El Tribunal Supremo define este martes si ratifica los cuatro años de prisión o absuelve al joven activista Alfonso Fernández Ortega, detenido durante una Huelga General en 2012.
Alfon fue detenido en 2012 y acusado por un delito de tenencia de explosivos. El montaje policial del caso ejemplifica la campaña represiva que sufren tantos luchadores.
El caso de Alfonso Fernández Ortega, conocido como Alfon, lleva camino de convertirse en uno de los más representativos ejemplos de la cruzada represiva que mantiene el Gobierno contra las libertades más elementales y contra tantísimos luchadores. Un caso que ha atravesado casi toda la legislatura del actual Gobierno del PP con la colaboración del poder judicial.
Este 16 de junio, Alfon debe sentarse nuevamente en el banquillo de los acusados, tras recurrir la sentencia del pasado 8 de enero, en la que fue condenado a cuatro años de prisión. El joven activista fue imputado por un delito de tenencia de explosivos durante el transcurso de la Huelga General del 14 de noviembre de 2012 y juzgado por la Audiencia Provincial de Madrid el 25 de noviembre de 2014.
Alfon, activista e integrante de los “Bukaneros” -hinchas del club de fútbol Rayo Vallecano de Madrid- fue detenido mientras se dirigía con su compañera hacia un piquete informativo, sin embargo unos policías de paisano se cruzaron en su camino acusándolo de portar una bolsa con material explosivo.
Esta vez será un juez del Tribunal Supremo el que decida definitivamente si la condena de cuatro años de prisión se hace efectiva o si bien es absuelto de los cargos por los que se le condena.
El abogado defensor Erlantz Ibarrondo siempre ha defendido la inocencia de Alfon, afirmando que el joven no llevaba ninguna bolsa con explosivos encima en el momento de ser detenido. Y ha señalado durante todo este tiempo que la condena a Alfon viene dada en base a la ausencia de pruebas y un juicio, el del 25 de noviembre, plagado de irregularidades judiciales.
Ya durante el juicio, Ibarrondo sostuvo que no se encontraron huellas de Alfon en el artefacto, sin embargo si encontraron huellas positivas de otras cuatro personas que no fueron examinadas. Denunciando también la ausencia de una cadena de custodia del explosivo que podía servir como prueba elemental.
Por su parte, Alfon siempre ha manifestado sufrir las consecuencias de un montaje policial, el cual forma parte de la campaña represiva que viene intensificando el Gobierno y que persigue a muchos activistas que luchan en defensa de los derechos de los trabajadores y las clases populares.
No es casualidad entonces que Alfon fuera detenido durante la Huelga General del 14N en el contexto de una lucha contra la Reforma Laboral impuesta por el gobierno del PP. Una medida que ha supuesto una auténtica sangría hacia las conquistas de los trabajadores, con miles de puestos de trabajo destruidos, cientos de ERE’s aplicados, despidos a bajo coste para los empresarios, destrucción de convenios, rebajas salariales y cierres de empresa y deslocalizaciones por fuera de la Unión Europea con mano de obra más barata.
Para seguir ejemplificando y poniendo al descubierto el montaje policial-represivo en este caso, basta recordar que después de ser detenido durante la Huelga General, Alfon pasó dos meses en prisión preventiva en Soto del Real, interno en régimen FIES -Ficheros de Internos de Especial Seguimiento-.
El régimen FIES consiste en un mayor control y vigilancia del preso para obtener información. Las medidas utilizadas en este régimen son consideradas como «tortura blanca», causando un intenso sufrimiento y deterioro del interno. Para entender mejor, el FIES es donde acaban presos miembros de bandas armadas o delincuentes organizados y autores de delitos muy graves.
La pertenencia de Alfon al colectivo Bukaneros, ejemplifica también esta campaña represiva contra tantos colectivos que alzan la voz contra los recortes de las libertades y los derechos democráticos.
No obstante, el caso de Alfon es tan solo la punta del iceberg de toda esta cruzada represiva con el fin de evitar que se profundice la lucha social contra el Gobierno del PP y el Estado, fuertemente sustentado en las fuerzas policiales y judiciales.
Sin ir más lejos, en la misma dirección que el caso de Alfon apuntan los tres años de prisión para ocho jóvenes del 15M que se manifestaron en la masiva concentración delante del Parlament de Cataluña en 2011 o los encausados por el intento de desalojo de Can Vies en Barcelona; además de cientos de sindicalistas y activistas que han sufrido detenciones y sanciones económicas por luchar por sus derechos, o la entrada en vigor de la Ley Mordaza que criminaliza cualquier protesta y persigue a tantos luchadores que se enfrentan a las políticas del Gobierno.
Sin embargo, para el Gobierno del PP, silenciar toda esta cruzada represiva a la luz de la opinión pública es una tarea harto difícil. Hoy toda esta campaña solo puede jugar en contra de sus propios intereses, profundizando la crisis de representación que está sufriendo a raíz de los efectos generados por la crisis económica sobre el conjunto de los sectores más pobres.
Cada vez son más las organizaciones sociales y miles los luchadores y activistas que como Alfon, se enfrentan a las políticas de austeridad y de recortes de las libertades.