique si se hará frente o no a la totalidad de la deuda. No olvidemos que durante la campaña se aseveró que no se haría frente a las deudas que consideraba no legítimas, es decir, aquellas que se generaron como consecuencia de un uso fraudulento de las arcas públicas o de las que procedieran del trasvase del ámbito privado al público. Quizá este punto sea para ella una de esas medidas que hay que tomarse como meras sugerencias.

Contradicciones del reformismo en un período sin reformas

Desde el minuto uno el Ayuntamiento de Manuela Carmena se ha visto acosado por la derecha reaccionaria visualizada en Esperanza Aguirre y sus ataques a la propia Carmena y su equipo de concejales. Ha sido así durante la campaña electoral y después de la misma. Estos ataques han pretendido identificar a la alcaldesa como una peligrosa revolucionaria que pretende subvertir el orden capitalista establecido. Han aprovechado cualquier resquicio para desacreditarla y desgastarla.

El PSOE, por otra parte, ha tratado de ser el ala izquierda de las críticas pro-sistema del PP, haciéndole en muchos casos el juego al PP como cuando se pidió la dimisión de todos sus cargos del concejal Zapata, o de, aún más grave, la de la concejala Rita Maestre por manifestarse contra la celebración de prácticas religiosas en la Universidad Complutense años atrás. Ciudadanos ha sido mera comparsa entre ambas posiciones procurando parecer únicamente más limpio y moderno que su referente, el PP.

Por otra parte, la mayoría de los medios de comunicación, auténticos altavoces hoy por hoy de los intereses de sus propietarios -el capital financiero, los grandes capitalistas y grupos de inversión de carácter multinacional- están aprovechando cualquier gesto erróneo, de descoordinación en la comunicación entre los concejales y la alcaldesa o la inseguridad en la adopción de decisiones del propio equipo de gobierno, para sacar noticias de medidas que luego son inmediatamente desmentidas o modificadas por el Ayuntamiento. Esto ha sucedido por ejemplo con la tasa sobre el turismo y los cajeros automáticos. Desde el concejal de Hacienda se informó que se iban a implementar, para tras las críticas de PP, PSOE y Ciudadanos, Carmena anunciar que las retirara.

Esto no debería sorprender a nadie. Incluso la alcaldesa debía ser consciente de la que se le avecinaría en cuanto llegara al poder municipal si pretendía implementar su programa, que aunque reformista, es inviable de todo punto de vista sin impulsar la movilización de los y las trabajadoras y las clases populares, algo a lo que no está dispuesta de ninguna manera.

La imposición brutal de una salida capitalista a la crisis afecta a todas las esferas de poder y todos los ámbitos sociales. No existe un solo resquicio, tal y como se está ejemplificando de manera trágica en Grecia. Las propias contradicciones del reformismo le imposibilitan llevar adelante su propio programa bajo la presión de las élites dominantes. Puesto que debería enfrentarse directamente a las fuerzas e intereses del capitalismo financiero dominante y el gran capital, termina optando por rebajar y abandonar cada vez más el programa de reformas. En ningún caso están dispuestos a cuestionar si quiera los mecanismos establecidos para la distribución de las cargas sociales de la crisis, que se han impuesto por estas fuerzas para asegurarse su dominación, explotación y condiciones de reproducción.

Para poder vencer a los verdaderos poderes en esta sociedad, esos que “votan todos los días”, es necesario un programa anticapitalista firme y decidido, que se trate de imponer desde la movilización social y conciba las instituciones como una trinchera para fortalecer la lucha y la organización de los y las trabajadoras y sectores populares.

Es imposible resolver los grandes problemas sociales sin una estrategia que modifique las condiciones en favor de las clases populares y los y las trabajadoras y que imponga medidas urgentes contra los desahucios, que garanticen una vivienda digna, contra la malnutrición infantil, por la remunicipalización de servicios, el impago de la deuda, la transparencia absoluta de todas las decisiones y reuniones, políticas sociales intensas que garanticen unos ingresos mínimos según el coste de la vida, un salario de los concejales y cargos políticos equivalente al de un profesor, la lucha contra el paro mediante programas de intervención públicos …

Solo un programa así podría mejorar las condiciones reales de existencia de los y las trabajadoras y las clases populares, y solo tendrá éxito si se basa en la movilización y participación de los sectores populares para que con su impulso se rompan todas las barreras y dificultades que las élites tratarán de imponer.

Las fuerzas reformistas no pueden ni quieren impulsar la movilización y desarrollar un programa que realmente modifique la relación de fuerzas. Temen absolutamente que los propios trabajadores y las clases populares desborden la situación exigiendo la realización de un programa anticapitalista profundo que pueda satisfacer sus necesidades materiales y objetivas.