El gran resultado de Podemos expresa, en clave reformista, las aspiraciones de millones a un cambio político y social. La cuestión catalana se mantiene candente. Elementos que, junto a la dificultad de pactos, ponen en riesgo los proyectos de regeneración del Régimen.
Las elecciones generales confirman el ascenso de una nueva formación de la izquierda reformista: Podemos y las distintas coaliciones con las que se presentaba en otros territorios. Una formación con apenas dos años de vida, que logra 69 diputados y un 20,5% de los votos. Es innegable que los más de cinco millones de votos recibidos son la expresión, a través de una formación con una estrategia reformista, del rechazo masivo a un régimen asociado al nepotismo y la corrupción y a los años de políticas para que los trabajadores y sectores populares paguemos la crisis. Lo son, incluso más allá de que Pablo Iglesias venga imprimiendo un acelerado giro al centro de su formación, llegando a reducir su proyecto de “cambio” a cuatro reformas constitucionales y una segunda Transición que re-edite el consenso perdido del ‘78.
Este ascenso electoral expresa una tendencia opuesta al giro reaccionario que prima en el continente con la ofensiva guerrerista de Hollande y el ascenso del Frente Nacional francés como avanzadilla. Expresa la izquierdización de amplios sectores en los últimos años, con amplias aspiraciones de cambios políticos y sociales. ¿Serán estas aspiraciones un obstáculo a los intentos de “colar” proyectos regeneracionistas cosméticos –como los que viene sosteniendo también el mismo Podemos en forma de reforma constitucional- y que pueden ponerse encima de la mesa en los siguientes meses?
Paralelamente, el bipartidismo español queda herido de gravedad. La suma del PP y el PSOE han pasado de sumar el 73,35% de los votos en 2011, a quedarse en el 50,86%. Una pésima noticia para el Régimen del ‘78, que ve como se abre un escenario incierto al perder fuelle sus dos principales partidos. Son los socialistas los que se llevan la peor parte, con un 22,05% de los votos, el peor de toda la etapa democrática. El PP ha sido la fuerza más votada, sin embargo lo consigue con su peor resultado desde 1989. Rajoy se deja 65 diputados y casi 16 puntos. Si el hundimiento en escaños no ha sido mayor, es gracias a la ley electoral pre-constitucional que beneficia a las zonas menos pobladas y de voto más conservador.
Además, los intentos de impulsar un “Podemos de derechas”, Ciudadanos, han encontrado un pinchazo importante -con el 13,98% de los votos- que echan por tierra toda la campaña mediática y demoscópica que querían situar a su líder, Albert Rivera, en segunda o tercera posición.
Especial significado tienen estos resultados si atendemos al reparto geográfico del voto. Podemos ha obtenido sus mejores resultados en plazas tan importantes como Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y las Islas Baleares, en donde ha quedado como segunda fuerza superando al PSOE. Pero lo más destacado es que queda como primera fuerza nada menos que en País Vasco y Catalunya.
En esta última consigue recuperarse del su magra elección en las catalanas de septiembre, con un 24,72% de los votos y 12 diputados. Lo consigue gracias a haber hecho bandera de la defensa de un referéndum para ejercer el derecho a decidir. Las fuerzas defensoras de este derecho han obtenido 29 diputados (y el 55,78% de los votos) frente a los 18 de los que lo niegan (39,88 de los votos). Esto supone no sólo la confirmación de la profundidad de las aspiraciones democráticas de millones de catalanes, sino que ésta ha tenido una expresión “por izquierda”, casi igualando al bloque ERC-CDC que arrasaron con su coalición Junts pel Sí el 27S con más del 40% de los votos y hoy suman el 31%, con los republicanos ligeramente por encima de los convergentes.
Por último, el partido de Iglesias se consolida como la fuerza hegemónica del espacio de la izquierda reformista. IU, que se presentaba tras la marca de Unidad Popular, obtiene el peor resultado de su historia con un 3,67%, que le deja solo dos diputados. También sufre un retroceso importante la izquierda abertzale, que pasa, en favor de Podemos, del al 1,37% al 0,87% de los votos y de 7 a 2 escaños.
El panorama que se presenta para las próximas semanas y meses va a ser de alta complejidad. Todo el mundo coincide que la aritmética parlamentaria resultado de estas elecciones dibuja un escenario de fuerte inestabilidad institucional, tanto para formar un nuevo gobierno, como aún más para que se puedan desarrollar los distintos proyectos de regeneración del Régimen del ‘78 que se han presentado en esta campaña. La cuestión territorial aparece como un obstáculo de difícil solución para encontrar una salida institucional al previsible bloqueo.
Al PP no le alcanza con el apoyo de Ciudadanos para formar gobierno, y lo tiene difícil para sumar más apoyos o abstenciones, pues el acérrimo españolismo de ambos aleja la posibilidad de que los nacionalistas conservadores vascos o catalanes se sumen o se abstengan. El PSOE lo tiene complicado, además de sumar a Podemos, tendría que convencer a ERC u otras fuerzas nacionalistas. Su negativa a ceder en la cuestión del referéndum catalán también lo hace complicado. Un pacto entre PP y PSOE, tipo “gran coalición”, tampoco es una opción sencilla de digerir para los socialistas, que no pueden quitarse de la mente el fantasma de su hermano griego, el PASOK, que tras su pacto de gobierno con Nueva Democracia ha quedado reducido a la marginalidad parlamentaria.
Pablo Iglesias ha presentado ya su oferta de pacto. Ha señalado que sólo está dispuesto a llegar a un acuerdo que recoja algunas reformas legales y constitucionales “imprescindibles e inaplazables”: el blindaje constitucional de los derechos sociales, la inclusión de una moción de confianza a mitad de legislatura sobre el gobierno en caso de que no cumpla su programa electoral y la modificación de la ley electoral en favor de una mayor proporcionalidad. Se ha cuidado mucho de poner como “condición” para el acuerdo el referéndum catalán, ha preferido referirse a la fórmula ambigua de “un nuevo encaje constitucional para Catalunya”. Aunque ante las preguntas de una periodista ha aclarado que él sí era partidario de la consulta. Sin embargo el apoyo recibido en ese territorio, así como el hecho de que sus 12 diputados vayan a tener grupo propio –entre los cuales hay miembros de Iniciativa per Catalunya Verds y Esquerra Unida i Alternativa-, no le pondrán fácil esa “renuncia” en favor de un acuerdo sobre el resto de puntos.
Durante la campaña electoral el conjunto de los medios de comunicación y todos los partidos han presentado el 20D como una fecha histórica, casi de cambio de época. Unas expectativas que, si bien no han logrado una movilización mayor que en anteriores comicios (de hecho la participación es solo dos puntos superior a la del 2011, un 73,2%), sí ha llevado a que millones de votantes rechazaran en las urnas a los partidos más identificados con el Régimen del ‘78 y dieran el apoyo, en el caso de Podemos, a un partido que es visto por muchos como el representante de un cambio político y social.
Todo proceso de negociación de un “nuevo consenso” no puede huir de dos contradicciones fundamentales. En primer lugar que en el marco de este nuevo mapa de partidos, atravesado por la cuestión territorial, resulta sumamente difícil que pueda arribarse a un “consenso por arriba”. Y lo que es más importante, si todos esos obstáculos “por arriba” pudiesen conjurarse -algo nada fácil-, ningún “nuevo consenso” basado en reformas superficiales del régimen político podrá dar satisfacción a las hondas aspiraciones que hoy han tenido una expresión distorsionada en el voto masivo a Podemos.
El rumbo de Podemos viene justamente preparándose para ser parte destacada de este “nuevo consenso”, como no se han cansado de repetir sus dirigentes durante toda la campaña electoral. La estrategia de Iglesias y su equipo viene girando aceleradamente al centro político, desplegando abiertamente un programa de regeneración democrática burguesa y tibias reformas redistributivas. Un proyecto político que no puede sino defraudar las aspiraciones de gran parte los millones que hoy le han dado su voto.
La nueva situación que se abre después del 20D, a pesar de las enormes ilusiones reformistas, presenta importantes oportunidades a la izquierda revolucionaria para dirigirse a esos millones de jóvenes y trabajadores que cuestionan los aspectos más groseros de esta democracia para ricos, que quieren conseguir una salida a la crisis social sin ajustes y recortes, o los millones de catalanes que no quieren abandonar el derecho a decidir a cambio de una reforma cosmética de la Constitución del ‘78.
Tanto el escenario de bloqueo institucional, el de acuerdo desesperado de los partidos del ‘78 (PSOE y PP), como el de un nuevo pacto por arriba que incorpore a Podemos, plantean la necesidad de fortalecer la organización y la movilización social con los trabajadores al frente. Será imprescindible poner en marcha las fuerzas sociales que fueron desviadas de 2012 en adelante por la burocracia sindical y el nuevo reformismo, para que esas aspiraciones no queden en el cajón una vez más y puedan imponerse abriendo un verdadero proceso constituyente sobre las ruinas del Régimen, que realmente pueda dar solución a las grandes demandas democráticas y sociales y abra el camino a un gobierno de los trabajadores y los sectores populares.