Podemos presenta nuevas medidas para combatir la violencia machista

Desde el inicio de la crisis hasta la fecha de hoy se ha reducido el gasto en prevención integral contra la violencia machista en un 26%, lo que ha producido un notable aumento de la vulnerabilidad y la exposición de las mujeres a la violencia de género. A la vez, el aumento de la brecha salarial del 24% y la feminización de la precariedad y la pobreza restringe la autonomía de las mujeres y aumenta su dependencia, algo que en muchos casos no solo pone en riesgo la seguridad y la vida de las propias mujeres sino también las de los hijos e hijas.

Aciertos y límites de la propuesta contra la violencia machista presentada por Podemos

En este contexto, el pasado 30 de septiembre Podemos presentó en las diferentes autonomías en los que el grupo consiguió representación, una Proposición No de Ley (PNL) para combatir la violencia machista. Ésta tendrá que someterse a debate entre la totalidad de formaciones políticas posteriormente.

Aunque en la presentación de la PNL las candidatas de Podemos señalaron los recortes del Gobierno del Partido Popular en materia de prevención y atención a la violencia de género y el aumento de la precariedad laboral de las mujeres como dos ejes básicos para explicar la situación de vulnerabilidad de las mujeres ante la violencia machista, —una vulnerabilidad que no pocas veces desemboca en feminicidio—, lo cierto es que la propuesta no incluye ninguna medida concreta para paliar la situación de falta de recursos económicos que en muchas ocasiones paraliza el proceso de ruptura con la situación de violencia. Sin lugar a dudas, este es el principal punto débil de la propuesta presentada.

Las medidas presentadas este 30 de septiembre han sido concretamente tres: por una parte una necesaria ampliación del concepto de violencia de género, que incluya las agresiones fuera del ámbito de la pareja. Esta es una cuestión urgente, ya contemplada en las leyes internacionales y que en el Estado español tiene como consecuencia inmediata la invisibilización de un gran número de feminicidios y agresiones machistas.

En segundo lugar, que los gobiernos autonómicos garanticen todos los servicios de asistencia, la gestión pública directa y que se tramite a través de los ayuntamientos para combatir la privatización y la externalización de los recursos existentes y asegurar la capacitación y la existencia de un número adecuado de profesionales. También hace referencia a la necesidad de impulsar una evaluación de impacto de lo ya realizado en esta materia.

Por último, presentan una medida dirigida a hacer más fácil y posible salir de la violencia machista con una garantía habitacional para todas las mujeres sin necesitar haber puesto una denuncia. La propuesta recoge que la casa ofrecida debe contar con los insumos básicos (agua, luz, gas…), aunque pronto aclararon que no se trata de una propuesta de gratuidad sino de adaptación a los recursos de estas mujeres. Ya de por sí, supone una gran contradicción la propuesta de servicios públicos no gratuitos. La asistencia y la protección contra la violencia de género es un derecho básico para todas las mujeres, independientemente de los recursos económicos de los que se disponga, y el gasto derivado del uso de estos derechos lo debe garantizar el Estado.

Además, se propone que la garantía habitacional se realice en un plazo máximo de 30 días y previa evaluación de servicios sociales con la finalidad de garantizar que se trata, evidentemente, de un caso de violencia machista. Efectivamente es necesario adelantar los plazos, pero también que estos plazos sean adaptados a los ritmos de cada mujer, incluso que puedan asegurar una salida inmediata para aquellas mujeres que en el momento de contar el caso ya se encuentran en una situación de riesgo, o para aquellas mujeres que manifiestan la voluntad de cortar con esa situación de violencia de forma inmediata. Es importante también, que esas garantías no solo sean para la mujer y que también incluyan a sus hijos e hijas.

Otra cuestión importante a resaltar es que efectivamente un elemento paralizador en muchos casos para cortar la situación de violencia es la dependencia económica que se ha venido incrementando con el desempleo y empleo precario. Esta situación lo que nos dice es que un plan contra la violencia machista no será realmente efectivo si en el conjunto de medidas no incluye un plan de empleo al que se puedan acoger las mujeres que lo necesiten, un plan de empleo público regulado por el Estado que garantice salarios y condiciones laborales dignas, además de ofrecer la posibilidad de compaginarlo con la vida familiar si estas mujeres tienen hijos e hijas.

¿Combatir la violencia machista con el apoyo de los partidos del régimen?

La proposición no de ley que ha avanzado Podemos tendrá que ser discutida por el resto de fuerzas políticas, que podrán presentar enmiendas. La principal dificultad está en que para hacerse efectiva necesita el apoyo de los partidos que hasta día de hoy han legislado en contra de los derechos de las mujeres, han recortado en ayudas a la violencia de género y niegan que se trate de una situación grave, ocultando los datos reales y haciendo caer la responsabilidad de la violencia sobre las propias mujeres, como es el caso del Partido Popular. La realidad es que es totalmente utópico pensar que partidos como el PP y el PSOE, cuyas políticas han tenido como consecuencia la muerte de miles de mujeres y que han dejado en el desempleo y condenado a la precariedad a muchas más con la aprobación de la reforma laboral, ahora van a ser quienes garanticen que se pueda implementar un verdadero plan contra la violencia machista.