Frente a la más importante “contrarrevolución laboral” en un siglo la oposición sindical y política se calienta. El gran temor es que la juventud tome las calles como hace diez años contra el CPE. Francia en estado de alerta.
La más importante “contrarrevolución laboral” en un siglo
El presidente de Francia, François Hollande, ha lanzado estos días una contrarreforma laboral totalmente reaccionaria, que va más allá de principios esenciales de la derecha neoliberal, postulados en 2012 por Nicolas Sarkozy y por la central empresarial gala, Medef. En esencia, flexibiliza brutalmente las condiciones de trabajo, descentraliza la negociación colectiva, debilita al sindicato nacional, facilita la negociación colectiva por empresa a cargo de comisiones internas, etcétera. La reforma hace primar los simples acuerdos de empresa por sobre lo dispuesto en el convenio colectivo de rama. Permite también que acuerdos individuales puedan modificar –a la baja– horarios de la jornada laboral prevista en el convenio colectivo y que, en caso de dificultades en la empresa, se puedan reducir salarios y aumentar las horas de trabajo, sin acuerdo sindical. Se contempla que sean las propias empresas las que organicen el tiempo de trabajo o la remuneración de las horas extraordinarias, hoy en día enmarcadas por la ley. También se prevé facilitar los despidos por motivos económicos y poner topes a las indemnizaciones por despido otorgadas por los tribunales laborales. Contrarreformas que han sido calificadas por el inspector de trabajo y miembro del ala izquierda PS, Gerard Filoche, como “la más importante contrarrevolución en un siglo”.
Un giro brusco en la situación política que cristaliza toda la bronca contra el gobierno
Rápidamente, la situación política empieza a entrar en un giro brusco como son habituales en la vida política y social en Francia. El gobierno ya había perdido en forma record y en menos de un mes todo el capital de simpatía logrado luego de los atentados terroristas del 13/11. Ese desgaste se expresó después en el parlamento con el rechazo de una parte importante del bloque del Partido Socialista –mucho más que los opositores habituales- a su proyecto de reforma constitucional sobre el estado de emergencia que incluye la perdida de la nacionalidad para los condenados por terrorismo. Una medida solamente aplicada en Francia durante la Republica de Vichy, es decir la Francia colaboracionista con Hitler en una parte del territorio nacional durante la ocupación alemana en la Segunda Guerra mundial. Pero este proyecto de contrarreforma laboral, ni siquiera presentado aún en el Consejo de Ministros- fue la gota que colmó el vaso.
La ley catalizó todo el descontento contra el gobierno de Hollande. La dimensión del giro brusco de la situación lo muestra el petitorio en línea ‘Loi Travail: non merci?!’ (Ley de Trabajo: ¡no gracias!) que reunía hasta el jueves a la tarde 550.000 firmas, superando el anterior record. Para el director de la rama francesa de change.org, la plataforma que aloja el texto, es una seguidilla de records: «Con más de medio millón de firmas, es la petición que obtuvo el mayor apoyo en Francia, ya que excede el de Elise Lucet contra del proyecto de directiva europea sobre la confidencialidad comercial… 53.000 firmas en las primeras 24 horas, la petición es también la que ha experimentado el mejor comienzo desde el lanzamiento del sitio en Francia hace cuatro años. La llamada también recibió el mayor pico de firmas en un solo día (127.000 el 23 de febrero) y el promedio más alto de firmas por día (73.000). Por último, en la actualidad es la petición más viral de todas las antenas Change.org en el mundo”.
Para los organizadores de esta petición «estos records muestran que pasamos de una etapa inevitable de la petición en línea para reaccionar y pesar en el debate… Ya no sólo es cuestión de las firmas, sino de firmantes con la capacidad de generar movimientos de opinión de masas que se pueden reflejar en manifestaciones callejeras”.
Crece la oposición sindical…
En este clima, los sindicatos se ven obligados también a reaccionar para no perder la iniciativa. El martes después de años de separación, los llamados sindicatos reformistas como la CFDT y los sindicatos contestarios, en especial la CGT, que son las dos organizaciones sindicales más fuertes de Francia convocaron a una Intersindical que reunió a nueve organizaciones sindicales entre ellas tres estudiantiles. Aunque de la reunión aún no salió un calendario de movilizaciones, lo que fue un respiro para el gobierno, el solo hecho que la CFDT haya participado no estaba en los cálculos de la dupla Hollande y su primer ministro Valls.
Es que desde el comienzo del quinquenato, el hollandismo se había apoyado en el carácter abiertamente colaboracionista o en el “sindicalismo de proposición” de la CFDT para su política de dialogo social antiobrero, que dio por resultado reformas parciales pero importantes de las convenciones colectivas de trabajo. Incluso el año pasado en una muestra del agotamiento del dialogo social recurrió al artículo 49.3 de la Constitución francesa [1], un mecanismo claramente bonapartista para aprobar la llamada Ley Macron -por el nombre de su ministro de economía- sin la menor oposición efectiva de la CFDT. Pero este proyecto de ley corta la base social del sindicalismo reformista cuyas bases podrían comenzar a considerar que la política de colaboración de sus dirigentes “no ha tenido buenos resultados”. Esto explica que después de que han tragado todos los “sapos” de las reformas anteriores de Hollande, su dirección se ve en la obligación de expresar sus reparos sobre la cuestión de la reforma de los despidos económicos y de las limitaciones a las indemnizaciones.
En el mismo sentido Marie-Françoise Leflon, número dos de la CFE-CGC, otro sindicato reformista que asistió a la Intersindical, declaró a la AFP: “Las organizaciones sindicales se encuentran debilitadas por una ley que les fue impuesta. Es como si se nos estuviera arrancando dos brazos, dos piernas. Hay un cambio de paradigma fundamental”. Y continuó: «Se nos toca un nervio vital: el diálogo social, el tejido convencional, el convenio colectivo, el acuerdo de rama… Es nuestra vida, no podemos permanecer indiferentes». El próximo 3 de marzo habrá una nueva reunión.
Acusada por su base por los magros resultados de la Intersindical, la dirección de la CGT se vio obligada al otro día a llamar a una jornada de acción para el 31/3. Muy tarde para muchos de sus adherentes que ya empiezan a hacer acciones y exigen una fecha más temprana.
…y política
La ex ministra Martine Aubry y otros políticos como el eurodiputado ecologista Daniel Cohn-Bendit publicaron el miércoles en el diario Le Monde una tribuna en la que fustigan la política del gobierno francés por el empleo, la reforma del trabajo, los migrantes y la retirada de la nacionalidad para los condenados por terrorismo. En el artículo titulado “Salir del atolladero”, los firmantes critican al presidente François Hollande y a su primer ministro Manuel Valls por la deriva neoliberal de sus políticas. «No es ya simplemente el fracaso del quinquenio lo que se perfila, sino un debilitamiento duradero de Francia que se prepara, y por supuesto de la izquierda», escriben los autores del texto.
A sólo 14 meses de las elecciones presidenciales francesas y en el marco de que el descontento popular hacia Hollande no hace más que crecer incluso en sus propias filas, estos timoratos dirigentes socialdemócratas alzaron su voz después de haber acompañado con críticas parciales el actual curso del gobierno anti obrero, neoliberal, liberticida y guerrerista de Hollande. Incluso el presidente del oficialista Partido Socialista (PS), Jean-Christophe Cambadélis, dijo en relación al proyecto de ley laboral que: “En el estado actual, mal podría votarlo”.
El gobierno ya blandió de nuevo como amenaza el recurso al artículo 49.3, para luego desdecirse para amainar los ánimos. Si lo fuerza, no puede descartarse una votación de censura, aunque por ahora improbable. El gobierno podría apelar una vez más a los votos de la derecha, pero en el ambiente tenso que existe esta decisión podría provocar la ruptura del PS. Lo más probable es que Hollande, si quiere ser el candidato de la “izquierda” en 2017, deba componer para no romper todos los puentes con su partido y fundamentalmente la CFDT. Pero tal vez, perdido por perdido, Hollande quiera ser el Schröder francés (el canciller alemán que en la década del ‘90 logró reformar y precarizar cualitativamente el mercado de trabajo en Alemania) y arriesgar un gran enfrentamiento de clase. Esto es lo que está empezando a olerse en la juventud donde reina un clima pre CPE.
El gran temor: que la juventud salga a la calle como en 2006 contra el CPE
En 2006, la juventud universitaria y liceísta salió masivamente a las calles, arrastrando posteriormente a los sindicatos en grandes jornadas de acción interprofesional que hicieron retroceder al gobierno de Villepein y su ley de contrato de primer empleo [en francés: contrat première embauche – CPE). Este contrato basura sin límite de duración, destinado a personas menores de 26 años de edad en empresas con más de 20 empleados permitía al patrón poder despedir a un empleado sin tener que justificar motivo alguno, algo que rompe con una medida de 1973 incluida en el derecho Laboral. De estas grandes jornadas que durante semanas pusieron a millones en las calles, generaron cientos de medidas de acción directa de carácter salvaje como los cortes de vías, ocupación de estaciones de tren, etc. además de un fuerte grado de explosividad y violencia en especial con la entrada de la juventud de las banlieues, que hacia no más un año en 2005 había estallado en un mes de revueltas incendiarias en los barrios populares.
Un escenario igual se repitió en 2010 en la lucha por las jubilaciones con la explosiva entrada de los liceos. Una página Facebook llamada “9/3 Huelga General: nosotros exigimos el retiro de la ley de ‘trabajo’” (Nous exigeons le retrait de la loi «travail») que ha tenido impacto de decenas de miles llama a marchar el 9 de marzo, con o sin apoyo de las direcciones sindicales. Más significativo, en el día de ayer en el local parisino del NPA convocada por su Juventud se realizó una “inter-orga” (inter-organizaciones), en la que participaron 21 organizaciones como la UNEF(Union nationale des étudiants de France ligado al PS), la UNL (Union nationale lycéenne) , Solidaires Etudiant, entre otros que llama a una acción ese día. Previamente, el 9 de marzo estaba llamada una huelga ferroviaria, además de la RATP (colectivos urbanos de región parisina) en contra de la liberalización del transporte ferroviario en Francia.
Si se amplifica y concretiza, puede convertirse en el primer paso de una protesta masiva en la calle por el retiro de la reforma. Muchos sectores sindicales podrían también hacerse presentes, como demuestra el ambiente combativo y de miles que se reflejó en los actos en defensa de los “8 de Goodyear”, trabajadores condenados por primera vez en décadas a penas de prisión firme por el secuestro de dos ejecutivos frente a un plan de despidos.
Desde el CCR y la Juventud del NPA impulsamos esta acción, pero desde la perspectiva de imponerles a las direcciones sindicales el necesario “Tous Ensemble” (“Todos Juntos”), la única forma de construir una huelga general para derrotar al gobierno y su plan. El temor de estas direcciones a verse desbordadas puede ser un elemento de peso en la próxima Intersindical que se prepara. Por su parte, frente a éste nuevo elemento como es la probable entrada de la juventud, los analistas burgueses serios exigen al gobierno que apure el trámite de la ley pues sino va a permitir que la movilización que se cuece tome vuelo.
¿Entrará Francia nuevamente en un gran movimiento masivo como fueron los grandes movimientos sociales y huelguísticos de1995, 2006 o 2010? Aún es prematuro decirlo, pero es importante que los trabajadores y jóvenes del mundo sigan los próximos días la situación en Francia ya que como es tradición, en este país se juega una parte importante de la realidad la lucha de clases en Europa.
[1] El artículo 49.3 de la Constitución francesa señala: “El primer ministro puede, tras la deliberación del Consejo de Ministros, asumir la responsabilidad del Gobierno ante la Asamblea Nacional sobre el voto de un proyecto de ley (…) En tal caso, el proyecto se considera aprobado, salvo si se vota una moción de censura en las siguientes 24 horas”. En otras palabras, obliga al disciplinamiento de los disidentes en la votación de una ley a riesgo de hacer caer al gobierno si no lo hacen.