Mientras aumentan las cifras de feminicidio en el Estado español, se invisibiliza el aumento de la violencia de género en sus múltiples formas, cada vez más legitimadas por las instituciones y los medios de prensa.
Las cifras de feminicidios aumentan y este mes de julio fue peor que el verano de 2014, tras el «agosto negro» que sumaba más de 40 víctimas.
Este verano se vuelve a encender el fuego de la violencia de género. Casos impactantes como el de Laura González, de 27 años y madre de un niño, asesinada en La Palma tras ser rociada con gasolina y prendida posteriormente fuego por su pareja, de 30, cuando estaba trabajando de vendedora en una tienda.
Según los datos estadísticos contabilizados por el Gobierno sobre Víctimas Mortales por Violencia de Género del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la cifra total en lo que va del año 2015 es de 22 asesinatos machistas.
Estas cifras contrastan con las registradas por una de las principales organizaciones independientes del Gobierno, Feminicidio.net, dedicada al estudio y seguimiento de cada unos de los casos así como a una constante denuncia y activismo contra la violencia de género. Para dicha organización son 52 los casos de feminicidio en lo que va del año.
¿A qué se debe tanta diferencia de registro en las cifras? Principalmente al tratamiento que el Estado, sus gobiernos y los medios de comunicación dan a la violencia de género, invisibilizando el feminicidio respecto a toda una cadena de violencias que van más allá del ámbito de la pareja o relación sentimental, en la que el asesinato es el último eslabón.
Las múltiples violencias legitimadas por el Estado y los medios
Son alarmantes las cifras de casos de acoso, abusos y todo tipo de violencia sexual que sufren las mujeres día a día en los entornos más cotidianos como centros de trabajo o estudio, en la calle, en las redes sociales, y hasta en círculo de amistades, pareja, o relaciones ocasionales.
Según varios estudios por fuera de los datos oficiales la cifra real de violaciones podría rondar los 2.000 casos al año. Distintas organizaciones llevan tiempo manifestando que la mayoría de agresiones no se denuncian, motivo por el cual los datos no aparecen en los estudios oficiales. Desde la Fundación Aspacia señalan que aproximadamente sólo se denuncia un 20 % de las agresiones sexuales.
Las imágenes de las mujeres manoseadas por hombres divirtiéndose en las fiestas de San Fermín, donde es «tradicional» la agresión sexual, como la mejor publicidad para llenar este fabuloso evento, son las fotos de un principio de violencia que, sólo un ejemplo, legitimaron el grave caso de la joven agredida en el baño de un bar. El desenlace de este caso: medios de comunicación negando el caso de violencia porque «no fue una violación» y decenas de tertulianas culpabilizando descaradamente a la joven por sus actitudes «provocativas» o anunciando que «si van a San Fermín ya saben a qué van».
El verano pasado fueron escandalosos los consejos publicados en la página oficial del Ministerio del interior, “Por la noche, evite las paradas solitarias de autobuses…; no pasee por descampados ni calles solitarias, sobre todo de noche, ni sola ni acompañada…; echar las cortinas de vuestra casa para evitar miradas indiscretas” o «comprar un silbato para ahuyentar al delincuente «. También el destacado por reaccionario alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, cuando dijo, “Entras en un ascensor, hay una chica con ganas de buscarte las vueltas, se mete en el ascensor, se arranca el sujetador y sale dando gritos de que la han intentado agredir”.
Esto, días después del terrible caso de una joven 20 años de Málaga, víctima de una brutal violación a manos de cinco jóvenes de entre 17 y 23 años que salieron impunes y considerados héroes por la prensa e instituciones, que acabaron culpando a la chica.
Estas legendarias palabras se reproducen, junto a los consejos de Interior, constantemente por los medios y las instituciones que culpabilizan directamente a las mujeres. Ellas tienen el deber de «procurar», condicionando toda su vida, su forma de vestir, de relacionarse y de circular por las calles, no ser agredidas sexualmente. Luego cuando ocurre, la «culpa» es de las mujeres. Así lo demuestran algunas cifras: una de cada 10 mujeres no denuncian las agresiones por sentirse «culpable» de la violencia sufrida.
La sangre se nos hiela cuando al conocer estos datos. Y otros, como los de estos días sobre los motivos por los cuales una de cada cuatro víctimas de violencia machista no denuncia a su agresor.
El miércoles 23 de julio la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, y la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernández presentaron un informe que daba cuenta de que el 71% de las víctimas jamás ha denunciado al agresor. El 45% no lo hace porque, según el informe, «no concede la suficiente importancia a la violencia de género sufrida». Una conclusión bastante cínica cuando son las propias instituciones las que, cuando actúan en el terreno de los hechos, los agresores quedan impunes y se culpabiliza a las mujeres.
Es así que, siguiendo con el informe, el 27% no lo denuncian a la Policía o la Justicia por miedo a una posible venganza de su agresor, aunque además por miedo «a no ser creídas, sobre todo si las lesiones no son físicas», cuestión que según el estudio del Ministerio da cuenta el 8% de las mujeres. Un 10%, por miedo a falta de recursos económicos.
Las instituciones utilizan diversos mecanismos que no hacen más que perpetuar un sistema patriarcal cada vez más violento y mortal contra las mujeres, como los de culpabilización, impunidad y naturalización de las múltiples violencias machistas.
Sumado a esto, los recortes y la falta de contención de parte del Estado deja en una situación aún más vulnerable a las víctimas. Existen sólo 300 centros de acogida y casas tuteladas en todo el Estado español cuando son miles las mujeres agredidas.
La urgencia de medidas efectivas contra la violencia patriarcal
La falta de medidas y complicidad de parte del Estado y las instituciones respecto a la violencia de género, obligan a las mujeres, sobre todo a las jóvenes, a prácticas de auto-organización y autodefensa.
Como el caso en Barcelona donde las organizaciones feministas y otros colectivos, frente a la gran cantidad de agresiones sexuales durante las fiestas de barrios y pueblos, proponen medidas de autodefensa y un “Protocolo contra las agresiones sexista”.
Incluso, escandalosamente, en 2013 el Ayuntamiento de Barcelona llegó a multar con 10.500 € a la Asamblea de Mujeres Feministas del barrio de Gracia por su campaña de denuncia en las calles contra las agresiones sexistas y por la defensa del propio cuerpo.
Más que nunca es necesario un movimiento en las calles, con reivindicaciones efectivas que acaben con la grave situación de gravedad que sufren las mujeres ante la violencia de género, perpetuada por el sistema capitalista y patriarcal. Entre las más importantes:
Aumento de los centros de acogida u hogares transitorios para mujeres y sus hijos e hijas, víctimas de violencia; garantizados por el Estado y bajo el control de las propias mujeres, las organizaciones de mujeres y las trabajadoras, con asistencia profesional y sin presencia policial y judicial.
Comisiones de mujeres en los centros de trabajo y en los sindicatos, independientes de las patronales, que tomen los casos de acoso sexual y laboral, así como los casos de discriminación hacia las mujeres y que también exijan licencias pagadas para las trabajadoras que atraviesan situaciones de violencia.
La separación efectiva de la Iglesia y el Estado, el fin del Concordato y la subvención a la educación religiosa. Educación sexual sin tabúes y gratuita, dentro de una educación laica.
El fin de la discriminación, el acoso y la precariedad laboral, así como los contratos de obra y servicio, subcontratas y contratas. Todas las trabajadoras a plantilla fija con los mismos derechos. Prohibición de los contratos temporales y las ETTs. El pago de todos los derechos por maternidad.
Derogación de la ley de extranjería. Cierre de todos los CIEs. Derechos y prestaciones para todos y todas independientemente de su lugar de origen. Acceso universal e igualitario a la Sanidad Pública.