El Tribunal Supremo rechazó este martes la legislación del marco europeo por la cual los presos de ETA podían acumular los años de cárcel cumplidos en otros países de la Unión Europea (UE), a sus penas pendientes en el Estado Español.
La medida fue adoptada por la presión del gobierno de Mariano Rajoy frente a las excarcelaciones de los últimos meses a raíz del cese de aplicación de la “Doctrina Parot”.
El Tribunal Supremo, por 9 votos a 6, desestimó la aplicación de la legislación vigente aprobada el pasado mes de diciembre, en el marco de la Unión Europea (UE) en referencia a las penas acumulables para los presos políticos.
Rechazó, por tanto, descontar los años de cárcel cumplidos por los presos y presas de ETA en otros países de la UE, de sus penas pendientes en el Estado Español. Esta rectificación del Tribunal se sustenta gracias a una enmienda de última hora que introdujo el Partido Popular en el Senado, con lo cual la ley europea no tendría vigencia para los presos que iniciaran su condena anterior a 2010.
La medida es el resultado de desestimación de un recurso presentado por Kepa Pikabea, antiguo miembro de ETA. Sin embargo, según la asociación de familiares de presos de ETA, Etxerat, el acuerdo que alcanzó el Tribunal Supremo podría afectar a un total de 56 presos.
El Tribunal Supremo, dividido, ha necesitado de la unión de todo el bloque conservador para la aprobación de esta resolución. De hecho, tres de los magistrados que con anterioridad habían mostrado una actitud favorable (Antonio del Moral, Andrés Martínez Arrieta y José Ramón Soriano, lo tres considerados del ala más conservadora), han cambiado su voto.
El Gobierno vasco, por su parte, lamenta esta decisión del Gobierno español, argumentando que bombardea el proceso de paz y pone en peligro las medidas de reinserción de los presos en la sociedad. Advierte, del mismo modo, que la decisión el Tribunal será rectificada tarde o temprano por el Tribunal de Estrasburgo, como ya ha sucedido otras veces.
Ataques a la izquierda vasca
Antes de que la opinión pública conociera las medidas reaccionarias adoptadas por el Tribunal Supremo, el Estado Español había movido ficha en su asedio a la izquierda vasca (“abertzale”). El pasado lunes, un total de 16 personas, la mayoría de ellos abogados, y la mayoría de ellos en el País Vasco, fueron detenidos por la Guardia Civil en la denominada operación «Mate»
Según Etxerat, la relación entre ambos ataques es clara y evidente. Ante la ilegalidad que iba a acontecer, lo que el Estado Español considera “el entorno de ETA”, tenía que quedar previamente debilitado, sobretodo en su capacidad de defensa legal.
Ese mismo día debía celebrarse en Madrid el juicio contra la cúpula de Batasuna, juicio que finalmente fue suspendido tras las detenciones.
El gobierno de Mariano Rajoy y el Partido Popular no han dudado en sacar a escena la mejor arma con la que cuentan, la lucha “antiterrorista”. Por ello en los últimos meses sus presiones a los magistrados españoles por las excarcelaciones de presos de ETA no han cesado.
El derrumbamiento del Partido Popular en las encuestas y la tensión con su base social tras derrotas como la fracasada nueva ley del Aborto, ha apremiado al gabinete de Mariano Rajoy a tomar estas medidas, aprovechando el clima reaccionario generado tras los atentados de París el pasado miércoles. En un clima de represión en aumento, a la ya aprobada y criticada Ley Mordaza o la detención de luchadores y luchadoras anarquistas hace unas semanas, el Gobierno suma esta nueva oleada represiva contra los presos políticos de ETA y sus abogados.