Frente al brutal asesinato y la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa

Entre la noche del viernes 26 de septiembre y la madrugada del sábado 27, estudiantes de la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, que se retiraban de la ciudad de Iguala tras realizar actividades de boteo, fueron perseguidos y balaceados en dos ocasiones por elementos de la policía municipal y sicarios de la organización criminal Guerreros Unidos, desprendimiento del cártel de los hermanos Beltrán Leyva. En un tercer ataque, los grupos armados rafaguearon un camión que transportaba al equipo de futbol Los Avispones, de Chilpancingo.

El saldo hasta el momento es de 4 normalistas, un futbolista de 14 años, el chofer del camión de Los Avispones y una pasajera de un taxi muertos, además de decenas de heridos y 43 estudiantes desaparecidos. El sábado 4 de octubre fueron halladas fosas clandestinas a las afueras de Iguala a las que condujo el testimonio de un presunto implicado en la matanza, aunque hasta ahora no se ha confirmado que los cuerpos hallados correspondan a los de los normalistas desaparecidos.

Junto al caso de Tlatlaya, denunciamos esta nueva masacre ocurrida bajo el gobierno de Peña Nieto, que muestra la descomposición de un Estado asociado con el narcotráfico en donde, en el contexto de la guerra contra la delincuencia organizada iniciada por Calderón y continuada por el PRI, los sicarios operan como brazo armado y paramilitar para reprimir la lucha social y asesinar estudiantes, mientras se criminaliza y detiene a dirigentes e integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), como Nestora Salgado por organizarse y ejercer el derecho a la autodefensa ante esta situación, al igual que muchos otros luchadores sociales.

Aunque más allá de quiénes sean los autores materiales de esta masacre, la misma es expresión y resultado de la represión y persecución constante contra los estudiantes normalistas por parte de los distintos niveles de gobierno, desde Los Pinos, los gobiernos estatales y municipales. El gobierno de EPN ha mantenido y profundizado los ataques contra el normalismo, buscando liquidar las normales rurales y disciplinar mediante la represión a sus estudiantes, que llevan décadas luchando contra el abandono sistemático de sus escuelas y que, junto al magisterio, se han hecho parte de la lucha contra la nefasta reforma educativa. Son los hijos e hijas de campesinos y obreros cuya única oportunidad para cursar estudios superiores está en las normales rurales, en donde se forman para la ardua labor de la enseñanza en las zonas y comunidades más apartadas y marginadas del país.

Ahora, los partidos de esta democracia para ricos han contado, para tratar de imponer el terror sobre los normalistas, con el apoyo y el poder de fuego de los narcos, que una vez más en Guerrero, muestran ser funcionales a los intereses de los sectores más reaccionarios del estado. Los asesinatos en Iguala se suman a los de los 2 normalistas -también de Ayotzinapa- caídos durante la represión policíaca a un bloqueo en la Autopista del Sol en diciembre de 2011, en hechos ocurridos bajo el actual gobierno del perredista Ángel Aguirre Rivero que continúan impunes. Ahora el gobernador -cínicamente defendido por el PRD que lo quiere deslindar de responsabilidades- ha montado un operativo de búsqueda y ofrece una recompensa para dar con los desaparecidos, en un intento por salvar su cabeza y desviar la atención del rol represor y pro-patronal de este partido ligado al gobierno priísta de Peña Nieto (que ha respondido enviando a la Gendarmería), mientras el alcalde de Iguala -cercano a Aguirre y también del sol azteca- y el secretario de seguridad local se encuentran prófugos.

Sin embargo, madres y padres de familia junto a estudiantes normalistas, universitarios, maestros de la CNTE y pobladores, vienen realizado búsquedas (a las que se ha sumado la UPOEG) y diversas manifestaciones de repudio en Iguala, Chilpancingo, Acapulco y otras partes de Guerrero, exigiendo la aparición con vida de los estudiantes y juicio y castigo a los responsables.

La indignación se está extendiendo a escala nacional (y puede actuar como catalizadora del descontento ante la miseria y la antidemocracia), como se expresó en las movilizaciones del 2 de octubre, en la denuncia de los estudiantes en lucha del Politécnico frente a Osorio Chong y en el llamado a la solidaridad con los normalistas de Ayotzinapa hecho por Nestora Salgado, presa política de las policías comunitarias de Guerrero cuyos integrantes en Tixtla están resguardando las instalaciones de la normal “Raúl Isidro Burgos”, además del anuncio del EZLN de una marcha silenciosa en San Cristóbal, sumándose a la convocatoria nacional del 8 de octubre.

A nivel internacional, se han realizado manifestaciones de solidaridad en consulados y embajadas, y el escándalo ha atraído la atención de organismos como la CIDH y la ONU, además de inquietar al gobierno de Estados Unidos. Desde el MTS expresamos nuestra solidaridad con los familiares y compañeros de los normalistas asesinados y desparecidos, nos sumamos al repudio generalizado y exigimos ¡Juicio y castigo a los responsables materiales y políticos! ¡Abajo el gobierno de Ángel Aguirre Rivero! ¡Aparición inmediata y con vida de los desaparecidos!

Sin embargo, consideramos que las instituciones del régimen como Gobernación, el gobierno estatal, la PGR, etc., son incapaces de llevar hasta el final las pesquisas para dar con los compañeros y castigar a los responsables, pues son parte del mismo aparato estatal que, coludido con el narco, criminaliza, persigue y asesina a los luchadores sociales, por lo cual es necesaria una comisión investigadora independiente, encabezada por los padres de familia, e integrada por representantes de organismos independientes de derechos humanos nacionales e internacionales, la FECSM, la CNTE y personalidades democráticas, que exija plenos poderes para llevar hasta el final las investigaciones sobre la masacre, que permita señalar a los responsables materiales y políticos y exija su castigo.

Llamamos a las organizaciones normalistas, al movimiento estudiantil y a las organizaciones de trabajadores, campesinas, populares, de izquierda y de derechos humanos, a poner en pie una Coordinadora Nacional Contra la Represión, que junto a las de Ayotzinapa, levante entre sus principales demandas: ¡Libertad a Nestora Salgado y todos los presos de la CRAC-PC! ¡Fuera el ejército de Guerrero! ¡Desmilitarización inmediata del país!

Especialmente convocamos a los Sindicatos y Centrales Sindicales como la NCT -Nueva Central de Trabajadores- y las demás que se reclaman opositoras a respaldar a los normalistas y a no repetir la vergonzosa experiencia de 1994, cuando las centrales charras como la CTM dieron la espalda a la rebelión indigena campesina liderada por el EZLN, perdiendo una oportunidad histórica para que el movimiento obrero y campesino enfrente unificadamente a este régimen autoritario y antidemocrático.

De la misma forma llamamos a los estudiantes del IPN a seguir en pie de lucha, más allá de que decidan mantener o no el paro y hacerse parte activa de la solidaridad con Ayotzinapa.

Es necesario impulsar un Encuentro Nacional de Estudiantes para discutir un plan de acción y una política nacional contra el ataque a los estudiantes y contra la reforma educativa, al que puedan sumarse las organizaciones obreras, campesinas y populares solidarias con el movimiento estudiantil. En lo inmediato, llamamos al movimiento estudiantil, a los normalistas del DF y de todos los estados, y a las organizaciones sindicales como la CNTE, la Nueva Central de Trabajadores y la UNT a sumarse a la movilización nacional de este miércoles 8 de octubre, y a impulsar un paro en solidaridad con los normalistas de Ayotzinapa y sus familias.