Según las cifras oficiales aproximadamente un 60% de las mujeres afiliadas a la Seguridad Social que trabajan como empleadas del hogar y del cuidado son extranjeras. Sin embargo, son muchísimas más las que no aparecen en los registros.
Si las mujeres empleadas de hogar se encuentran en una situación de gravísima precariedad, esta situación se acrecienta para las mujeres inmigrante. Las sucesivas leyes de extranjería colocan a los inmigrantes en una situación de ‘ciudadanía de segundo orden’, donde las dificultades para regular su situación administrativa son cada vez peores. La imposición de condiciones tan restrictivas para la obtención y renovación de la autorización para trabajar dirigen a la población inmigrante hacia aquellos sectores de ocupación más precarios como es el trabajo doméstico. Si bien con la actual crisis económica son muchas más las mujeres nativas que también se han visto obligadas a ejercer este trabajo, siguen siendo las mujeres inmigrantes quienes sufren las peores condiciones de trabajo, sobre todo para aquellas que no tienen documentación.
A las normas de extranjería se suman las leyes laborales para el ámbito del trabajo doméstico, que como hemos expuesto, dictan condiciones que ni garantizan los derechos más básicos. Por ejemplo, debido a que en muchos casos las empleadas de hogar no tienen ni contrato o solo un contrato con menos horas de las que realmente trabajan, las dificultades de las mujeres inmigrantes para renovar sus autorizaciones de trabajo por no cotizar o cotizar de manera insuficiente a la Seguridad Social aumentan. De la misma manera, los despidos son cada vez más frecuentes.
En el mismo sentido, las situaciones de abuso como los numerosos casos de acoso sexual, se convierten en un infierno aún mayor para las mujeres inmigrantes, ya que no se atreven a denunciar debido a la coacción que supone estar en una situación administrativa irregular o inestable, y donde, muchas veces, los abusos también se tiñen con prejuicios y discriminación de carácter racista. Ante esta tesitura, son pocas o ninguna las que denuncian por miedo a desvelar su situación. En el estudio que nombramos previamente aparece el caso de una mujer que denunció meses después de lo ocurrido “se atrevió a denunciar el acoso sexual de su empleador, pero al no tener papeles, le dijeron que mejor lo dejara pasar. Los agentes le aconsejaron que tratara de reconducir la situación con el empleador y no levantó la denuncia. Es algo frecuente. No se considera violencia de género y los agentes no se saben cómo proceder”; según el Informe Acoso sexual y mujeres migradas. Trabajadoras del hogar. Junio 2014 Realizado por Consultoria Sortzen y la Asociación Mujeres en Voz.
El trabajo doméstico y del cuidado: tareas totalmente invisibilizadas y gratuitas para el capitalismo y el patriarcado
La situación de desprotección e indefensión que tenemos quienes trabajamos en este ámbito no es algo aislado, sino la consecuencia de múltiples cadenas de opresión a las que nos vemos sometidas las mujeres. Unas cadenas de opresión que siempre invisibilizaron y desvalorizaron las tareas domésticas y del cuidado, que siempre se relegaron a las mujeres.
A la vez, estas son tareas que no todas viviremos por igual, porque no todas podemos permitirnos contratar a alguien que realice el servicio doméstico en nuestros hogares. Así lo expresa Beatriz Gimeno en su libro “El debate sobre el trabajo doméstico” (2010): “El trabajo doméstico reproduce y perpetúa las relaciones sociales y económicas de desigualdad de género, pero también de clase. En mi opinión, uno de los mayores problemas de este trabajo en cuanto a la equidad es que no existe respuesta a la siguiente pregunta que plantea Nancy Fraser: “¿Quién limpia la casa de la limpiadora?” [ …] La asistenta no puede contratar servicio doméstico que le haga el trabajo de la casa mientras ella está fuera trabajando en el servicio doméstico, con lo que se condena a un grupo de mujeres, pobres, inmigrantes, de clase obrera, a la doble jornada mientras que las mujeres de clase media se libran de ella”
Se perpetúan así las desigualdades por las que la mayoría de las mujeres, las mujeres trabajadoras, siguen cargando con el peso de esa doble jornada laboral, ahora con una situación de mayor precariedad. Donde al fin y al cabo, somos nosotras quienes, de forma totalmente gratuita, en nuestros hogares y/o de una forma remunerada pero totalmente precaria en los hogares de otros, quienes suplimos la ausencia de unos servicios públicos dignos.
La actual crisis socioeconómica nos ha llevado a un grave desmantelamiento de los servicios públicos, recortes en la Sanidad, en la Educación, Servicios Sociales, en las prestaciones y ayudas económicas para las familias. Por ejemplo, con los recortes en los hospitales públicos al no haber sitio suficiente para alojar a los enfermos, estos se trasladan a los hogares. Y ante los precios exorbitantes de las residencias para gente mayor, los ancianos se ven obligados a volver a sus casas donde habitan las familias de sus hijos, las cuales también sufren las consecuencias del paro y la pobreza. A ello hay que sumarle la gran ausencia de guarderías públicas. Con todo se intensifican las tareas del hogar con el cuidado de los niños, personas mayores, o familiares enfermos.
Toda una serie de déficits en el ámbito público que, si antes ya existían, aumentaron en los últimos años. Déficits que se relegan en el ámbito privado de cada hogar, siendo en su mayoría las mujeres quienes se hacen cargo de ello. Porque nosotras seguimos siendo esa “gran fábrica invisible” de millones de mujeres trabajando de forma totalmente gratuita para el capitalismo.
La lucha de las empleadas del hogar y del cuidado, es una lucha de todas las mujeres trabajadoras contra esa alianza criminal entre el capitalismo y el patriarcado que nos somete a las mujeres a una mayor explotación, que es aún peor para las mujeres inmigrantes. Que nos somete a esas dobles y triples cadenas de opresión que no solo nos esclavizan en nuestros centros de trabajo, sino también en nuestros hogares.