La Izquierda Diario hace su propio balance de los primeros 100 días de los nuevos “gobiernos ciudadanos” que conquistaron los Ayuntamientos de muchas de las principales ciudades del Estado Español. En este artículo se examina el caso Compostela Aberta, que llegó al gobierno de Santiago de Compostela.
En Galicia, las “candidaturas ciudadanas” lograron acceder al gobierno de los Ayuntamientos de A Coruña y de Santiago de Compostela. En su momento hicimos un balance de estas elecciones en el territorio gallego, en el que concluíamos que tanto el programa como la estrategia política de las “mareas ciudadanas” eran insuficientes para atajar los problemas que la crisis capitalista ha generado y que azotan a la clase trabajadora gallega y del resto del Estado. En este artículo intentaremos abordar la experiencia en Santiago de Compostela, analizando si realmente estábamos acertados en nuestras predicciones.
En la capital gallega, Compostela Aberta ganó las elecciones con un margen que le permitió gobernar con mayoría simple, con el apoyo puntual de BNG o PSOE. La formación nace de la confluencia de sectores como EU, ANOVA, Espazo Ecosocialista, Equo y Podemos, con un programa moderado, que hace hincapié en las libertades democráticas, la “participación ciudadana”, el impulso de políticas para paliar la pobreza y, sobre todo, la lucha contra la corrupción.
Fueron muchos años en que el PP, al frente del gobierno, falseó las cuentas públicas y propició la extensión de la corrupción institucional como un cáncer. El descontento de la población ante el robo y el despilfarro de los políticos capitalistas, estuvo en la base de un voto masivo a Compostela Aberta. El actual alcalde, Martiño Noriega (miembro de ANOVA), ha sido una figura muy conocida en el espectro de la izquierda gallega.
Analicemos entonces las propuestas que planteaba Compostela Aberta en su programa electoral, cuáles de ellas ha llevado o no a cabo, así como su estrategia y gestos políticos en lo que va de su mandato.
Entre las medidas más “radicales” del programa de Compostela Aberta, destacaban la gestión pública, directa y participativa del transporte y servicios públicos, los planes de ayuda a la exclusión social, la creación de un parque público de viviendas, la exigencia de pago del IBI a la Iglesia Católica o la retirada de los fondos del Ayuntamiento de las entidades bancarias que ejecuten desahucios.
El resto de las medidas defendidas por la formación se limitaban a una declaración de intenciones sobre convivencia, solidaridad, igualdad de género, planes de empleo, fomento del asociacionismo, etc., sin demasiadas medidas concretas. En el mejor de los casos se habla de políticas de ayuda social o potenciación de la cultura, perfectamente aplicables por el PSOE y al ala izquierda del régimen. Cabe destacar que dada la influencia de ANOVA (formación nacionalista) en esta candidatura, existen más medidas de fomento del uso y normalización lingüista del gallego que con el gobierno del PP, claramente.
La característica central de todas estas medidas, sin embargo, es que en ningún caso ponen en cuestión la propiedad ni los intereses (ni siquiera parcialmente) de los empresarios y las clases dirigentes. En definitiva, la lógica del programa de Compostela Aberta se concentra en buscar “brechas” en el sistema actual, que permitan un pequeño margen de reorientación de los fondos públicos para garantizar, en principio, unas mínimas condiciones de vida para la población.
En este programa además, y en general en el discurso de estos nuevos gobiernos, la movilización social y la acción que se pueda ejercer en los centros de trabajo y en las calles, para la conquista derechos brilla por su ausencia.
Pero a pesar de los límites de su programa, veamos si en estos primeros 100 días de gobierno, han cumplido al menos con lo que prometieron.
En su propio balance de los primeros tres meses al mando del Ayuntamiento, Compostela Aberta no da cuenta de ningún avance en un tema tan sentido como el parque público de viviendas, ni sobre la retirada de los fondos del Ayuntamiento de las entidades bancarias que desahucian. Sí se menciona una “línea de colaboración con Stop Desahucios”, aunque no se materializa en ninguna medida concreta. De esto se desprende que la formación no ha avanzado nada al respecto y por lo pronto los desahucios se siguen produciendo en Compostela del mismo modo y al mismo ritmo que antes de que accedieran al gobierno.
Sobre la laicidad en los actos públicos y la exigencia de cobro del IBI a la Iglesia Católica, solo se expresa lo siguiente: “Establecimos líneas de diálogo con el Presidente de la Xunta, el arzobispo de Compostela y el rector de la Universidad de Santiago”. En fin.
Destaca no obstante un gesto hacia los miles de refugiados que entran todos los días desde el este y el sur de Europa. “Diseñamos una Red Compostelana de Solidaridad con las Personas Refugiadas, con una serie de propuestas para acoger a las personas refugiadas que marquen las administraciones central y autonómica”.
Un gesto humanitario ante el drama de los refugiados de guerra que, sin embargo, no conlleva ninguna denuncia de la pasividad de los gobiernos autonómico y central, que regatean el número de refugiados ante las autoridades europeas. Ni mucho menos el planteo de una política alternativa a la del PP. Compostela Aberta simplemente se ha limitado en este caso a aplicar lo que viene de arriba. Una actitud que responde a una lógica general de estas nuevas formaciones, en las que el respeto a las intuiciones de la degradada democracia española, el estricto cumplimiento de la ley y la imposibilidad de desobedecerla -aunque sea de forma pacífica-, es parte constitutiva de su ADN político.
En el balance abundan numerosas referencias a actos, reuniones y negociaciones institucionales; con las asociaciones de empresarios, con el gobierno central y autonómico, con las asociaciones culturales, asociaciones vecinales para asuntos locales como ordenaciones urbanísticas, acondicionamientos de calles, etc., que aderezan el mismo. Se destaca también el encuentro “Ciudades por el Bien Común”, realizado en Barcelona el pasado 4 de septiembre, en el que participaron delegaciones de otros municipios donde triunfaron estas candidaturas. Todos estos encuentros, reuniones y canales de dialogo propiciados por Compostela Aberta, sin embargo, nos dan poca información de cuál es la política del gobierno municipal.
Es en un terreno más concreto en el que puede evaluarse más precisamente su política. Por ejemplo, en los avances de los prometidos “Planes de Empleo” y en su propuesta sobre la “gestión pública, directa y participativa del transporte y servicios públicos”. Sobre el primer caso, descubrimos que aún está en trámite, y es difícil saber qué medidas concretas contendrá. Un mal comienzo. Pero no mejor que lo que hace al segundo aspecto, que de hecho fue una de las medidas estrellas difundidas durante la campaña electoral.
En tres meses de gobierno, Compostela Aberta sólo puede decir al respecto que se ha mantenido un “Encuentro con los alcaldes de Ames y Teo, para tratar temas relacionados con la movilidad o la remunicipalización de los servicios públicos, siempre el marco de construcción de Gran Capital (plan de ordenación del transporte urbano)” y que el Ayuntamiento ha actuado como mediador “entre trabajadores y empresa en el conflicto de Urbaser.”
En definitiva, queda patente que este nuevo gobierno no ha sido capaz de cumplir casi nada de los que prometió, que tampoco era mucho, en sus primeros 100 días de gobierno. Existen ciertas medidas positivas, como el aumento del presupuesto de becas comedor, la paralización del financiamiento de las corridas de toros en la ciudad, y la resolución de pequeños problemas locales de índole urbanística que se han gestionado exitosamente.
Sin embargo, las medidas más necesarias, como el acceso a la vivienda, un transporte público barato y de calidad, la creación de puestos de trabajo públicos, la remunicipalización de los servicios públicos (como los de basuras), etc., no se han llevado a cabo ni queda claro a ojos vista cómo pretenden hacerlo, puesto que la resolución integra y efectiva de tan grandes problemas sociales, no es posible sin afectar los intereses de los poderosos. Y aquí es donde las “mareas ciudadanas” como Compostela Aberta naufragan en los propios límites de su política: la colaboración de clases, que haya “paz social” que los conflictos de clase se reduzcan a su mínima expresión.
Muchos justifican esta política echándole la culpa a la falta de movilización de “la gente”. Pero la realidad es que incluso cuando los trabajadores se predisponen a salir a luchar, como en el citado conflicto de Urbaser, o de un sector de pequeños propietarios arruinados como los ganaderos en lucha que realizan tractoradas en la capital gallega, la preocupación de Martiño Noriega es “la mediación y solución de conflictos para paliar las molestias a los vecinos”.
El conflicto de Urbaser, empresa concesionaria de basuras se solucionó poco tiempo después de haberse convocado la huelga, por un acuerdo entre los trabajadores y la empresa. La cuestión ganadera no obstante aún no está zanjada y continúan las negociaciones. Pero para Compostela Aberta, “el problema está resuelto”, porque los vecinos estarán tranquilos y no tendrán que soportar los ruidos y cortes de tráfico, los turistas no se asustarán y seguirán “peregrinando” a la ciudad que se asegura dio sepultura al Apóstol, y la economía irá viento en popa.
Entonces, a la pregunta que nos hacíamos en el título de este artículo: ¿qué ha cambiado realmente tras 100 días de gobierno de Compostela Aberta? Lamentablemente, poco y nada. Puesto que para que algo cambie realmente, habrá que enfrentarse a quienes sieguen ostentando el poder económico. Y para eso hace falta impulsar la lucha de clases, no mitigarla.