Este lunes se cumplían 34 años del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 en el Estado español, también conocido como 23F, perpetrado por algunos mandos militares. Una fecha considerada como punto de cierre de la llamada «Transición Democrática».
Los episodios centrales fueron el asalto al Palacio de las Cortes por un numeroso grupo de guardias civiles al mando del teniente coronel Antonio Tejero y la ocupación militar de la ciudad de Valencia ante la declaración de estado de guerra por parte del capitán general de la III Región Militar Jaime Milans del Bosch; mientras transcurría la sesión de votación para la investidura del candidato a la Presidencia del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, de la UCD (Unión de Centro Democrático).
Más allá de los hechos, el 23F es una fecha que todos recuerdan como el cierre de la llamada «Transición Democrática», bajo un país que “debía cerrar heridas” en un “acto de reconciliación de las dos Españas” bajo el mutuo convencimiento “racional” de las dos partes: el Régimen y la oposición, los cuales, “evolucionando” a lo largo del tiempo, fueron abandonando sus presupuestos conflictivos vividos en décadas pasadas.
Así nos cuentan la historia de la llamada “transición democrática” que podemos leer de los historiadores del Régimen como Javier Tusell, en los periódicos y medios de comunicación o series ya legendarias como «Cuéntame cómo pasó». Una transición presentada como “modélica y exportable” para los regímenes dictatoriales de Chile o Argentina en los años ochenta.
Una falsa historia, víctima de la amnesia que pretende negar el conflicto, y con él a los sujetos colectivos como protagonistas; como a los movimientos sociales, vecinales, feministas o por las autonomías. Y sobre todo al movimiento obrero, el cual no había dado tregua al Régimen de Franco desde su nacimiento.
De este modo, presentan un nuevo Régimen sin conflicto en el que el Rey se volvería demócrata actuando con un “franquismo reformista”, mientras la oposición, ya “moderada”, dejaría de ser rupturista para ir ambos hacia una “ruptura pactada”.
Sin embargo, en los tiempos que corren vemos resquebrajarse de manera acelerada este Régimen nacido en el 78’ de la llamada “transición democrática”.
El golpe y la Corona, la inconsistencia de la historia oficial
Las primeras elecciones después de la muerte de Franco fueron en 1977, un año después de que Adolfo Suárez fuera nombrado Presidente por el rey Juan Carlos I. Éstas se celebraron con toda la extrema izquierda ilegalizada, cientos de presos políticos aún en las cárceles y una dura represión contra todo movimiento que se saliera de la dinámica de moderación que defendían ya los dirigentes de la oposición, en especial el PCE (Partido Comunista Español).
La plena vigencia de la Dictadura veló porque las Cortes Constituyentes nacieran “atadas y bien atadas”. En diciembre de 1978 se aprobó en referéndum la nueva Constitución monárquica que luego el Rey juraría en una sección conjunta del Senado y del Congreso de los Diputados.
Así nace el Régimen del 78’, dando a luz una Monarquía parlamentaria en la que el Rey era Jefe de Estado y de las fuerzas armadas. Se daba así una nueva legitimidad al nombramiento de Juan Carlos I como sucesor de Franco con la Ley de Sucesión de 1969. Una nueva fachada “democrática” que no puede ocultar a un Rey nombrado “por la Gracia de Franco”.
El Gobierno Suárez en los años siguientes terminó de dejarlo todo “atado y bien atado”. Los Pactos de la Moncloa y otros acuerdos con las direcciones sindicales de CCOO y UGT le sirvieron para combatir la conflictividad obrera y abrir la puerta a las duras reconversiones contra los sectores más combativos del movimiento obrero. La Ley de Amnistía sellaba a cal y canto la continuidad e impunidad de todo el aparato estatal. Con el “café para todos” y el Estado de las Autonomías se bloqueaba la resolución de la cuestión nacional vasca y catalana.
Sin embargo, la transición no ha sido un proceso tranquilo para el Régimen. No le libró de un rápido desgaste y fricciones entre distintas alas del viejo Régimen franquista que querían transigir aún menos.
Así se llegó a la crisis de la UCD y el gobierno de Suárez, el 23 de Febrero de 1981, momento en el cual Calvo Sotelo asumía como Presidente del Gobierno. A las 18.22 hs el Teniente Coronel Tejero con pistola en mano asaltaba el Congreso de los Diputados con 200 hombres de la Guardia Civil. Mientras el General Milans del Bosch ocupaba Valencia, capital de la III Región militar, y la división Acorazada Brunete se preparaba para ocupar Madrid. Otras Capitanías Generales debían hacer lo mismo en el resto del Estado. El objetivo era, con más apoyos entre el aparato del Estado y con simpatías en la misma Zarzuela, la formación de un gobierno, militar o militar civil, presidido por el General Alfonso Armada Comyn, estrechamente vinculado a la Casa Real.
El papel del Rey Juan Carlos en los preparativos del golpe es objeto de dudas y mucho debate, en el marco de que el hermetismo y la censura han hecho imposible desarrollar una investigación libre e independiente. La histórica imagen presentada por el Régimen es la del entonces monarca desvinculándose del golpe en la madrugada en su famoso discurso en TVE.
Sin embargo son muchos los interrogantes que en los últimos años de crisis política tocó también a la corona: ¿Qué hizo en la larga noche de los transistores? ¿Por qué tardó más de siete horas en pronunciarse?. Lo cierto es que a la hora de dirigirse a las cámaras de TVE el golpe ya se mostraba un fracaso para un objetivo potable en el marco europeo, como el Gobierno de unión nacional que encarnaba Armada.
Un Guardia Civil con tricornio pegando tiros en las Cortes no era lo mejor para los planes de integración en la CEE. Además el golpe no había logrado arrastrar al resto de los Capitanes Generales, ni los Directores de la Policía y la Benemérita. No tanto por el espíritu “democrático” de éstos, sino por la falta de claridad respecto a la ambigua posición de la Corona y lo poco claro del proyecto de Gobierno post-golpe. Podemos decir que el Rey habló cuando la balanza ya se inclinaba en contra del Tejerazo.
La misma actitud del Departamento de Estado de EEUU, que no condenó el golpe alegando de que se trataba de una cuestión interna, hace pensar que hasta el último momento el Rey estuvo barajando la posibilidad de que el golpe pudiera servir para al menos echar el cierre al proceso de Transición definitivamente. Además de que existía una estrecha colaboración entre el imperialismo americano y la Corona para ayudarle a ésta a consolidarse como capitana del navío en crisis del imperialismo español.
Finalmente optó por darle la espalda y sobre una legitimidad renovada, superadora de la franquista del 69 y la constitucional del 78, aparecer como el “salvador de la democracia”. Y así, aprovechar “el susto” para terminar de consolidar algunos de los aspectos más reaccionarios de la “transición democrática”.